El Gobierno español está buscando formas de atraer inversionistas para financiar una transformación valuada en 100.000 millones de euros (US$116.000 millones) de su sistema energético, mientras intenta dejar atrás errores anteriores de política que llevaron a demandas y extensas pérdidas.
La administración socialista está elaborando planes para ampliar la generación de energía renovable, modernizar su sistema de transporte y reacondicionar edificios para hacerlos más eficientes en consumo energético para 2030. Pero el esfuerzo para movilizar la inversión privada se ve obstaculizado por las actuales disputas legales por la última iniciativa de energía verde de hace una década del partido, donde se recortaron retroactivamente subsidios a la energía solar excesivamente generosos. Este giro radical afectó hasta 21.000 millones de euros de deuda sénior, según Bloomberg NEF.
"Tenemos que elaborar cuidadosamente una propuesta que sea adecuada, creíble y sólida en términos de nuevas inversiones, tanto para los inversionistas nacionales como los extranjeros, y también proporcionar algún reconocimiento sobre lo que sucedió", dijo Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, en una entrevista realizada en su oficina en Madrid. "Puede ser a través de medios regulatorios o puede ser a través de medios fiscales", agregó.
Ribera tiene un margen de maniobra limitado debido a que el gobierno todavía está combatiendo demandas legales de inversionistas por los recortes a los subsidios para las centrales de energía fotovoltaica. España registró el mayor nivel de instalación de paneles fotovoltaicos del mundo en 2008 después de que el gobierno calculara erróneamente la cantidad de subsidio requerido para estimular la inversión. Los pagos se redujeron gradualmente en los años sucesivos –lo que dejó a algunas plantas con dificultades para cubrir sus costos de financiamiento– ya que comenzaron a poner en peligro las finanzas públicas.
Un segundo problema para la administración minoritaria es su falta de apoyo en el Parlamento, donde el partido gobernante cuenta con solo 84 de los 350 legisladores. Ribera dijo que aspira a lograr un apoyo transversal para sus planes, pero que también puede usar mecanismos administrativos para impulsar algunas medidas si los partidos de la oposición la bloquean.
Entre sus primeras medidas, Ribera pretende eliminar un gravamen a los españoles que hayan instalado paneles solares en sus casas hasta fines de noviembre. La ministra dijo que tanto los izquierdistas de Podemos como los liberales de Ciudadanos han señalado en el pasado que apoyarían la decisión, pero el gobierno también puede impulsar el cambio a través de un decreto si es necesario.
El gobierno también está trabajando en un plan para ayudar a las comunidades mineras en el norte de España a superar su dependencia de pozos no rentables, que se cerrarán para fin de año en virtud de la ley de la Unión Europea. El gobierno planea usar los ingresos de la venta de permisos de emisiones de carbono para ayudar a crear nuevos empleos, dijo Ribera. "Estamos en el momento más desafiante de la transición", dijo.
Los precios de la energía en España han aumentado este año, y los futuros a un año para la energía de carga base se han elevado más de un 30 por ciento. Esa es una dificultad para una economía que se desacelerará por cuarto año consecutivo en 2019 y está alimentando los llamados para que el gobierno aproveche las ganancias imprevistas de centrales hidroeléctricas y nucleares propiedad de compañías como Iberdrola SA y Enel SpA. Ribera dijo que abordará el tema cuando hable ante el Parlamento el 19 de septiembre.
