El jueves pasado ingresó a los tribunales federales de Córdoba una denuncia de Celina Laje Anaya, funcionaria de esa misma casa, con 37 años de antigüedad. Es contra el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, la vocal Graciela Montesi y el secretario de ese tribunal, Mario Olmedo. Laje, con el patrocinio del abogado Claudio Orosz, sostiene que habrían incurrido en abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso, incluyendo la solicitud de realizar un certificado falso.
La relevancia del caso está dada por el rango de los magistrados y el funcionario denunciado y porque la presentación incluye sospechas sobre la motivación de una directiva para integrar la Sala B de la Cámara en un caso penal económico donde se encontraba imputado el CEO de la cerealera Bunge, Plácido Enrique Humanes.
El viernes, el abogado Carlos Nayi, en representación de los funcionarios señalados, realizó una presentación espontánea en el Juzgado Federal N°2, de Alejandro Sánchez Freytes, pidiendo celeridad en la investigación para esclarecer una “denuncia absolutamente mendaz”, salvando el “honor y la honestidad” de los magistrados.
Todavía no está definido qué fiscal intervendrá. Por turno, le corresponde a Carlos Casas Nóblega. El juez todavía debe correrle vista. No sería extraño que pida ser apartado para investigar la causa.
Si eso ocurre, no sólo existe la posibilidad de que la causa recaiga en alguno de los dos fiscales que quedan en la jurisdicción local -Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian- sino que pueda ser convocado algún fiscal federal del interior provincial por directiva del fiscal general ante la Cámara, Alberto Lozada.
Qué contiene la denuncia
El escrito de 111 páginas enumera sucesos ocurridos a partir del 21 de diciembre de 2023. Según la denunciante, ese día el presidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres, le pidió que elaborara un certificado en la causa “Bunge, s/evasión tributaria agravada” para integrar la Sala B con la vocal Graciela Montesi, como jueza del tercer voto. Cabe aclarar que la Cámara Federal de Córdoba tiene dos vacantes, por lo que las dos salas deben completarse con jueces subrogantes.
El expediente había entrado al tribunal de Alzada en octubre. Según la Acordada 316/2023, el procedimiento implicaba que se debía incorporar al subrogante después de que la causa fuera analizada y votada por los jueces naturales, para el caso, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro.
Laje Anaya señala que hasta ese momento la vocal Navarro no había emitido el suyo. Por esa razón, se negó en tres oportunidades a cumplir la directiva y, ante esa situación, el propio Sánchez Torres dictó un decreto integrando la Sala B con Montesi.
A la postre, la decisión fue revocada en abril de 2024. Lo que se debía decidir era si se confirmaba o no la falta de mérito por evasión agravada a través de facturación apócrifa para el CEO de la cerealera Bunge, Plácido Humanes. En efecto, por mayoría el tribunal resolvió instar el procesamiento del empresario y elevar a juicio el expediente.
El episodio es narrado en la denuncia como el inicio de un derrotero de acciones de maltrato y hostigamiento hacia su persona y en su rol de funcionaria como secretaria de Cámara.
Además de la denuncia penal, la presentación también fue realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Acoso laboral y coacción
Laje Anaya detalla fechas y circunstancias de presuntos hostigamientos y malos tratos, que enmarca en violencia de género laboral, por parte de los tres denunciados. Los define como un "auténtico calvario" que impactaron en su salud física y psíquica. Pueden sintetizarse en presuntos cambios arbitrarios de funciones y cargas de tareas, una convocatoria a trabajar durante una licencia psiquiátrica, humillación pública y descalificación profesional, aislamiento y discriminación, manipulación, persecución a través del gremio y, por último, coacción y hostigamiento para aceptar la permuta de su cargo.
Hay dos aspectos que la denunciante destaca en su presentación. Por un lado, el vínculo de pareja entre Sánchez Torres y Montesi, aceptado socialmente. Y, por otro, tiende un manto de sospechas sobre la motivación que tuvo el presidente de la Cámara para integrar la sala con Montesi. La resolución del tribunal, con la Sala B integrada por Eduardo Ávalos, Liliana Navarro y Sánchez Torres determinó -por mayoría, con disidencia del último- la revocatoria de la falta de mérito, ordenó el procesamiento y la elevación a juicio del expediente.
Sobre la causa Bunge, luego de esa resolución, el expediente volvió a Villa María para continuar el trámite. Los montos evadidos fueron incluidos en un régimen de regularización de obligaciones tributarias y abonados en su totalidad. Extinguida la acción penal, tras el pago se dictó el sobreseimiento el 18 de septiembre del año pasado.
Laje Anaya tuvo licencia por carpeta médica psiquiátrica desde abril del año pasado hasta julio de este año, cuando fue convocada a retomar sus funciones.
A su regreso, según la denuncia, se produjo el último episodio que califica de destrato: una resolución basada en un acta firmada por ella misma que permitió el enroque de cargos con un secretario de Juzgado. A partir de esa decisión que adoptó la Cámara, con los votos de Sánchez Torres y Montesi, y la disidencia de Navarro, se produjo la permuta de cargos. De secretaria de Cámara pasó a tener un rango inferior: secretaria de Juzgado y quien tenía esa función fue ascendido al de Laje Anaya.
“Niego que haya sido un acto libre, y mal pudiera ser de una persona que se encuentra afectada psiquiátricamente por el mismo denunciado, en orden a la presión psicológica y a la imposibilidad de dirigir sus acciones dentro del ámbito laboral en presencia física del agresor sobre el cual pediré expresa orden de restricción”, subraya la presentación de la denunciante. Pidió al juez que dicte una orden de restricción de acercamiento y contacto con los magistrados y el funcionario mencionados en su denuncia.
Una denuncia “infundada, mendaz y descontextualizada”
Así definió la presentación de Laje Anaya el abogado Carlos Nayi, en representación de Sánchez Torres, Montesi y Olmedo. El viernes pasado, ingresó al Juzgado Federal 2 de Sánchez Freytes una presentación espontánea de los tres funcionarios, firmada por el letrado. Se pusieron a disposición del juez, negaron cualquier acusación sobre presunto maltrato o ilicitud en las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la magistratura y solicitaron que se determine a la mayor brevedad la “falsedad” de la denuncia.
Nayi sostuvo que los conceptos vertidos por la denunciante generan “un perjuicio al Poder Judicial de difícil reparación”.
Aclaró que las consideraciones que puede hacer se basan en lo que la propia denunciante hizo trascender.
Sobre la permuta de cargos, subrayó que “se produjo a pedido de Laje Anaya” y que todos los empleados de la Secretaría Penal de la Cámara presentaron nota donde mencionan su conformidad con el desempeño y gestión de los secretarios Olmedo y Juárez -que ascendió al lugar de la denunciante- en virtud del trabajo constante para construir un ambiente libre de violencia laboral y la eficacia en la tramitación de las causas, aspecto que contradice los conceptos de la funcionaria”.
Nayi cuestionó que Laje Anaya mencionara que el presidente de la Cámara le ordenó confeccionar un documento en forma ilegal. “Si fuera así, por qué no lo denunció cuando ese hecho dice que ocurrió”, afirmó a este medio.
Sobre las acusaciones de acoso y hostigamiento laboral, afirmó que son “hechos subjetivos, percepciones, interpretaciones, claramente inconsistentes, inconexos, sin respaldo objetivo ni documental”.
