En los primeros días de enero se conoció el anuncio y la promulgación de un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica el sistema de inteligencia en la Argentina. Aquella medida tiene una antesala clara: el cambio dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que representa el segundo movimiento de Javier Milei en un gobierno.
Se trata del presidente que más cambios de jefe de inteligencia realizó desde el retorno de la democracia, incluido el cambio de nombre del organismo. Además de la persona al frente, el organismo pasó de AFI a SIDE y tuvo tres jefes de inteligencia en apenas dos años: primero Silvestre Sívori, luego Sergio Neiffert y actualmente Cristian Auguadra.
Al asumir, Auguadra lanzó la Política de Inteligencia Nacional, un documento publicado a principios de diciembre que establece los lineamientos políticos de la SIDE para esta nueva etapa del sistema de inteligencia argentino.
En ese escenario se inscribe el decreto, que plantea la necesidad de mayor interacción con organismos del Estado, un cruce más fluido de información, una mejora en la capacidad de respuesta del organismo y un esquema de coordinación institucional permanente. Al mismo tiempo, sostiene que la SIDE debe actuar de manera inmediata en situaciones, especialmente en la lucha contra el terrorismo, con el objetivo de ampliar su poder de reacción en investigaciones.
Simultáneamente, uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de la figura de la aprehensión, que habilita a la SIDE a detener a una persona en situación de flagrancia. Históricamente, el organismo tuvo prohibido realizar detenciones. Su función se limitaba a generar y producir información para análisis de inteligencia, con participación en operativos a cargo de fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura.
A su vez, modifica ese esquema y habilita a detener, un punto que generó cuestionamientos y motivó una denuncia de la oposición. El planteo sostiene que el DNU introduce cambios en el sistema penal y procesal penal, ya que el Código Penal establece que solo las fuerzas de seguridad pueden realizar detenciones. Según ese argumento, una modificación de ese alcance debería ser tratada por ley y no por decreto, cuestión que ahora se encuentra bajo revisión judicial.
Cómo se redefine la reorganización del sistema de inteligencia
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) deja de trabajar de manera aislada y reactiva: hasta ahora, ante una situación concreta, solicitaba información a otros organismos del Estado, muchas veces a través de la Justicia. Así, el nuevo DNU crea dos estructuras, la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional.
A un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional está integrada por las agencias de inteligencia del gobierno. Entre ellas se encuentra la Agencia de Contrainteligencia Nacional, encargada de investigar cuestiones vinculadas a seguridad interior, protestas sociales, conflictos sociales, seguridad nacional y espionaje extranjero. También forman parte Asuntos Internos, que articula con embajadas y servicios de inteligencia extranjeros como la CIA o el Mossad, y el área de Ciberinteligencia, que reemplaza a la anterior Ciberseguridad, ahora bajo la Jefatura de Gabinete.
De hecho, a este esquema se suman los departamentos de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, el Servicio Penitenciario y la UIF. Todos estos organismos deben proveer información de manera proactiva, lo que concentra los flujos informativos en una comunidad que alimenta a la SIDE.
Paralelamente, la Comunidad Informativa Nacional amplía aún más ese alcance al incorporar organismos civiles como ARCA, la Dirección General de Aduanas, Migraciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, el RENAPER, la CONAE, el RENAR y la CNEA. El decreto también habilita convenios con provincias para sumar a policías provinciales.
La reorganización fortalece el sistema de inteligencia en una magnitud sin precedentes en la historia argentina por el nivel de concentración de información, en línea con tendencias internacionales. El modelo guarda similitudes con el servicio de inteligencia inglés, mientras que en Estados Unidos el sistema está más compartimentado. Allí, la CIA puede realizar detenciones solo con fuerzas locales y fuera de su territorio, bajo controles parlamentarios más estrictos.
Además, en la Argentina, el control se limita a la Comisión Bicameral de Inteligencia y solo alcanza a la SIDE.
Antecedentes históricos
Existen puntos de contacto entre la reciente operación estadounidense en Venezuela, donde la inteligencia norteamericana fue clave en la aprehensión de Nicolás Maduro, y antecedentes vinculados a la Argentina. Se trata de episodios de extracciones realizadas en el exterior, menos espectaculares, pero comparables en su lógica operativa.
Sin dudas, uno de los casos más relevantes remite a la década del 90 y tiene como protagonista a José Manuel Pico, presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad. Antes de la reforma constitucional de 1996, enfrentó una causa por estafa que afectó a cientos de personas, con estimaciones que oscilaron entre 300 y más de 500 damnificados.
Acto seguido al avance de la investigación judicial, Pico se fugó a Brasil. En ese momento no existía un tratado de extradición entre ambos países, lo que facilitó su escape por la frontera de Clorinda y su posterior instalación en Porto Alegre. El caso se convirtió en un problema político y judicial para la Argentina, no solo por la falta de mecanismos legales para su regreso, sino también por las sospechas de connivencia policial y de sectores de inteligencia.
También, se denunció la participación de Raúl Guglielminetti, vinculado a la llamada “banda de los comisarios” y a estructuras de inteligencia del Ejército, quien habría colaborado con documentación falsa para permitir la fuga.
El expediente escaló cuando el entonces presidente Carlos Menem solicitó la intervención de la SIDE. Al momento, el caso estaba en manos de la Policía Federal. Al frente del organismo de inteligencia se encontraba Antonio Stiuso, en una etapa en la que su rol era marcadamente operativo. Pico fue localizado en Porto Alegre.
Seguido a eso, el organismo montó un operativo clandestino en territorio brasileño: ingresó sin autorización, lo capturó y lo trasladó de regreso a la Argentina en un avión. La operación, similar en su lógica a otras extracciones internacionales, derivó en un conflicto diplomático con el entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
Aquella oposición brasileña, encabezada por el Partido de los Trabajadores, cuestionó duramente al gobierno por la presencia de agentes argentinos actuando sin conocimiento de las autoridades locales. Cuando Pico compareció ante la Justicia argentina, su apariencia había cambiado: cabello teñido y bigote, en un intento por ocultar su identidad.
A 150 años del Tratado Machaín-Irigoyen, que fijó la frontera entre Argentina y Paraguay
La operación fue considerada exitosa desde el punto de vista operativo, pero implicó una violación de la soberanía de otro país. Aunque se trató de un ciudadano argentino y no de un jefe de Estado, el episodio dejó un antecedente claro: la Argentina ya había llevado adelante una acción de inteligencia en el exterior que incluyó el secuestro de una persona.
