La caótica pelea por el liderazgo en Puerto Rico, una crisis constitucional que podría reordenar la política de la isla en bancarrota, está pasando de las calles a los tribunales. Pedro Pierluisi, quien dice ser el gobernador legítimo, podría tener que abandonar la mansión ejecutiva si una demanda presentada el domingo por el Senado de la isla tiene éxito.
El organismo quiere obligar a Pierluisi a que "cese y desista de continuar ocupando y ejerciendo las funciones de gobernador de Puerto Rico". El Senado también solicitó un fallo sobre la línea de sucesión, que podría socavar permanentemente cualquier reclamo restante que Pierluisi pudiera tener ante la oficina.
El caso, que probablemente será resuelto por la corte suprema del Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, es la última salva en una batalla que comenzó cuando Ricardo Rosselló se vio obligado a abandonar la gobernación después de que se filtraron conversaciones en las que menospreciaba al común de los puertorriqueños.
Pierluisi, su sucesor elegido, fue nominado para el puesto No. 2 - secretario de Estado - solo días antes de la renuncia de Rosselló y fue confirmado solo por la Cámara de Representantes local, no por el Senado. No obstante, Pierluisi asumió el cargo de gobernador el viernes y prestó juramento en una ceremonia privada en la casa de su hermana segundos después de que Rosselló renunciara oficialmente.
Después de decir inicialmente que respetaría la decisión del Senado, Pierluisi luego revirtió el rumbo, diciendo que quería que los jueces decidieran. "Aunque es lamentable que este asunto deba aclararse en nuestros tribunales, espero que sea tratado con la mayor rapidez y diligencia por el bien de la gente de Puerto Rico", dijo Pierluisi en un comunicado el domingo por la noche. "No tenemos tiempo que perder".
Relevo renuente
Si el Senado se sale con la suya, la verdadera gobernadora podría llegar a ser la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien no quiere el cargo y ha dicho que lo tomaría solo por cuestiones de responsabilidad constitucional. El caos ya pesa sobre la frágil economía del ELA estadounidense, su bancarrota récord y las perspectivas de ayuda federal para reconstrucción tras el huracán María de 2017.
Todos los principales actores del drama, Pierluisi, Vázquez y Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, pertenecen al Nuevo Partido Progresista, que muchos manifestantes pensaron estaban expulsando cuando despidieron a Rosselló de su cargo. El partido domina las dos cámaras de la legislatura y la gobernación.
Pero los puertorriqueños dicen que están hartos del status quo, bajo el cual los políticos corruptos y de libre gasto ayudaron para que la isla de 3,2 millones acumulara US$74.000 millones en deuda, mientras supervisaban el colapso de la economía que provocó un éxodo hacia el continente. También culpan al Partido Democrático Popular, la principal oposición, que estuvo en el poder durante muchos de los años de malgasto.
No estaba claro qué gobernador sustituto podría satisfacer a los manifestantes que inundaron las calles empedradas del Viejo San Juan, dejando grafitis con textos como "Pierluisi, ¡eres el próximo!" y "No a Wanda".
Gustavo Vélez, economista de Guaynabo y jefe de la consultora Inteligencia Económica, dijo que aún sería muy pronto para declarar el fin del establecimiento. "Su legitimidad está realmente socavada, pero en este momento, no hay opciones políticas viables, ni un líder efectivo para reemplazar a los tradicionales", dijo Vélez.
Mucho podría depender de la influencia del poderoso presidente del Senado, Rivera Schatz, un incondicional del Nuevo Progresista que se postularía para gobernador en 2020. Varios legisladores lo apoyaron para intervenir ahora, y algunos han sugerido que todavía hay un plan en marcha para que eso suceda. Rivera Schatz ha dicho que no le ha pedido a nadie el trabajo.
’Enemigo No. 1’
En un discurso acalorado el jueves, recriminó a los críticos y lo que llamó una conspiración de los medios. Dijo que Pierluisi era "el enemigo público número 1 de Puerto Rico".
También ha sido un crítico abierto de la secretaria de Justicia Vázquez, cuya renuncia exigió el año pasado por una investigación que intentaba dilucidar si había influido indebidamente en un caso criminal que involucraba un allanamiento en la casa de su hija.
La principal resistencia a Pierluisi radica en su rol en la creación de una junta de supervisión federal profundamente impopular, que pretende hacer cumplir la austeridad para permitir la reestructuración de la deuda.
Como representante sin voto de Puerto Rico en la Cámara de EE.UU. de 2009 a 2017, Pierluisi defendió una ley llamada Promesa que abrió a Puerto Rico un camino hacia la bancarrota pero también instaló la junta. Pierluisi trabajó para O’Neill & Borges LLC, el bufete de abogados de la junta en la isla.
Culpan a Wall Street
"Él representa el sector financiero que nos ha estado arruinando", dijo Yadira Carrasquillo, de 45 años, una veterana del ejército estadounidense entre unos 100 manifestantes frente a la mansión del gobernador el domingo por la tarde. Muchos manifestantes también culpan a Wall Street por suscribir gran parte de la deuda de la isla, incluso cuando ya habían estirado sus finanzas.
Los críticos de Pierluisi dijeron que ese trabajo constituye un conflicto de intereses, lo cual él niega. Él dice que nunca quiso la junta, pero la aceptó como parte de una dura negociación que traía otros beneficios.
La crisis de liderazgo comenzó el 13 de julio, cuando el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, un participante en el infame grupo de mensajes, fue uno de los primeros en la administración en renunciar, un gesto destinado a salvar al gobierno cuando aún parecía rescatable. Las crecientes protestas callejeras pronto hicieron insostenible el trabajo de Rosselló.
A medida que se acercaba la renuncia de Rosselló a las 5 p.m. del viernes, Rivera Schatz dijo que el Senado no podía votar sobre Pierluisi, un pilar en la política puertorriqueña durante unos 25 años, hasta que llegara la documentación para examinar sus credenciales. Pierluisi hizo el juramento de todos modos.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, política opositora que busca la gobernación en 2020, prometió presentar documentos judiciales por separado el lunes para desafiar el juramento de Pierluisi. "Pido la mayor moderación y prudencia posible del Senado sobre la situación actual, y seguiré de cerca la sesión que se llevará a cabo en la cámara a partir de las 3 p.m.", dijo Pierluisi.
