Esta semana el caso YPF volvió al centro de la escena con un dato clave: la Argentina logró, al menos por ahora, apartarse del peor escenario judicial posible. Así lo planteó el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde analizó el impacto del reciente fallo y los caminos que aún quedan abiertos. Durante la administración macrista el exfuncionario tuvo un rol clave a la hora del diseño de la estrategia de negociación.
Saravia Frías fue escuchado por empresarios y referentes del ámbito económico para los que sintetizó el momento actual con una imagen contundente: el país logró sacarse “una espada de Damocles” que amenazaba con una condena superior a los US$16.100 millones, más intereses.
Como se sabe, ese riesgo no era abstracto. El letrado, miembro del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa, recordó que existía incluso una orden judicial que podía obligar a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado. “Era una posibilidad concreta”, remarcó, al tiempo que advirtió que el impacto no solo era fiscal —equivalente a cerca del 3% del PBI— sino también reputacional, afectando la capacidad de financiamiento soberano y corporativo en los mercados internacionales.
El alivio actual, sin embargo, no implica un cierre definitivo. Más bien, abre una nueva etapa marcada por la incertidumbre. “No dice el fallo nada respecto a la responsabilidad”, subrayó Saravia Frías, en referencia a las decisiones políticas y técnicas que derivaron en el conflicto judicial.
Un giro clave en la Justicia estadounidense. El eje del análisis del ex funcionario se centró en el cambio de criterio adoptado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revisó el fallo de primera instancia —adverso para la Argentina— y lo reencauzó a partir de una interpretación distinta del marco jurídico.
En términos técnicos, explicó que el tribunal tomó dos argumentos centrales planteados por la defensa argentina años atrás. El primero, de derecho privado, sostiene que el estatuto de YPF no habilitaba a un accionista a demandar directamente a otro en esas condiciones, sin antes agotar mecanismos societarios internos. El segundo, de derecho público, remite al origen del conflicto: la expropiación.
“Como el origen es la expropiación, todo esto está imbuido de derecho público”, sintetizó. Bajo ese criterio, cualquier reclamo debía canalizarse a través del régimen específico de la ley de expropiaciones, lo que en los hechos deslegitima la vía utilizada por los demandantes.
Este cambio de enfoque implicó un “giro copernicano” en el proceso, según lo definió Saravia Frías. También reflejó una tensión más profunda entre dos tradiciones jurídicas: el common law anglosajón, centrado en el cumplimiento estricto de contratos, y el derecho continental europeo, donde el accionar del Estado tiene primacía en determinadas circunstancias.
El valor estratégico del caso. Más allá de la disputa legal, el ex procurador puso el foco en el contexto global. En particular, vinculó el desenlace del caso con el potencial energético de la Argentina, especialmente a partir de Vaca Muerta y las oportunidades de exportación de gas natural licuado (GNL).
En ese marco, advirtió que un fallo adverso no solo habría implicado un golpe fiscal, sino también un obstáculo para el desarrollo de proyectos estratégicos. “Estamos hablando del prestigio del país”, enfatizó, al señalar que la litigiosidad internacional puede condicionar inversiones y acuerdos de largo plazo. El mensaje hacia el empresariado fue claro: la resolución parcial del conflicto abre una ventana de oportunidad, pero también exige previsibilidad y consistencia en las políticas públicas.
Cinco escenarios posibles. En su planteo Saravia Frías delineó cinco posibles caminos que podrían seguir los demandantes —principalmente el fondo Burford— tras el fallo de la Cámara.
El primero es la solicitud de revisión “en banc”, es decir, ante la totalidad de los jueces del tribunal. Se trata de una alternativa poco probable, tanto por su complejidad como por la baja tasa de aceptación.
El segundo es recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un writ of certiorari. Aquí también las probabilidades son reducidas: menos del 1% de los casos son admitidos anualmente. No obstante, el expositor señaló que existe un elemento que podría captar la atención del máximo tribunal: el conflicto conceptual entre sistemas jurídicos y el rol del Estado en contratos internacionales.
El tercer camino es el arbitraje internacional, vinculado a la estructura societaria utilizada por los demandantes. En este punto, Saravia Frías cuestionó la génesis de la participación accionaria que dio origen al litigio, al describirla como una operación “muy rara”, basada en una empresa sin historial crediticio que accedió a financiamiento significativo.
El cuarto escenario es la continuidad del litigio en tribunales argentinos, mientras que el quinto contempla eventuales reclamos contra terceros, como la petrolera española Repsol, que recibió compensaciones tras la expropiación. “Cinco vías disponibles”, resumió, dejando en claro que el conflicto dista de estar cerrado.
Responsabilidades pendientes. Uno de los puntos más críticos de la exposición fue la referencia a las responsabilidades internas que, según Saravia Frías, aún no han sido esclarecidas. En particular, cuestionó tanto la forma en que se llevó adelante la expropiación como los antecedentes que la hicieron posible.
Recordó, por ejemplo, que el proceso comenzó con una “ocupación temporal” de la empresa, una figura jurídica excepcional que, a su entender, fue utilizada de manera impropia. También aludió a declaraciones de funcionarios que, en su momento, desestimaron la necesidad de cumplir con el estatuto societario, lo que luego fue utilizado en contra del país en sede judicial.
Asimismo, puso bajo la lupa la adquisición previa de acciones por parte de un grupo empresario local (el Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi), financiada con créditos que se pagaban con dividendos de la propia YPF. “Es la forma más linda de comprar algo: comprarlo gratis”, ironizó, al tiempo que señaló que esa dinámica contribuyó a la pérdida de valor de la compañía y al posterior déficit energético.
En este sentido, sostuvo que existe una causa judicial en la Argentina que permanece inactiva desde hace años y que debería avanzar para determinar responsabilidades.
Una señal de política de Estado. Pese a las críticas, Saravia Frías destacó un aspecto positivo: la continuidad en la estrategia de defensa del Estado argentino a lo largo de distintos gobiernos. “Se mantuvieron los argumentos, no se abandonaron, no se contradijeron”, valoró.
Esa consistencia, sostuvo, fue clave para que la Cámara tomara en cuenta planteos realizados años atrás. En su visión, se trata de un ejemplo de política de Estado que debería replicarse en otros ámbitos. De cara al futuro, el desafío será sostener esa coherencia en un escenario todavía incierto. El caso YPF, lejos de haber terminado, sigue siendo una pieza central en la relación de la Argentina con los mercados internacionales, la seguridad jurídica y el desarrollo de su sector energético.
El alivio es real, pero también lo es la advertencia: el juicio entró en una nueva fase, donde las decisiones que se tomen —tanto en tribunales como en la política local— serán determinantes para evitar que la “espada de Damocles” vuelva a pender sobre la economía argentina.
