El Gobierno tuvo que recalcular su estrategia en Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares. Luego de que la oposición reclamara abrir el debate técnico y advirtiera sobre posibles cuestionamientos judiciales, el oficialismo aceptó convocar a una audiencia pública federal antes de avanzar con el dictamen del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y estaba con muy justo apoyo en Diputados.
La decisión se formalizó este miércoles durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. Allí se resolvió que la audiencia pública se realizará en dos jornadas: el 25 de marzo de manera presencial en Diputados y el 26 de marzo de forma remota, con participación federal de especialistas, organizaciones y ciudadanos.
De esta manera, el oficialismo dejó atrás el plan inicial que buscaba aprobar la iniciativa en un trámite rápido y llevarla al recinto en cuestión de días. Ahora el cronograma prevé que el dictamen se emita después de Semana Santa, entre el 7 y el 8 de abril, y que la discusión en el recinto se concrete durante ese mes.
Si bien en el oficialismo confiaron en que tienen los votos para aprobar la ley, en la oposición ya ven como una "victoria" que haya una audiencia pública, en la que intentarán visibilizar la cuestión y lograr el rechazo de la ley. De ser así, en el oficialismo tampoco descartan introducir algunas modificaciones que impliquen que se tenga que devolver la reforma al Senado.
Cómo será la audiencia pública por la Ley de Glaciares
La convocatoria a la audiencia pública fue uno de los principales reclamos de sectores opositores como la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Unión por la Patria. El pedido fue impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú para exigir un proceso de participación pública antes de avanzar con el dictamen.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, terminó avalando la propuesta y confirmó que la audiencia será “pública, abierta, inclusiva y federal”. Según se acordó en el plenario, las exposiciones tendrán una duración aproximada de cinco minutos y el evento será transmitido en vivo por los canales de la Cámara de Diputados.
Además, se habilitará la presentación de informes por escrito y el registro permanecerá abierto hasta 24 horas antes del inicio de la audiencia.
El debate entre la minería y el agua
Durante el debate en comisión hubo momentos de fuerte tensión política. Desde la oposición cuestionaron el impacto ambiental que podría tener la reforma impulsada por el Ejecutivo.
El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés planteó que la discusión debe centrarse en el acceso al agua dulce y en el rol de los glaciares como reservas estratégicas.
“Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los periglaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, afirmó. El legislador también cuestionó el argumento utilizado por algunos defensores de la reforma en el Senado.
“Cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122”, señaló.
En esa línea, vinculó el proyecto con el interés de empresas internacionales en el desarrollo de la minería de minerales críticos. “Las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan la modificación de la ley de Glaciares”, sostuvo.
Y agregó una referencia al evento Argentina Week organizado en Nueva York para promover inversiones en minería: “La embajada argentina en Estados Unidos organiza una ronda de negocios llamada Argentina Week donde uno de los títulos es ‘Desbloqueando la frontera minera de Argentina’. Eso va a pasar antes de que nosotros hagamos audiencias públicas y escuchemos a la comunidad”.
La reforma clave para el RIGI
La modificación de la ley de Glaciares se convirtió en una pieza central de la estrategia del Gobierno para potenciar proyectos mineros vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto aprobado por el Senado redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y delega en las provincias la utilización de los recursos naturales en esas zonas. También establece que, sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada área en el Inventario Nacional de Glaciares.
Si una zona analizada no cumple funciones hídricas, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) podrá retirarla del inventario. Para las organizaciones ambientalistas, ese punto podría habilitar la exploración minera e hidrocarburífera en áreas que hoy están protegidas.
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe ese tipo de actividades en glaciares y ambientes periglaciares al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce.
JD / EM
