La propuesta de ayuda económica de US$1,9 billones del presidente electo, Joe Biden, sirve como salva de apertura en una batalla legislativa que podría prolongarse debido a su elevado monto y a la inclusión de iniciativas a las que se oponen muchos republicanos.
“No es difícil ver que estamos en una crisis económica única en varias generaciones”, dijo Biden el jueves por la noche al revelar su plan. “Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora”.
El paquete tiene elementos que probablemente atraerán a suficientes republicanos moderados para lograr su aprobación en el Senado, incluido un esfuerzo de US$400.000 millones para contener el coronavirus y acelerar la reapertura de la economía, así como US$1.400 en pagos adicionales de estímulo directo.
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Otras partes están destinadas a avivar la guerra partidista, incluidas las propuestas de Biden de aumentar en más del doble el salario mínimo federal a US$15 por hora, proporcionar ayuda a gran escala para los Gobiernos estatales y ofrecer mayores beneficios de desempleo hasta septiembre.
Las negociaciones podrían terminar produciendo un paquete bipartidista más pequeño en las próximas semanas, seguido de un proyecto de ley presupuestario más grande que incluya las prioridades demócratas. Biden dijo que planea presentar el próximo mes un segundo paquete importante, destinado a la reconstrucción económica a largo plazo, en una sesión conjunta del Congreso.
El Senador republicano Marco Rubio, de Florida, dio inicio a los llamados a dividir en partes el plan de ayuda, tuiteando que debido a que Biden sirvió en el Senado durante más de 35 años “sabe que el plan que presentó esta noche no puede aprobarse ‘rápidamente’”. Rubio pidió proceder primero con los cheques de estímulo por US$1.400.
No obstante, Biden tiene varias ventajas en la lucha, incluida la capacidad de eludir a los republicanos del Senado en algunos de los temas utilizando una herramienta especial llamada reconciliación presupuestaria.
Gozando de un control demócrata unificado del Congreso, Biden también tendrá el púlpito de la Casa Blanca para presionar al Congreso para que actúe. Presentó su plan como una forma de que la nación se una para brindar alivio a los estadounidenses empobrecidos después de la violencia sin precedentes de la turba en el Capitolio la semana pasada, y en medio del aumento récord de muertes por la pandemia.
“La unidad no es un sueño fácil, es un paso práctico para hacer las cosas”, dijo Biden el jueves. “La salud misma de nuestra nación está en juego”.
Joe Biden presentará el lunes el plan económico: necesita apoyo republicano
El inminente juicio político del presidente saliente, Donald Trump, está destinado a prolongar las tensiones partidistas de las últimas semanas. A menos que el líder de la mayoría del Senado entrante, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mitch McConnell, logren un acuerdo sobre los procedimientos, el juicio podría impedir que se voten las nominaciones al gabinete de Biden y las leyes durante semanas, aunque no retrasaría el trabajo de los comités.
Si Biden no puede llegar a un acuerdo sobre todo el proyecto de ley, disposiciones como los cheques de estímulo y un impulso de US$400 por semana al seguro de desempleo podrían incluirse en un proyecto de presupuesto y aprobarse con solo 50 votos. Existe un debate sobre si el salario mínimo también podría aumentarse de esa manera.
El presidente entrante es un veterano en el trato con McConnell, quien puede estar dispuesto a negociar para incluir sus prioridades, como la protección de responsabilidad por covid-19 para los empleadores o una extensión de las exenciones de impuestos comerciales.
El proyecto de ley destinaría US$350.000 millones a los Gobiernos estatales y locales, más allá de los US$160.000 millones para dicha financiación incluida en un compromiso bipartidista que nunca llegó al paquete de diciembre.
Biden también está tratando de aumentar los créditos fiscales reembolsables para las personas con bajos ingresos y niños, al tiempo que amplía sustancialmente la licencia familiar y médica pagada.
La nueva Administración está bajo presión para no permitir una repetición del enfrentamiento de ocho meses que retrasó la última ronda de alivio económico.
