La UCR y López Murphy impulsan juicio político

Las reacciones por parte de la oposición ante la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo sobre la coparticipación de la Corte no se hicieron esperar y ya hay dos pedidos de juicio político que se van a plasmar en la Cámara de Diputados.

Uno será motorizado por Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, un aliado de Juntos por el Cambio, y el otro por la UCR.

El economista sostuvo, en su cuenta de Twitter, que “el Presidente se quiere llevar puesta la República. Ya no hay espacio para dudas: presentaré un pedido de juicio político contra @alferdez y espero que todos los diputados de la oposición me acompañen. No nos rendiremos ante un gobierno golpista”. Horas después, indicó ante Radio con Vos que una actitud como la del líder del Poder Ejecutivo no se vio ni bajo la dictadura cívico-militar.

En esta situación, según el legislador, “se va la vida de la República”. “Que un presidente desatienda un fallo de la Corte... No lo hicieron ni los militares, quiero llamar a la reflexión y evitar un desastre”, agregó. Por el lado del radicalismo, el pedido de juicio político contra Fernández se basará en el incumplimiento de deberes de funcionario público, un proyecto que se dará a conocer entre el lunes y el martes bajo la firma de Mario Negri y Karina Banfi, dos de los legisladores de la fuerza centenaria.

Paralelamente, fuentes del partido anticiparon que puede ver la luz una iniciativa destinada a remover al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“Creo que tendríamos que tomar conciencia, no solo la política, sino organizaciones civiles, colegios profesionales y todos los que creamos en la democracia y en la ley que todos vamos a un camino de desobediencia”, planteó Negri en diálogo con Cadena 3, medio en el cual confirmó las intenciones de la UCR.

Mientras que el PRO apuesta a dar un paso más y elaborar una propuesta integral que contemple no solo el juicio político contra el referente del Frente de Todos, sino también la dimisión del ministro coordinador y la conformación de una comisión que investigue la actitud del Poder Ejecutivo en lo vinculado al desacato del fallo del máximo tribunal de justicia, avalando el pedido por la coparticipación que realizó el Gobierno de la Ciudad.