El año 2018 será bueno para la economía argentina.
El escenario mundial y las políticas locales apuntan a mejorar en indicadores claves como inflación, inversión, déficit fiscal y crecimiento económico. Esto rompería con la marcada ciclicidad de año electoral/año no electoral que signó la economía nacional desde 2011.
Más aún, 2017 y 2018 marcarían la primera vez en nuestra historia moderna en que se logren dos años consecutivos de mejoras en todos esos parámetros. Pero este escenario no está exento de riesgos ni de problemas que deben tenerse en cuenta a la hora de afinar la toma de decisiones, tanto para los hacedores de estas políticas públicas como para las empresas y los hogares que deban replantearse sus condiciones laborales y de vida.
La inflación en 2017 mejoró muy levemente los números a los que nos habíamos acostumbrado en la última década, rondando el 24%. El desafío de romper este primer piso, quizás el más difícil por la inercia y la psicología colectiva, no puede depender solo de las tasas de interés altas del BCRA.
La buena noticia es que en 2017 se desaceleran los aumentos de tarifas de servicios públicos (que se concentraron en 2015 y 2016) y que el tipo de cambio evolucionaría a la par de los precios.Debe considerarse también el menor gasto en obra pública: 2018 no será año electoral y además la mitad de la inversión se realizará por acuerdos de participación público-privada, mecanismo que seguramente tardará en aceitarse y corregir errores iniciales, aplacando su potencial, al menos durante buena parte de 2018.
La meta de reducción del déficit primario está encaminada tanto en el año que termina (merced al blanqueo y la suba de la recaudación por encima del gasto) como en 2018, donde solo con las medidas ya previstas (el ajuste en la fórmula de movilidad jubilatoria, el traspaso de capital del Banco Nación al Tesoro Nacional y la reducción de subsidios a los servicios públicos) el gobierno nacional se encuentra cerca de alcanzar su objetivo.
Esto no significa que el problema de fondo esté solucionado: el sendero de mejora fiscal debe respetarse para llegar a estabilizar la necesidad de deuda, que hoy sigue jugando en contra de la mejora en el resultado financiero del sector público. Un desvío puede significar que el peso de la deuda externa aumente demasiado, comprometiendo la disponibilidad de recursos para otros gastos necesarios (sociales, por ejemplo).
El crecimiento económico se verá impulsado por la inversión, que aun así deberá competir con las altas tasas de las Lebac y con un horizonte de mediano y largo plazo que aún da espacio a temores respecto de la sostenibilidad de la expansión futura de la demanda.
Sin embargo, los demás componentes de la demanda enfrentarán un escenario mucho menos favorable. Las exportaciones no tienen plafón para incrementarse en forma sustancial, sin políticas públicas de fomento significativas y con un tipo de cambio real que se mantendrá apreciado. El gasto público continuará reduciendo su participación en la demanda agregada.
Finalmente, el consumo de los hogares no tiene fuentes de mejora en el horizonte. El menor aumento en las jubilaciones, el sostenimiento de tasas de desocupación y pobreza elevadas, paritarias que (de cumplirse los deseos del Gobierno) estarán apenas a la par de la inflación o incluso por debajo y la perspectiva de una reforma laboral que ataca con fuerza las condiciones de trabajo y vida de la mayoría de los trabajadores son elementos que no permiten pensar en una mejora del consumo popular.
Habrá, sí, un empuje de la demanda por parte de los hogares de mayores ingresos, con perfiles de consumo más sofisticados (que incluyen más mercancías importadas) y que presentan nichos sobre todo para el sector de empresas vinculadas al comercio exterior.
El año 2018 será clave para consolidar una primera etapa de crecimiento económico para el actual modelo. Pero también será una gran oportunidad para avanzar en lo que aún falta: principalmente, un plan de desarrollo que impulse los nichos productivos con mayor potencial y a su vez tenga como objetivo incluir a una amplia parte de la población que continúa luchando contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social.
