En un país que venía a los tumbos, alternando violencia, golpes militares e inflación crónica, Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia recuperada, eligió como uno de sus emblemas una frase recordada más por errónea que por lúcida: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. No sabemos con precisión por qué decidió emplearla, aunque se pueden hacer un par de conjeturas. La primera es la necesidad de sacarle votos al peronismo, disputándoselos en el plano material, donde este se había desempeñado mejor. La segunda es que Alfonsín, aun teniendo diferencias políticas y estilísticas con el peronismo, compartía con él una premisa: los gobiernos deben redistribuir la riqueza, utilizando como herramienta principal el Estado. Perteneciendo al partido definido por la defensa de los derechos cívicos, no proclamó sin embargo “con la democracia se es libre”, que era un programa al alcance de su mano. Decidió meterse en aprietos: vinculó la democracia con la demanda económica, una pareja que mantendría un matrimonio desavenido en los siguientes cuarenta años.
Las evidencias de ese desencuentro no tardaron en llegar. El esplendor de la democracia, y con este el de la imagen presidencial, duró muy poco. A principios de 1985 Alfonsín enfrentó el problema que estropearía su carrera política: ante la evidencia de un gasto público descontrolado, alta inflación y el asedio del FMI, anunció una “economía de guerra”, que era el prólogo de un plan de estabilización. Debió renunciar a sus valores, aunque mientras tanto hablara con Fidel Castro con el propósito de denunciar las deudas externas de los países latinoamericanos, según testimonia Juan Carlos Torre. El plan Austral, como se lo denominó, procuraba cortar de raíz las expectativas inflacionarias, congelando precios y salarios y creando una nueva moneda. El programa aludió por primera vez en democracia a medias contundentes: acabar con el déficit fiscal mediante un shock, bajar drásticamente el gasto, aumentar las tarifas de los servicios públicos y ejecutar una reforma tributaria. Aunque el programa era heterodoxo se haría con herramientas ortodoxas.
En la narración del oficialismo, que adelantaba la que usarían Menem y Macri, se planteaba una secuencia implícita e ineludible: el padecimiento estaría antes de la liberación porque para alcanzarla debían tomarse decisiones dolorosas. Era la odisea cristiana empleada, paradójicamente, por la ciencia económica: primero la cruz, después la resurrección. Menem, que prometió el “salariazo” y encubrió el ajuste –“si lo decía no me votaban”, confesó-, en cuanto ganó practicó la célebre cirugía mayor sin anestesia. Ante una hiperinflación, que ponía en riesgo el sistema, su ministro de Economía, palabras más, palabras menos, volvió a la receta realista de Alfonsín, aunque sin escrúpulos morales y con mayor prevalencia del mercado: equiparación del peso con el dólar, corrección del déficit fiscal, privatización de las empresas públicas, adecuación de los precios relativos y apertura de la economía. El resultado impensado fue que ambos planes de estabilización –el Austral y la Convertibilidad- tuvieron un inmediato rédito electoral: a Alfonsín le permitió ganar las elecciones de medio término de 1985 y a Menem nada menos que las de 1991 y 1993, más la reelección presidencial. Así, la política descubrió que el índice de inflación decidía la suerte de los gobiernos.
El capítulo siguiente de esta historia es que los planes de estabilización tuvieron rendimientos decrecientes. El Austral duró lo que un lirio y terminó en un desastre, sellando la suerte de Alfonsín, mientras la Convertibilidad extendió su racha hasta la reelección del presidente para empezar a caer a partir de allí, víctima de la recesión, la laxitud en el control del gasto y las crisis internacionales. La desavenencia de política y economía llevo a la disidencia entre los ministros de Economía y los presidentes, que solo Alfonsín y Sourrouille saldaron en forma amistosa ante la adversidad. Los economistas instaban a los presidentes a mantener el rigor, estos se resistían seducidos por el éxito electoral, que creían que los conduciría a la hegemonía política, el sueño de los líderes. Por eso Menem despidió a Cavallo y Kirchner a Lavagna. La experiencia kirchnerista tiene parecidos y diferencias con lo anterior. El programa de estabilización lo hizo Remes Lenicov, ministro de Economía del breve gobierno de Duhalde, despejándole el camino a Kirchner, que empezó con rigor macroeconómico en una economía que había tocado fondo y no tenía otra opción que crecer. Los dólares de la soja hicieron el resto.
La derrota del kirchnerismo en 2009 provocó un giro hacia el populismo económico: Kirchner dijo que habían perdido por no profundizar el modelo. A esto le siguió el abandono de la disciplina fiscal, que sin embargo no impidió un crecimiento significativo del PBI en 2010, a la salida de la recesión mundial. Con eso, más el carisma de la viudez, su esposa logró la reelección en 2011 con un porcentaje extraordinario de votos. La inconsistencia macroeconómica, que en parte había posibilitado ese éxito, condujo al cepo pocos días después del triunfo y a una devaluación en el verano de 2014, de la que Cristina nunca se recuperaría. La inflación crecía mes a mes, la actividad se estancaba, aumentaba la pobreza. El gobierno, acaso recordando la experiencia de Alfonsín, consideró que no debía implementar un plan de estabilización. El ajuste se lo dejó al mercado.
Los economistas y los politólogos se devanaron los sesos para explicar esta historia. Se habló de “empate hegemónico”, se discutió si las razones de la inflación son estructurales o monetarias. Se postuló que había un valor del tipo de cambió de equilibrio social y otro de equilibrio macroeconómico. El fondo de esta polémica lo había planteado Max Weber a principios del siglo pasado, cuando escribió acerca de la imposibilidad de conciliar el cálculo formal del capitalismo con las demandas sociales. Su respuesta fue que podían aproximarse mediante una política de ingresos. Si eso es cierto, la democracia argentina no quiso, no supo o no pudo implementarla. Tal vez la falta de consenso político fue una de las razones.
Ahora se asiste a un nuevo intento de restablecer una supuesta racionalidad económica mediante un duro ajuste, más atrevido aún que los anteriores. Existe un dato nuevo a favor del gobierno: la oposición nunca estuvo tan mal y fracciones importantes de la sociedad descubrieron la trampa de la inflación y no están dispuestas a votar a los que la fomentaron. Y existe un dato viejo, en contra: para bajar los precios se sube la tasa de interés, se retrasa el dólar, se enfría la actividad, se abren sin discriminación las importaciones. Con distinta fecha de vencimiento, esta estrategia fracasó en el pasado. Como hemos escrito, la polémica gira ahora en torno a si esta vez será distinto o, cumpliendo la doctrina del eterno retorno, se repetirá la historia.
