En un escrito fechado este 1 de abril en Buenos Aires, el fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián imputaron a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi; junto a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.
Actualmente, Montesi preside el tribunal y Sánchez Torres es vicepresidente.
Los hechos analizados podrían encuadrar en presunto abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionarios público, falsedad ideológica y coacción. El juez Alejandro Sánchez Freytes deberá analizar la solicitud del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por lo pronto decretó secreto de sumario.
Inicialmente, quien presentó la denuncia fue la abogada y funcionaria de la Justicia Federal, Celina Laje Anaya. A partir de su declaración intervino el MPF. Por la jerarquía de los magistrados señalados, el procurador general designó a Turano para coadyuvar al fiscal cordobés Hairabedián.
Qué se investiga
Según la información a la que accedió Perfil CÓRDOBA, a mediados de 2023 habría existido una manipulación en la integración de las Salas A y B de la Cámara Federal, a raíz de las vacantes que hay en ambas.
Los fiscales sospechan que se habrían violado los reglamentos para integrarlas y así resolver dos expedientes vinculados a la cerealera Bunge, donde se encontraban imputados por evasión tributaria los CEO de la firma. Uno era el caso Padilla que recayó en la Sala A -expediente radicado en el Juzgado Federal de Río Cuarto- y el otro es “Humanes” en la Sala B, que se tramitó en Villa María.
Los vocales Sánchez Torres y Montesi habrían procurado beneficiar a la empresa, haciendo circular o cajoneando los expedientes mencionados entre el resto de las vocalías, a cargo de Eduardo Ávalos y Liliana Navarro. Lo que habrá que desentrañar es si el recorrido fue el legal.
Maltrato laboral
La denunciante, Laje Anaya, refirió su resistencia a órdenes impartidas por el vocal Sánchez Torres justamente sobre cómo se debía integrar la Sala. A partir de su negativa se habría producido una secuencia de malos tratos laborales como represalia que desembocaron en daños a su salud.
A ello se sumó la propuesta insistente en producir un enroque de cargos que afectó su categoría como secretaria, disminuyendo su salario e impactando en forma negativa en su futura jubilación. Según se intenta dilucidar, para que acepte el cambio se habrían desplegado maniobras persecutorias y hostigamientos que la conminaron a presentar una nota solicitando la modificación de categoría, contra su voluntad.
Las conductas, en este aspecto, fueron atribuidas únicamente al vocal Sánchez Torres.
Además, en los primeros pasos de la investigación, los fiscales detectaron incongruencias en la declaración como testigo del secretario Gustavo Flores por lo que solicitaron sea imputado por presunto falso testimonio.
