El Gobierno apuesta todo al Senado para blindar los nuevos poderes de la SIDE

La Libertad Avanza (LLA) empezó a armar su estrategia para que el decreto que cambia a la inteligencia nacional (SIDE) no se caiga. El plan es simple: solo necesitan que una de las dos cámaras del Congreso (Senado o Diputados) les dé el visto bueno. Según la ley, si una cámara lo aprueba, el decreto queda ratificado para siempre. Por eso, el oficialismo se apuró en buscar aliados antes de que la oposición logre juntarse para rechazarlo en ambos lados.

El decreto 941/2025 entró formalmente al Senado el jueves por la noche. Ahora va a contrarreloj: si una comisión especial no lo analiza antes del 29 de enero, cualquier cámara puede pedir que se vote directamente en el recinto. El Gobierno no tiene apuro en armar esa comisión; prefieren que la pelea se dé directamente en la mesa de votación, donde creen que tienen mejores chances de ganar.

Lo que se discute es un cambio muy fuerte en la SIDE. La reforma le da más poder a los espías y, lo más polémico, les permite detener a personas sin que un juez lo ordene. Mientras el Gobierno dice que esto es clave para la seguridad del país, muchos opositores advierten que es peligroso para los derechos de los ciudadanos. Por ahora, el oficialismo siente que el clima en el Senado es mejor que en Diputados para pasar esta medida.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista en el Senado, ya empezó a llamar a los legisladores del PRO y la UCR. Buscó repetir la misma alianza que les funcionó para aprobar el Presupuesto hace poco. En el Senado, el oficialismo tiene 21 votos propios y espera sumar a los 3 del PRO, a la mayoría de los radicales y algunos senadores que responden a los gobernadores. Con eso, estarían muy cerca de ganar.

En la otra vereda, en la Cámara de Diputados, la situación es más difícil para el Gobierno. Ahí, el peronismo, la izquierda y otros bloques opositores ya juntaron a 121 diputados que quieren anular el decreto. Les faltan solo ocho personas para tener el número necesario para arrancar la sesión y votar en contra. El Gobierno sabe que ahí la pelea está muy pareja y que cualquier error puede terminar en una derrota.

El resto de los bloques, que no son ni del Gobierno ni del peronismo, todavía no definieron qué van a hacer. El PRO, por ejemplo, dijo que prefiere estudiar el tema con cuidado antes de decidir. Otros legisladores del interior del país también mantienen el silencio. El oficialismo intentará convencer a este grupo de que, al menos, no bajen al recinto a dar quórum cuando la oposición quiera anular el decreto.

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La pelea por la comisión y los tiempos

El oficialismo no tiene planes de armar la comisión que debe revisar los decretos hasta marzo. Esta es una jugada política para que la decisión pase sí o sí al recinto, donde se vota por "sí" o por "no" sin tanto análisis previo. Este año, al Senado le toca presidir ese grupo de trabajo, pero la demora en nombrar a los 16 miembros hace que el decreto siga vigente mientras los políticos negocian en los pasillos.

En el Senado, el peronismo tiene 28 votos asegurados para votar en contra, pero eso no les alcanza. Necesitan convencer a senadores de Córdoba, Santa Cruz o a los radicales que todavía dudan. Si el peronismo no logra sumar esos apoyos, el Gobierno se saldrá con la suya y el decreto quedará firme solo con el voto del Senado, sin importar lo que pase después en la otra cámara.

El bloque del PRO está analizando los detalles técnicos de la ley. No quieren votar sin saber cómo se van a usar esos nuevos poderes para detener gente. Otros bloques chicos, como los de Tucumán o Catamarca, también son clave. El Gobierno confía en que podrá convencer a muchos de ellos para que falten a la sesión, lo que ayudaría a que el decreto de la SIDE se mantenga en pie.

TC/DCQ