La extradición de Fred Machado a EEUU, en suspenso tras una presentación de su defensa
La Corte Suprema ordenó verificar un supuesto cambio en la situación procesal del empresario en Texas, alegado por los defensores de Machado, un trámite a través de vía diplomática que dilatará la resolución del proceso. El Procurador Casal ya se había pronunciado a favor de extraditarlo a EE.UU., donde lo acusan de vínculos con el narcotráfico.
El proceso de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos quedó en suspenso después un fallo de la Corte Suprema que ordenó al juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, verificar la autenticidad de un documento presentado a último momento por la defensa.
Según los abogados, habría habido un cambio en la situación procesal de su cliente en un tribunal de Texas, lo que podría alterar el alcance del pedido de extradición.
La Corte, a través de una providencia firmada el 21 de agosto, remitió la documentación al juzgado neuquino y pidió que, vía Cancillería, se solicite información oficial a la Justicia estadounidense sobre la sentencia presuntamente dictada en enero de 2024. El expediente menciona además a Keyleigh Moffet y a la posible incidencia de esa resolución en el caso de Machado.
Alerta roja de Interpol sobre Machado
Machado, detenido en Neuquén en 2021 y actualmente bajo prisión preventiva domiciliaria en Viedma, Río Negro, es investigado en Estados Unidos por supuesta complicidad con una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico. La fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusa de haber facilitado aeronaves para trasladar cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia el país norteamericano.
La acusación incluye delitos previstos en las secciones 841(a)(1) y 846 del Título 21 del Código de Estados Unidos: posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con intención de distribuir. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en esa misma causa.
Los vínculos en Argentina: de Báez a Espert
El nombre de Fred Machado es conocido en la política y el empresariado argentino por su historial de operaciones con aviones. En el pasado le vendió una aeronave a Lázaro Báez, emblema del esquema de corrupción kirchnerista, y otra a los hermanos Juliá (Gustavo y Eduardo), protagonistas del escándalo del “narcoavión” con 944 kilos de cocaína incautados en Barcelona en 2011.
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Recorrido de unos de los aviones de Machado
En los balances de su fondo fiduciario apareció, además, un documento que señalaba un pago de 200 mil dólares en febrero de 2020 a José Luis Espert, pocos meses después de las elecciones. También se conoció que el economista viajó a Puerto Madryn en un avión de Machado para presentar un libro.
El dictamen de la Procuración y la disputa judicial
En abril de 2023, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, avaló la postura de la PROCUNAR —encabezada por Diego Iglesias— a favor de la extradición de Machado. Para la Justicia argentina, los cargos en su contra están probados y su situación no ofrecía dudas hasta que la defensa presentó la nueva documentación.
El juez Villanueva, sin embargo, había señalado en resoluciones anteriores que Machado incumplió pautas básicas fijadas por la fiscalía estadounidense, como notificar cambios de domicilio y comparecer a las audiencias. Además, resaltó que el empresario presentó múltiples domicilios en Argentina, Estados Unidos y Guatemala, lo que dificulta establecer su residencia real.
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La defensa de Machado busca frenar el envío del empresario a Estados Unidos cuestionando la validez de las actuaciones judiciales norteamericanas. Entre sus planteos figuran un informe de polígrafo, correos electrónicos entre fiscales y defensores, y citaciones como testigos. Para el juez Villanueva, esos argumentos corresponden a la justicia extranjera y no son materia local.
La resolución final de la Corte dependerá ahora de la respuesta que llegue desde Texas a través de la Cancillería argentina. Hasta entonces, el proceso de extradición queda suspendido, prolongando una disputa que ya lleva más de cuatro años y mantiene en vilo tanto a la Justicia argentina como a las autoridades estadounidenses.
DCQ
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