JUDICIALES

Un juez acusado de tirar una piedra contra funcionarios judiciales se defendió ante el Consejo de la Magistratura

Se trata de Pablo Ramiro Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa. Está procesado por la Justicia por la presunta comisión de los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones. Ahora deben definir si le inician juicio político.

Pablo Díaz Lacava - Tribunal Oral Federal de La Pampa Foto: Prensa del Consejo de la Magistratura

El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa, declaró este martes ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por una denuncia que surgió desde dentro del Poder Judicial: funcionarios judiciales de Santa Rosa lo acusaron por la presunta comisión de los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones y solicitaron una restricción de acercamiento.

“No soy esa persona que se ha denunciado en estos hechos”, subrayó. “No he realizado ningún comportamiento antirreglamentario ni he cometido ningún delito. Y he pedido disculpas, incluso cuando sabía que no había realizado ofensa alguna”, dijo ante los consejeros. El juez, acompañado por su abogado Andrés Gil Domínguez, sostuvo que nunca fue acusado de acoso sexual o corrupción y que “todos los hechos se refirieron “a algún conflicto que se generó con algunos compañeros del tribunal”.

La denuncia penal que presentaron los trabajadores judiciales, a la que adhirieron dos jueces de Cámara, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, es del 20 de abril de 2023. El 11 de noviembre de 2024, Díaz Lacava fue procesado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, por los delitos de amenazas y lesiones, y se incorporó la imputación por violencia de género. En la resolución el magistrado refirió gritos, hostigamientos, llantos, licencias e internaciones por estrés que denunciaron los empleados judiciales.

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El juez que procesó a su colega dijo que este “disponía u ordenaba cosas de forma arbitraria, o que se manejaba hacia sus empleados y funcionarios de forma grosera, agresiva e impulsiva”.

Dicho procesamiento fue confirmado, en junio pasado, por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Una piedra por la ventana

En la denuncia de los secretarios del juzgado un hecho llamó en particular la atención: aseguraron que Díaz Lacava tiró desde la calle una piedra que entró por una de las ventanas del tribunal y pasó cerca de la cabeza de uno de los secretarios. El magistrado minimizó el hecho y dijo que se trataba de una “broma”.

El juez Baric, que procesó a Díaz Lacava, reconstruyó ese episodio: ese día estaban reunidos los tres secretarios en una oficina. Dijo que en primer lugar los funcionarios pensaron que había sido otra persona y luego ingresó Díaz Lacava riendo y aseguró que él había sido quien arrojó la piedra.

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Este martes, ante la comisión de Acusación del Consejo, Díaz Lacava dijo que “se arrojó una pequeña piedra sin intención de lastimar a nadie”. “Hoy estoy sumamente arrepentido, y en ese momento no pedí disculpas porque era una broma”, reconoció.

También rechazó la acusación que se le endilga por obstruir la comunicación de los defensores con los secretarios y fiscales. “Tampoco es verdad", dijo ante los consejeros.

Desmintió haber maltratado a empleados y aseguró que “la misma fiscal que me acusa es testigo de muchas situaciones”. El juez quiso enmarcar esa situación en su forma de trabajo. “Yo no aceptaba el alegato de oreja”, afirmó. Dijo que él llegaba a las 7 de la mañana todos los días al tribunal, porque el horario de atención al público comienza a las 7.30 y los empleados no estaban. “No golpée, no amenacé, no privé a nadie de la libertad”, recalcó. Durante algunos pasajes de su exposición lloró.

En camino al juicio político

Díaz Lacava se presentó este martes en el Consejo. En la audiencia participaron los consejeros representantes de la abogacía Alberto Maques y César Grau y Gonzalo Roca (diputado LLA-Córdoba). También estuvo presente el consejero-diputado Álvaro González, quien ingresó a la Cámara baja por el PRO, e instruye el expediente.


Para abrir el juicio político se necesita una mayoría simple de los presentes en el plenario del Consejo de la Magistratura, que tiene 20 integrantes, entre representantes de los jueces, del ámbito académico, de la abogacía, diputados y senadores y el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, viceministro de Justicia.

En caso de empate, es el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, el que define.
 

EM