La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza destituyó a la legisladora del Partido Demócrata ( Unión Mendocina ) Janina Ortiz, tras conocerse el fallo que la condenó a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un desvío millonario de fondos municipales cuando era secretaria de Gobierno de Las Heras.
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la ahora exlegisladora había confesado el delito de peculado y uso de documento público apócrifo, y acordó la pena para no ir a la cárcel en el marco de la causa que en Mendoza es conocida como “el escándalo de las cooperativas fantasmas”.
Ortiz, sin embargo, de acuerdo al medio antes citado, tiene un reclamo judicial contra el Estado mendocino exigiendo que le abonen los 31 haberes de dieta salarial (más intereses) que dejó de cobrar desde marzo del año 2024, cuando la Cámara de Diputados decidió suspenderla sin goce de sueldo por las causas penales que enfrentaba por corrupción.
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En ese contexto, la Cámara baja provincial apeló al artículo 91 de la Constitución mendocina que establece que cada cámara “podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.
Según Noticias Argentinas, la condena a la exfuncionaria, cuya banca suspendida había quedado vacante hasta que no se resolviera su situación, también alcanzó a su pareja, Daniel Orozco, quien fue intendente de Las Heras entre los años 2015 y 2023. Durante esos dos mandatos, la exdiputada ocupó el cargo de secretaria de Gobierno.
La investigación contra Ortiz
La Agencia Noticias Argentinas informó que la investigación judicial determinó que, entre los años 2021 y 2023, el Municipio transfirió más de 35,5 millones de pesos a la Cooperativa de Trabajo "Manos a la Obra" Limitada, para hacer tareas de mantenimiento que nunca se realizaron.
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Enfrentados a la posibilidad de recibir una pena de prisión efectiva, Orozco y Ortiz optaron por reconocer sus delitos y aceptar un juicio abreviado para acordar una pena más leve con la Fiscalía, que luego homologó el juez.