El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, en inglés) dará a conocer el sábado 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino de medidas cautelares para frenar Sea Lion (León Marino), el proyecto petrolero que encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper buscan poner en marcha al norte de las Islas Malvinas.
La resolución llegará más de dos semanas después de las audiencias del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, en las que la Argentina presentó su caso en torno al daño irreversible de la explotación petrolera en la plataforma continental argentina y el territorio en disputa, en función de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que pide a ambos países abstenerse de tomar medidas unilaterales en el archipiélago de Malvinas.
Por su parte, Reino Unido, que pidió al tribunal que rechace todas las medidas pedidas por la delegación argentina, buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía durante las audiencias, citando declaraciones del presidente Javier Milei, con el fin de que el tribunal eventualmente se declare incompetente.
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El anuncio del Tribunal del Mar
Según informó este miércoles el organismo, el presidente del Tribunal, el camerunés Maurice Kamga, leerá la orden en audiencia pública el sábado 28 a las 12 del mediodía de Hamburgo, las 8 de la mañana en Argentina.
En sus presentaciones finales, la Argentina pidió que el Reino Unido garantice que no haya nuevas perforaciones para explotación ni se instale infraestructura de producción en la Cuenca Malvinas Norte vinculada a Sea Lion, el proyecto ubicado a 200 kilómetros al norte de la Isla Soledad y poco más de 400 kilómetros de Santa Cruz. La mención incluye tanto a Londres como empresas que operen bajo su jurisdicción, y que no use la información obtenida en la exploración de los recursos en perjuicio de los derechos argentinos.
Encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, la comitiva argentina exigió que Londres deje de impedirle al país cumplir con su obligación de proteger el medio marino de las áreas en disputa, prevista en los artículos 192 y 194 de la Convemar, y que no tome medidas que agraven la controversia, en particular nuevas autorizaciones para explotar los recursos de la plataforma continental.
Por su parte, Cancillería contempla tres escenarios de cara a la histórica presentación en Hamburgo: que el Tribunal acepte el planteo y ordene frenar la explotación hasta que se resuelva el arbitraje; que conceda parcialmente las medidas para preservar el medio de cara al comienzo del proyecto en enero de 2027; o que rechace el pedido, en cuyo caso el arbitraje que deberá resolver el fondo del caso seguirá su curso.
Cómo fueron las audiencias en Hamburgo
En la primera audiencia, el martes 10, del lado argentino el argumento se construyó en torno al daño irreversible derivado de la explotación de los recursos no renovables en una plataforma continental en disputa, y a la falta de experiencia de Navitas Petroleum, que posee el 65% de los derechos de explotación según las licencias otorgada por la administración británica de las islas que Argentina considera ilegales. Además, sostuvo que nunca operó un campo offshore en producción, lo que elevaría el riesgo de contaminación ambiental. La estrategia insistió en que "este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación", previendo el lado por el que la delegación británica respondería.
Londres, por su parte, buscó convencer al Tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convemar sino con la disputa por la soberanía del archipiélago, buscando que eventualmente se declare incompetente. Una de las perlitas de la audiencia fue cuando la fiscal general británica, Ellie Reeves, citó declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno ante la Asamblea General de la ONU.
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El otro pilar del alegato británico fue la "autodeterminación" de los isleños que habitan las islas desde la usurpación de 1833, desligándose de la resolución 2065 de la ONU que establece que Malvinas es un caso de descolonización "particular" entre dos estados, y que si bien reconoce los intereses de los habitantes, no tienen poder de decisión sobre la soberanía del territorio. En paralelo, Reeves planteó que la Argentina no se opone a la explotación en sí, sino que pretende "controlar esos recursos".
En la segunda jornada, el miércoles 11, la Argentina respondió que el Tribunal tiene competencia porque la disputa se rige por la Convemar y que no necesita pronunciarse sobre la soberanía para dictar medidas cautelares. La presentación fue realizada por el jurista rosarino y especialista en derecho internacional, Marcelo Kohen. También por el experto neerlandés Nico Schrijver, quien advirtió que el daño será "irreversible" desde el primer pozo de producción, en un proyecto que prevé hasta 26 pozos y 310,5 millones de barriles. "Es ahora o nunca", alegó ante el tribunal.
En su cierre, el Reino Unido insistió en que la Argentina no logró justificar la urgencia, ya que, según Londres, la perforación comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028.
Las audiencias contaron con dos jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay. Vinuesa ocupa el lugar que dejó la vicepresidenta del Tribunal, la argentina Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso y que entre 1997 y 2023 lideró la comisión que delimitó el límite exterior de la plataforma continental argentina.
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