La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Senado sancionó el jueves con 42 votos a favor y 26 en contra, dejó una paradoja: el proyecto que buscaba liberar la compra de campos por extranjeros terminó restituyendo la Ley de Tierras Rurales 26.737. El texto deroga el artículo 154 del DNU 70/2023 y repone el tope del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales.

“Mantienen el nombre de inviolabilidad de la propiedad privada, pero ninguno de los temas hacen a eso”, resumió Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras y exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, en diálogo con este medio. Sobre la restitución fue tajante: “Tiene una explicación más política que jurídica. En lo jurídico es un mamarracho”.

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Su lectura es que la maniobra le hace “un favor al Gobierno”, porque le quita peso al DNU 70/23. El decreto lleva casi tres años vigente y pocos jueces se animaron a revisarlo, pese a lo que Gómez define como una “inconstitucionalidad flagrante”: no había necesidad ni urgencia, porque el Congreso se reunió a los pocos días, y la Constitución le prohíbe al Ejecutivo legislar. También, dijo, la restitución descomprime al Poder Judicial. En el recinto, la chubutense Edith Terenzi defendió que la ley resuelve la incertidumbre que generó el decreto. El jefe del bloque Justicialista, Martín Soria, cuestionó que el Gobierno pasara en dos meses de eliminar la Ley de Tierras a restituirla.

Gómez advirtió que los desalojos exprés afectarán sobre todo a inquilinos porteños y a comunidades con conflictos de tierras con Parques Nacionales o universidades nacionales. Pero lo que más le preocupa es el capítulo de expropiaciones. Reconoce el lucro cesante con un tope del 30% del daño emergente y actualiza los montos por inflación más la tasa del Banco Nación. A su juicio, el objetivo “quizás encubierto” es “encarecer el pasamanos en los casos de privatizaciones”: cualquier reestatización futura de una empresa de servicios públicos saldrá bastante más cara.

En la votación, Gómez vio el reflejo de las negociaciones de los gobernadores con La Libertad Avanza . Señaló el voto en contra de la neuquina Julieta Corroza, que vinculó con la tensión entre Rolando Figueroa y los libertarios. También marcó el giro de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que anticipaban un rechazo cuando el proyecto derogaba la Ley de Tierras y ahora lo acompañaron. “Ahí se ve quiénes ya cerraron con La Libertad Avanza y quiénes todavía están negociando”, dijo.

Tierras en conflicto

La discusión de fondo sigue abierta en los territorios donde avanza la actividad extractiva. Gómez integra el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), que lanzó el Monitor de Proyectos Extractivos. Con datos al 6 de octubre, la plataforma registra 201 proyectos de petróleo y gas en 11 provincias. De ellos, 15 se presentaron al RIGI y 8 ya fueron aprobados, con US$142.819 millones de inversión comprometida.

El monitor identifica 13 pueblos indígenas afectados. El mapuche encabeza la lista (128 proyectos), seguido por el mapuche tehuelche (48) y el tehuelche (33). Solo 65 de los 201 proyectos (32,3%) tienen disponible su Estudio de Impacto Ambiental. “Encontrar la información es como buscar una aguja en un pajar”, explicó Gómez. “Los datos de las empresas te cuesta conseguirlos, pero de las comunidades no encontrás en ningún lado”. Stefanía Passalacqua, del equipo que armó la base de datos, marcó la diferencia con otras plataformas, como el Observatorio del RIGI: “Acá se puede ver a qué comunidades afecta cada proyecto, cuáles son y dónde se encuentran”.

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El relevamiento documenta casos concretos. En Neuquén, las trazas de los oleoductos esquivan a las comunidades. En Río Negro y Chubut se aprobaron leyes de consulta sin participación indígena. En Santa Cruz quedaron pasivos ambientales, y en Añelo hay vecinos sin gas natural y con grietas en sus casas por sismos asociados al fracking. A eso se suma la derogación, a fines de 2024, de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas.

La ley tampoco incluyó la reforma de la Ley de Manejo del Fuego , que flexibilizaba el cambio de uso del suelo en zonas incendiadas y se cayó en agosto por falta de apoyo. El tema volvía este fin de semana a la Comarca Andina, donde la UTT y ATE organizaban el primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal, con eje en el retiro del Estado de la prevención.