Mendoza reclamará las tierras otorgadas a los mapuches y advierte que irá a la Corte
Desde el ejecutivo provincial dicen que la cesión es inconstitucional y alegan que hay al menos 50 pozos de crudo en uno de los territorios. El conflicto puede terminar en el máximo tribunal ya que no consideran que las comunidades sean ancestrales.
El gobierno de Mendoza anunció que agotará todas las instancias para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) revea la cesión de tierras a tres comunidades mapuches de la provincia, hecho que generó una nueva tirria entre el gobierno de Rodolfo Suárez y el de Alberto Fernández.
A través de un relevamiento que realizó el INAI en la provincia cuyana se decidió, vía Boletín Oficial, entregar más de 21.500 hectáreas para las lof El Sosneado y Lof Suyai Levfu. Posteriormente, fueron concedidas 4.477 hectáreas a la comunidad Limay Kurref.
Desde el organismo gubernamental indicaron que no se trata de una cesión de tierras, sino de "demarcar el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina". En el gobierno mendocino creen lo contrario y aluden una inquina política de Nación.
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Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno de Mendoza.
"Consideramos que son inconstitucionales, a la vez que todos los antecedentes históricos que tenemos relevados de historiadores y arqueólogos afirman que jamás hubo mapuches en el sur de la provincia. No son comunidades ancestrales. Por otra parte, los relevamientos los hizo una socióloga de la UBA que vino, hizo algunas preguntas y con eso resolvió la cuestión", le dijo a PERFIL el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia cuyana, Víctor Ibáñez Rosaz.
El funcionario alegó que la provincia no participó del “Programa de Relevamiento Territorial” que lleva adelante el INAI, en tanto que desde la institución afirman que nunca hubo respuesta positiva del ejecutivo mendocino en ese aspecto.
Ibáñez Rosaz dijo que esta semana presentarán un recurso administrativo de reconsideración al INAI planteando la inconstitucionalidad de las decisiones que fueron publicadas en el Boletín Oficial. "Si lo que resuelve el INAI es contrario a nuestros intereses seguiremos la vía administrativa de recurso jerárquico hasta agotarla y luego interponer el planteo judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación", advirtió.
Las hectáreas entregadas tienen al menos 50 pozos de petróleo crudo de Vaca Muerta
El gobernador Rodolfo Suárez sostuvo que las decisiones del INAI se enmarcan en una decisión con clara "intencionalidad política" en contra de su gobierno y además "deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches".
Sin embargo, en un breve hilo, también aclaró que significaba una pérdida de activos para Mendoza ya que las zonas delimitadas para los indígenas están llenas de "activos provinciales". "En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF", enfatizó Suárez.
PERFIL consultó al Ministro de Gobierno provincial por esta afirmación. "Sólo en la última resolución que abarca poco más de cuatro mil hectáreas estamos hablando de 50 pozos petroleros sobre la parte de Vaca Muerta", sostuvo. Además agregó que muchos de esos recursos estaban siendo explotados por la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA). "Esto genera conflictos también con las inversiones", se quejó el funcionario.
Vaca Muerta, el yacimiento más prolífico del país.
Los argumentos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
En el caso de las hectáreas otorgadas a las comunidades El Sosneado y Lof Suyai Levf ubicadas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, el INAI argumentó que "reconoció que dichas comunidades habitan actual, tradicional y públicamente en los territorios relevados".
Este decisión se originó de los 1.209 relevamientos que realizó desde el 2006 hasta la fecha en todo el país. En el caso de Mendoza y las dos comunidades mapuches mencionadas, fue realizado bajo modalidad centralizada: esto significa que no hubo convenios con la provincia para ejecutar un análisis conjunto. En total, se realizaron 13 estudios de ese tipo.
Sin dar nombres propios pero poniéndose en frente de la posición del ejecutivo cuyano, en el final apuntan contra los discursos "de desconocimiento y negación de la presencia de pueblos originarios" y los califica de "actitudes discriminatorias, estigmatizantes y por sobre todo exacerba peligrosamente a una parte de la sociedad generando reacciones de odio hacia los distintos pueblos indígenas argentinos que nuestra Constitución Nacional reconoce en su artículo 75".
