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Un nuevo problema latino

América Latina no necesita una crisis de refugiados

El flujo de personas entre naciones latinoamericanas se ha disparado en los últimos años. Las Naciones Unidas estima que unos 10 millones de latinoamericanos viven actualmente en otro país de la región.

Refugiados, entre los grupos más amenazados por la pandemia en todo el mundo.
Refugiados, entre los grupos más amenazados por la pandemia en todo el mundo. | AFP

Justo cuando parecía que la suerte de los venezolanos no podía empeorar, el presidente Nicolás Maduro muestra que el fondo es más abajo aún. A principios de este mes, Maduro envió tropas a la frontera colombiana. ¿Cuál era la emergencia? Decenas de miles de venezolanos que habían huido de la distópica república bolivariana y luego habían sido azotados por el coronavirus y el cierre económico en el extranjero ahora estaban desesperados por regresar a casa. Maduro los tildó de “armas biológicas”, culpándolos absurdamente del contagio en el país.

Los que regresan a Venezuela son el rostro más flagrante de una de las emergencias menos resaltadas de la región: la aflicción de cientos de miles de latinoamericanos que escaparon de sus vidas en sus tierras natales y ahora, en medio de infecciones y cuarentenas, descubren que sus vecinos tampoco los quieren.

Olvidemos por un momento el muro fronterizo de Estados Unidos y los centros de detención abarrotados a lo largo de Río Grande. El flujo de personas entre naciones latinoamericanas se ha disparado en los últimos años. Las Naciones Unidas estima que unos 10 millones de latinoamericanos viven actualmente en otro país de la región. Manuel Orozco, economista experto en migración y remesas para Diálogo Interamericano, argumenta en un próximo estudio que el total podría ser de hasta 13 millones, el doble de las cifras del año 2000.

El beneficio en efectivo de Argentina para ayudar a los más vulnerables durante el cierre económico se aplica solo a aquellos extranjeros con dos años de residencia comprobada.

La migración intrarregional aumentó después de la recesión mundial de 2008, cuando naciones ricas reforzaron sus fronteras. Volvió a aumentar después de 2010, cuando la creciente violencia, el crimen relacionado con las drogas y la agitación política llevaron a oleadas de familias de al menos ocho países de América Latina y el Caribe a buscar refugio en el extranjero, a menudo en el país vecino. Perú y Brasil figuraron entre los cinco países con el mayor número de solicitudes de asilo en 2019.

Analicemos Nicaragua, donde la brutal represión del autoritario Daniel Ortega a los disturbios populares ha obligado a miles a huir hacia la frontera. En los primeros ocho meses de 2018, la población de Costa Rica nacida en el extranjero subió a 27.000, y otros 25.000 buscaban la condición oficial de refugiado.

La ventaja de este éxodo regional fue el aumento de dólares para los hogares, a medida que migrantes emprendedores reconstruían sus vidas en el extranjero y compartían sus ingresos con los seres queridos que dejaron atrás. En un estudio de junio, Orozco concluyó que 10% de los US$17.000 millones en remesas de latinoamericanos se originaron en otros países latinoamericanos.

Las Naciones Unidas estima que unos 10 millones de latinoamericanos viven actualmente en otro país de la región.

Otro informe muestra que 21% de las transferencias de expatriados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay en 2017 fueron generadas en la región. De hecho, Bolivia y Paraguay recibieron más dólares de migrantes de países vecinos que de EE.UU. ese año, mientras que las remesas intrarregionales en Bolivia, Colombia y Nicaragua superaron las de España.

Los venezolanos, una vez más, marcan el ritmo. Los migrantes envían un promedio comprendido entre US$40 (desde Colombia) y US$214 (desde Panamá) a la vez, hasta una docena de veces al año.El brote de coronavirus ahora amenaza esta corriente vital de generosidad regional, al igual que expone lo mal preparados que están los países anfitriones para manejar la creciente alteración migratoria. En Colombia, más de dos tercios de los venezolanos carecen de estatus de inmigrante legal y una cuarta parte de ellos solo cuentan con permisos temporales.

No está claro cuántos de los migrantes internos de América Latina están regresando, pero los trabajadores de apoyo y las autoridades fronterizas están abrumados. Se estima que 70.000 venezolanos habían regresado hasta principios de julio, con decenas de miles más en camino, según las Naciones Unidas. El esfuerzo de ayuda conjunta de múltiples agencias conocido como Respuesta a los venezolanos lanzado para contener la crisis se presupuestaba en US$1.410 millones. Al 24 de julio, había recaudado apenas US$248 millones.

10% de los US$17.000 millones en remesas de latinoamericanos se originaron en otros países latinoamericanos.

Los venezolanos no son los únicos. Paraguayos regresan de Argentina y peruanos tratan de irse de Chile, cuyo Gobierno también ha regresado a haitianos en dificultades a su país de origen. Los nicaragüenses están empacando sus cosas en Costa Rica y Panamá. La ONU también informa que la pandemia ha estimulado un “nuevo patrón de migración interna”, ante decenas de miles de familias en Bolivia, Ecuador y Perú que abandonan las ciudades, donde las tasas de infección están en aumento, y se dirigen hacia las zonas rurales.

Estos recién llegados prestaban servicios básicos, a veces cruciales, en sus países de acogida, desde la construcción hasta el cuidado de personas mayores. Ejércitos de repartidores de domicilios en motocicletas han mantenido a los argentinos alimentados y abastecidos durante las cuarentenas. Enfermeras y médicos cubanos y peruanos han sido de los primeros en responder a la crisis del covid-19. Sin embargo, estos trabajadores invitados han visto cómo se desvanece su acogida, al igual que sus medios de vida. “Muchos son migrantes en irregularidad, sin acceso a servicios de salud o beneficios por desempleo. Los graduados universitarios no logran validar sus diplomas”, dijo Vanina Modolo, analista de migración regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), afiliada a las Naciones Unidas, en Buenos Aires.

21% de las transferencias de expatriados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay en 2017 fueron generadas en la región.

Incluso algunos de los esfuerzos de ayuda oficiales más generosos se quedan cortos: el beneficio en efectivo de Argentina para ayudar a los más vulnerables durante el cierre económico se aplica solo a aquellos extranjeros con dos años de residencia comprobada.

La discriminación y la xenofobia están en auge, a medida que los migrantes se convierten en blancos fáciles para las poblaciones locales que pasan por dificultades. En un momento en que el temor a contraer covid-19 es alto, los migrantes también son fácilmente (e injustamente) estigmatizados como amenazas para la salud pública en sus países de adopción. Tampoco son siempre bienvenidos de regreso, como lo han evidenciado venezolanos y nicaragüenses.

El camino de regreso a casa también está lleno de obstáculos y peligros. A medida que América Latina se unía al movimiento global para restringir la movilidad y sellar las fronteras, los repatriados a menudo tenían que encontrar una vía a través de rutas inseguras y cruces clandestinos, convirtiéndose en presas de redes criminales y traficantes.

Tal vez sea mucho pedir que naciones ya abrumadas por crisis nacionales sin precedentes también cuiden a extranjeros en peligro. No obstante, al proteger a migrantes que han brindado a tantas sociedades servicios vitales y mano de obra también se protege a la población nativa. América Latina ya se enfrenta a una calamidad de salud pública, un colapso económico sin precedentes y un descontento social incipiente. Lo último que necesita es sumar a esto una crisis de refugiados.