¿Está surgiendo el socialismo en Estados Unidos, como advirtió el presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión este mes? Difícilmente, pero algunas propuestas recientes sin duda aumentaron las perspectivas de un giro brusco hacia la izquierda, de las cuales la más notoria es el entusiasmo cada vez mayor entre los demócratas por un pago en efectivo garantizado para todos los miembros de la sociedad.
A primera vista, la idea de un ingreso básico universal apesta a idealismo sin límites. Sin embargo, está ganando interés en EE.UU., e incluso apareció en las recientes discusiones sobre un Nuevo Pacto Verde. Además, hace parte de las conversaciones en muchos países, incluido India, y ya ha habido un ensayo al respecto en Finlandia, un país conocido por su elaborada red de seguridad social.
No obstante, la idea de entregar una suma igual de dinero a todos, sin condiciones, no es solo un proyecto de los izquierdistas confundidos. Desde finales del siglo XVIII, el ingreso básico universal se ha visto tanto como una forma de ayuda social como una manera de desaparecerla por completo. Eso explica por qué ha atraído a un grupo tan ecléctico de seguidores a través de los siglos, y podría explicar su renacimiento actual.
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La premisa fundamental del ingreso básico universal es que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a un pago en efectivo que les permita subsistir. La clave entonces es la subsistencia: la mayoría de las propuestas hacen énfasis en que el pago debe ser mínimo; tanto que, de hecho, sería un incentivo para los pobres para buscar trabajo. Thomas Paine, el padre fundador y revolucionario del siglo XVIII, fue uno de los primeros en proponer una versión de la idea, en la que la cantidad debía ser suficiente para que una pareja joven "comprara una vaca e instrumentos para cultivar unos acres de tierra".
Unas décadas después de Paine, el filósofo radical belga Joseph Charlier escribió su propuesta para un ingreso básico universal nacional. En ella aseguraba a sus críticos que el tamaño del pago sería muy modesto. "El estado garantizará a todos el pan, pero a nadie las trufas", escribió. "Lástima por los perezosos: tendrán que vivir con lo mínimo. La obligación de la sociedad no va más allá".
La idea de Charlier no logró obtener admiradores, pero el filósofo inglés John Stuart Mill tuvo más suerte a la hora de persuadir a sus lectores. En tiempos de Mill, la pobreza se manejaba de dos maneras: la caridad privada o el trabajo forzado en las llamadas casas de trabajo. En ambos casos, se necesitaba juicios, a menudo subjetivos, sobre si la persona merecía la caridad o debía ser obligada a trabajar.
Mill quería deshacerse de ambos enfoques. "Los dispensarios de alivio público no tienen por qué ser inquisidores", escribió. En cambio, proponía que a todos se les garantizara un ingreso de subsistencia, pero nada más. Quería garantizar que se protegiera a "todas las personas de la necesidad absoluta", pero este ingreso de subsistencia mínima debía ser "menos apetecible que la condición de quienes se soportan a sí mismos".
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Aunque los proponentes de la idea en el siglo XX, incluidos los miembros del Partido Laborista británico, eran estadistas sin remordimientos, no se puede decir lo mismo de otro converso a la idea del ingreso universal básico: el economista libertario Friederich Hayek. Al igual que sus predecesores, el ganador del Nobel creía que el pago debía limitarse a un mínimo; más allá de eso, requeriría "un control o una abolición del mercado".
Hayek argumentaba que la garantía de "un cierto ingreso mínimo para todos, o una especie de piso bajo el cual no puede caer la necesidad de nadie, aun cuando no sea capaz de soportarse a sí mismo" era "totalmente legítima" y una condición "necesaria" para la vida moderna. Sin embargo, Hayek no presentó una ruta institucional para que esto ocurriera.
El economista de la Universidad de Chicago Milton Friedman sí. Al igual que Hayek, despreciaba los programas de ayuda social del gobierno, los cuales atacaban la pobreza a través de un elaborado entramado de estampillas para comida, subsidios de vivienda y otras medidas según las necesidades. Friedman quería acabar con todo eso, reemplazándolo con algo que llamó un "impuesto sobre la renta negativo".
Funcionaba de manera simple: los contribuyentes que no quisieran o no pudieran trabajar recibirían un reembolso suficiente para permitirles subsistir, mínimamente. Friedman creía que el nivel debía ser "lo suficientemente bajo para dar a las personas un incentivo considerable y consistente para ganarse la vida y salir del programa". Todas las demás formas de ayuda serían abolidas.
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Otros defensores del ingreso básico universal en los sesenta y los setenta tenían diversas simpatías ideológicas, pero muchos estaban de acuerdo en que el sistema de seguridad social estaba averiado. El economista John Kenneth Galbraith, en 1966, escribía a favor de un "ingreso mínimo". Anticipándose al argumento de que esto "destruiría los incentivos" para trabajar, replicó: "No obstante, ahora tenemos un sistema de ayuda social que no podría estar mejor diseñado para destruir los incentivos si así lo quisiéramos. Le damos ingresos a los necesitados, y luego se los quitamos si consiguen aunque sea el más pobre de los trabajos".
Sería mucho mejor, argumentaba Galbraith, poner un piso uniforme y universal debajo del cual no pueda caer nadie, y permitir a quienes tengan la voluntad de trabajar complementar este ingreso básico con los frutos de su labor. Miles de economistas pidieron al Congreso considerar la idea en 1968; el Comité para los programas de ingresos de manutención del presidente Lyndon Johnson ofreció apoyo adicional a la propuesta en 1969.
El Comité propuso deshacerse del sistema de ayuda social vigente y reemplazarlo con un "programa de ingreso básico de apoyo" que usaba el impuesto sobre la renta negativo de Friedman. No era ayuda social, pero tampoco era un programa de trabajo. "No creemos conveniente", concluía el informe, "dejar el poder para determinar si un individuo debe trabajar en manos de una agencia gubernamental, cuando podría depender de decisiones individuales e incentivos del mercado".
Era una idea radical, una que limitaba significativamente el poder del estado para dictar los términos del alivio. No obstante, cuando Richard Nixon asumió la presidencia ese mismo año, adoptó la idea, pero le añadió un requisito de trabajo. La nueva propuesta, conocida como Plan de Ayuda Familiar, murió eventualmente en el Congreso porque mantenía lo peor de ambos mundos: la apariencia de que se le daría dinero a quienes no lo merecían y la intrusión del gobierno.
El candidato demócrata George McGovern revivió la idea durante la campaña de 1972, en la que propuso un plan de ingreso básico universal llamado "demogrant", el cual habría dado a cada hombre, mujer y niño US$1.000 al año; pero Nixon logró presentarlo como un regalo a los pobres que no lo merecían, y McGovern tímidamente retiró la propuesta.
Ahora, el ingreso básico universal ha regresado, con el apoyo de una coalición poco probable: los progresistas ansiosos por renovar la "guerra contra la pobreza" y los multimillonarios libertarios de Silicon Valley. Al mismo tiempo, el entusiasmo crece en el extranjero, principalmente en India y, por supuesto, Finlandia (aunque un experimento de dos años allí terminó en diciembre con resultados primarios mixtos).
Tal vez haya lugar para un acuerdo grande del tipo ideado por Mill, Friedman, Galbraith y otros: un pago que termine con los programas de ayuda social tradicionales. Sin embargo, si el ingreso básico universal se convierte en otro híbrido entre la ayuda social y los programas de trabajo, la historia sugiere que está condenado a fallar.
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