El conflicto docente en Córdoba ingresó en una fase de alta tensión, con un paro anunciado por 72 horas para la semana que hoy comienza y negociaciones que asoman trabadas. Desde el Gobierno provincial reconocen que el escenario es complejo y que el margen de maniobra es limitado, tanto por las restricciones fiscales como por el contexto económico nacional.
En ese marco, admiten que la estrategia oficial apunta a esperar un gesto del gremio para retomar la negociación, aunque no descartan que la disputa se extienda: “Tenemos que estar preparados para un conflicto de largo aliento, de un mes y medio o dos meses”, deslizan. Y destacan que lo más lógico sería que los docentes levanten el paro, escuchar la nueva oferta de Provincia y retomar las negociaciones. Desde el gremio docente ya hicieron saber que no levantarán la medida sin conocer una propuesta.
La discusión salarial está atravesada por una doble dimensión. Por un lado, los números: “Si bien la oferta que nosotros realizamos es buena, incluso por encima de la inflación, somos conscientes que la gente está enojada porque no llega a fin de mes”.
En concreto, la oferta de la Provincia incluyó un reajuste promedio del 10,3% en los dos primeros meses, un diferencial positivo cercano al 5,3% por encima de la inflación proyectada y reajustes mensuales desde abril atados al IPC, remunerativos, bonificables y acumulativos. Además, se retiró la cláusula que condicionaba los aumentos a la evolución de la recaudación provincial, el punto que había detonado los dos rechazos anteriores.
Por otro lado, el componente político también incide, y mucho, en la dinámica del conflicto. Los números que manejan en el Panal sobre el nivel de acatamiento a las medidas de fuerza influyen. De hecho, el último paro tuvo una adhesión superior al 50%, lo que confirma que el malestar puertas adentro del gremio no es marginal.
La paritaria como testigo
Para el Gobierno, la negociación con los docentes tiene un peso adicional: funciona como referencia para el resto de los gremios estatales. Cualquier acuerdo que supere ciertos límites puede trasladar presión inmediata sobre otras áreas de la administración pública, amplificando el impacto fiscal. En ese marco, Llaryora ya anticipó medidas de ajuste interno, como la postergación de obras públicas para redireccionar recursos hacia la política salarial.
A eso hay que sumarle que las demandas actuales del gremio incluyen aumentos más elevados, revisión de descuentos por días de paro y modificaciones en aspectos previsionales. Desde el Ejecutivo, por ahora, no hay señales de que exista margen para responder a ese pliego sin comprometer el equilibrio fiscal.
En este contexto, la conciliación obligatoria aparece como una herramienta posible, aunque dentro del oficialismo conviven posiciones divergentes sobre su utilización. Mientras algunos sectores impulsan sostener el conflicto para desgastar la protesta, otros advierten que el clima social no permite una confrontación prolongada.
La experiencia reciente tampoco aporta señales de resolución rápida. En Córdoba, las paritarias docentes suelen extenderse más allá de marzo y, en muchos casos, terminan cerrándose tras semanas de tensión acumulada. La diferencia, en esta oportunidad, es el contexto político: el calendario electoral y la situación económica condicionan cada decisión. El conflicto, por ahora, permanece abierto. Y el Gobierno enfrenta un escenario donde las variables fiscales, sindicales y políticas se cruzan en un punto común: la dificultad para encontrar una salida que satisfaga a todas las partes sin generar nuevos costos.
Nación: críticas al modelo y alerta fiscal
Más allá del conflicto docente, en el Gobierno de Córdoba apuntan directamente al impacto del modelo económico nacional: hablan de una economía que “no arranca” y que genera un deterioro sostenido en ingresos y actividad. En ese marco, consideran que los problemas políticos —incluidos los escándalos o tensiones internas— son secundarios frente a la situación económica: “El problema serio es la economía”, sintetizan.
El diagnóstico se vuelve más preocupante cuando se analiza el frente fiscal. Según describen, la caída de la recaudación y la política de ajuste nacional están generando una asfixia sobre provincias y municipios, que ya empiezan a mostrar señales de estrés financiero. “Hay provincias pidiendo adelantos de coparticipación para pagar sueldos”, advierten, y proyectan un escenario aún más delicado: si la recaudación no se recupera, esos mecanismos perderán efectividad en pocos meses.
Incluso mencionan la posibilidad de un regreso de herramientas de emergencia: “Hay municipios que ya están pagando con tickets de alimentos”, señalan, en una referencia directa a prácticas que remiten a otras crisis económicas del país.
