En la primera de las dos audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Argentina y Reino Unido expusieron sus argumentos en relación con el eje de la controversia: el pedido de medidas cautelares para frenar el inicio del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino) al norte de las Islas Malvinas, hasta que un tribunal se expida eventualmente sobre el caso.
Del lado argentino, el argumento se construyó en torno al daño irreversible derivado de la explotación de los recursos no renovables en una plataforma continental en disputa, apelando a la competencia del tribunal ubicado en la ciudad alemana de Hamburgo. La estrategia, liderada por el embajador Mario Oyarzábal, se centró en otras aristas, como la falta de experiencia de Navitas Petroleum, la empresa israelí a cargo de las perforaciones, que nunca operó un campo offshore en producción.
Londres, por su parte, comenzó su alegato pasadas las 11 de la mañana, hora argentina. Como era de esperar, la delegación que actuó "en nombre del monarca Carlos III" buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas. En tanto, buscó construir esa narrativa sobre elementos que atañen a la disputa, citando declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, con el fin de convencer al Tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convemar y, por tanto, se declare incompetente.
Malvinas: comenzaron las audiencias por Sea Lion en el Tribunal del Mar con un juez argentino
La chicana al Gobierno en la presentación del Reino Unido
“Una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos”. La frase que Milei pronunció en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, donde criticó la inacción del organismo frente a la Cuestión Malvinas, volvió a escucharse este martes en una instancia multilateral, pero esta vez en boca de los abogados del Reino Unido y ante los jueces de un tribunal creado por una convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en una chicana que resumió el espíritu con el que Londres respondió a la demanda argentina.
La mención, ajena al fondo del caso, formó parte de una estrategia que la delegación británica, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, desplegó en dos planos a lo largo de la tarde del martes 10 de noviembre. La abogada se enfocó en llevar la discusión hacia el ámbito político citando otra declaración que el mandatario argentino había realizado la semana pasada en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde reiteró el pedido argentino por Sea Lion e indicó que “estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Los argumentos de Argentina y la jugada de Reino Unido
La idea, en tanto, era responder a la presentación argentina que se centró temprano en la mañana en aplicación de la CONVEMAR en Sea Lion, en relación a cuatro ejes: que los derechos que la Argentina reclama sobre la plataforma continental son plausibles, en tanto las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía (en función de la resolución 2065); que la explotación de hidrocarburos es irreversible y causaría un daño que ninguna decisión posterior podría reparar (en virtud de la resolución 31/49, y que el Reino Unido le impide al país cumplir con su obligación de proteger el medio marino.
Frente a eso, Londres argumentó en el plano jurídico que el pedido argentino es en realidad "un reclamo de soberanía territorial que escapa a su competencia"; mientras que en el político intentó presentar a la Argentina como un actor que busca “escalar políticamente” el conflicto, con las propias palabras de sus “más altos representantes". "Argentina busca escalar políticamente el caso”, sostuvo Reeves en su intervención, y continuó: “Este tribunal no tiene poder para intervenir”.
La jugada apuntó al corazón de la estrategia argentina, que durante la mañana había dejado la discusión sobre la soberanía fuera de la discusión. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, había advertido el agente argentino, el embajador Oyarzábal, quien insistió en que “este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación”.
El argumento de la "autodeterminación" de los kelpers
El otro pilar del alegato británico fue la "autodeterminación" de los isleños, repetida a lo largo de toda la tarde. Según la postura británica, las medidas pedidas por la Argentina “tendrían consecuencias devastadoras” e impedirían a los habitantes de las islas “explotar los recursos naturales de su territorio, como tiene derecho a hacerlo conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación”.
Se trata de un argumento que choca con el marco que fijaron las Naciones Unidas, ya que la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965, encuadró la Cuestión Malvinas como un caso particular de descolonización, distinto de aquellos en los que se consulta a la población, y llamó a ambos países a negociar teniendo en cuenta los “intereses” de los habitantes de las islas, no sus deseos, una diferencia que la Asamblea sostuvo en 1985, cuando rechazó las enmiendas británicas que buscaban incorporar el principio de libre determinación a sus resoluciones sobre Malvinas.
La respuesta argentina ya había llegado por la mañana, cuando Oyarzábal citó el censo de 2021 de las islas, con 3142 residentes habituales, sostuvo que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino” y, previendo lo que luego diría Reeves sobre que la Argentina "desmerece" a los habitantes, aclaró que el país reconoce los intereses de los isleños, pero no que puedan definir a qué Estado pertenecen las islas.
Londres también cuestionó las motivaciones argentinas, al plantear que el país no se opone a la explotación en sí, sino que pretende "controlar esos recursos", e informó al tribunal que la perforación en Sea Lion comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028, un calendario con el que buscó discutir la “inminencia” que exige la Convención para dictar medidas provisionales. Recién en el tramo final llegó la respuesta a los argumentos ambientales, con el planteo de que la Argentina invoca la obligación de proteger el medio marino sin precisar qué medidas concretas busca tomar.
La jornada dejó expuesta una tensión que atraviesa a ambos gobiernos. El giro soberanista con el que Milei impulsa el reclamo puertas adentro, de la cadena nacional de septiembre a la llamada “Ley Malvinas”, que podría tratarse en las próximas semanas en el Congreso, se convirtió en Hamburgo en una herramienta para la defensa británica, mientras que en Londres un vocero del primer ministro Andy Burnham aseguraba que la audiencia “no es sobre la soberanía de las Malvinas”, al mismo tiempo que su fiscal general dedicaba buena parte del alegato a demostrar lo contrario.
Cómo sigue el juicio en Hamburgo
Las audiencias continúan este miércoles 10 de noviembre con la segunda ronda, en la que la Argentina expondrá de 6.30 a 8 (hora argentina) y tendrá la oportunidad de responder a los planteos británicos, antes del cierre del Reino Unido, de 13.30 a 15, mientras que la decisión del tribunal se espera entre dos y cuatro semanas después.
Las audiencias se transmiten en vivo y están a cargo del camerunés Maurice Kamga. El Tribunal quedó completo el lunes pasado con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay. Vinuesa ocupa el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso, según pudo confirmar PERFIL. La diplomática es una referencia en la materia, y entre 1997 y 2023 lideró la comisión que delimitó el límite exterior de la plataforma continental argentina.
Ocurren en un contexto de alto voltaje en el Atlántico Sur, marcado por la visita de Ana, hermana del rey Carlos III, que desde este lunes y hasta el 20 de noviembre recorre las islas y las Georgias del Sur. También por el inminente comienzo de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino que operará la chilena Easter Island Naviera, y por el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Congreso ya tiene dictamen y el oficialismo busca llevar al recinto de Diputados en las próximas semanas.
ML
