Mientras el Gobierno espera el fallo del Tribunal del Mar sobre su pedido para frenar la extracción petrolera en Malvinas , el carguero chileno Danstar llega este fin de semana a Punta Arenas para alistar el primer viaje de la nueva ruta logística que conectará la capital de la región de Magallanes con las islas. El hecho tensó en los últimos meses la relación entre Buenos Aires y Santiago, que discuten si el buque debe pedir permiso para navegar por aguas argentinas.
El proyecto, impulsado por la naviera chilena Easter Island y la agencia de desarrollo de la administración británica de las islas (FIDC), prevé zarpar el 17 de diciembre para establecer un servicio marítimo regular que abastezca al archipiélago, pese a la queja de las autoridades argentinas.
La iniciativa avanza en medio de la preocupación del Gobierno de que el nuevo corredor, interrumpido desde 2011, termine abasteciendo a Sea Lion, el megaproyecto petrolero que la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum buscan poner en marcha a comienzos de 2027 con aval de Londres. Ocurre en medio de la expectativa por el resultado de la demanda de Argentina contra el Reino Unido, donde buscó que el tribunal con sede en Hamburgo emita medidas provisionales para frenar Sea Lion, una decisión que se conocerá el 28 de noviembre.
Pero también en un nuevo capítulo de tensión con Chile, a pesar de la buena relación que mantienen sus gobiernos a nivel ideológico. El lunes 9, el canciller Pablo Quirno explicó que “existe un marco de libre circulación”, pero que la normativa argentina exige autorización a los buques que llevan carga hacia y desde las islas. “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales”, sostuvo, y agregó que espera “que la compañía pida la autorización correspondiente”.
En paralelo, su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, negó que Chile vaya a pedir autorización para pasar por aguas argentinas. “Los países no piden permiso”, respondió, y agregó en diálogo con medios locales que “Chile cree en el derecho para la libre navegación, esa está garantizada”.
El dilema de Chile: respaldo diplomático y negocios privados
La ruta había resurgido en septiembre, cuando la FIDC llevó a Punta Arenas a unos 40 empresarios y funcionarios de las islas para cerrar acuerdos de abastecimiento con proveedores locales. “Vamos a hacer como el gran supermercado de las Islas y sus habitantes”, había dicho entonces el alcalde Claudio Radonich, impulsor de la iniciativa, quien ahora estima en 20 millones de dólares anuales el piso que espera captar la ciudad.
Sin embargo, el punto más sensible aparece en La Moneda, dado que la postura chilena respalda la reivindicación argentina sobre la soberanía de las islas, pero se desmarca del accionar de los empresarios de la región de Magallanes. Según supo PERFIL, en el entorno del gobierno chileno admiten el malestar que genera la ruta en medio de la caída de la popularidad de José Antonio Kast, aunque repiten que “es un tema estrictamente entre privados”.
En tanto, PERFIL intentó comunicarse con el gerente comercial de la naviera, Luis Cisternas, para conocer cómo funcionará la ruta, qué tipo de carga está previsto transportar y si la empresa tiene acuerdos con operadores vinculados a la industria petrolera y pesquera, pero no obtuvo respuesta.
Qué dice el derecho internacional
Desde 2010, el decreto 256 exige autorización previa a los buques que van a las islas por aguas argentinas, mientras que Chile invoca el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantiza la navegación “en forma expedita y sin obstáculos” hacia y desde el Estrecho de Magallanes, aunque el Danstar, al salir del estrecho, deberá cruzar las 12 millas bajo jurisdicción argentina.
Para Juan Rial, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, la discusión gira en torno al paso inocente, que definió como “una especie de servidumbre real que se ejerce dentro del mar territorial hasta la milla 12”. “Sería muy complejo involucrarlo con la seguridad del Estado ribereño si en principio es de naturaleza comercial”, dijo Rial en diálogo con PERFIL. En esa línea, planteó que “la única forma de impedir el paso inocente es suspenderlo de manera oficial y provisoria, sin discriminación alguna”, por lo que la Argentina “debería cerrar la navegación a todos los buques y no a este en particular”.
Además, el especialista apuntó a la posición chilena. “Que los privados chilenos comercien con el Reino Unido no implica el reconocimiento de la soberanía británica sobre Malvinas, lo que sí implica es que Chile sostiene una posición en términos diplomáticos que no se condice con lo que, en términos fácticos, les permite hacer a sus privados. Ahí se ve una inconsistencia”, explicó.
Mientras tanto, la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto para que el tránsito de buques hacia Malvinas vinculados a la pesca y los hidrocarburos no se considere paso inocente, aunque Radonich ya aseguró que el viaje sale en diciembre “sí o sí”.