En el portal oficial del Estado nacional hay una solapa, “Acerca de la República Argentina”, en la que aparece la opción de cliquear en “Nuestro país”, link en el que se consignan datos oficiales referidos al mismo, tales como superficie, habitantes, moneda, hora e idioma. En este último caso se establece que el idioma oficial es el “español”, propio de España y de varios países americanos hispanohablantes, al que también es posible referirse con el término “castellano”.
La correcta redacción del español es aquella que se ajusta a las pautas y directivas establecidas por la Real Academia Española, la que, por ejemplo, autoriza a utilizar el femenino para referirse a una mujer que preside un país (“presidenta”). Pues si ese ente autoriza la utilización de ese término, está bien, de lo contrario decir “presidenta” sería incorrecto.
Sin embargo, la Real Academia Española no avala al llamado “lenguaje inclusivo” o “incluyente”, por considerarlo innecesario, complejo y farragoso. Entonces, si un país utiliza una lengua oficial, y ella se rige por las directivas de una entidad determinada, como lo es en nuestro caso la Real Academia Española, sus autoridades no pueden deformarla a la hora de redactar normas y de expresarse en actos públicos. Tampoco los educadores que se desempeñan en instituciones que otorgan títulos oficiales pueden enseñar gramática con un lenguaje incorrecto. En todos los casos se trataría de autoridades y docentes que estarían ejerciendo indebidamente sus funciones en ese sentido.
Es grave, por lo tanto, que en ciertos organismos públicos se imponga un protocolo de comunicación y de redacción inadecuada, y mucho más grave es que ello ocurra en ámbitos universitarios, como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, cuyo rectorado autorizó esa forma de expresión.
El llamado “lenguaje incluyente”, en todas sus versiones, no solo torna compleja la redacción de normas y textos, deteriorándola, sino que además dificulta la lectura de esas normas y textos, desalentando el hábito de leer y escribir, que tanto cuesta instalar entre los argentinos.
Resulta lamentable que, en nombre de una ideología de género, se deteriore tan groseramente el idioma y se aliente una forma vulgar de comunicación, máxime cuando de tal modo no se resuelven las desigualdades que se pretende resolver. Si sacrificar el lenguaje fuera útil para ello, hasta podría requerírsele que haga su aporte para lograr un beneficio mayor; pero destruirlo inocuamente es un verdadero despropósito.
Ya es tedioso escuchar, por ejemplo, a los locutores y conductores de actos oficiales, saludar a “todos, todas y todes” (como lo hizo Laura Novoa en su “desinteresada” conducción en el acto de homenaje a los fallecidos por covid); pero es directamente patético escuchar a los gobernantes expresarse oficialmente de un modo tan vulgar, como por ejemplo a la vicegobernadora del Chaco, quien utilizó los términos “equipos y equipas” , o a Axel Kicillof, quien habló de “docentes y docentas”, o al mismo presidente Fernández, quien espetó insólitamente “albañiles y albañilas”.
El idioma no debe ser ideologizado ni convertirse en un vehículo para la colonización del pensamiento. De hecho, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se han pronunciado en favor de la simplificación del lenguaje desde extremos opuestos del espectro ideológico.
Los destructores del idioma, con sus alocuciones “inclusivas”, argumentan que es la sociedad la que impone los cambios, y señalan particularmente a los adolescentes. En primer lugar, a los adolescentes es aún necesario enseñarles a leer y a interpretar textos (que bastante mal lo hacen, por cierto); pero además no es verdad que la sociedad esté liderando este supuesto “cambio”. Por un lado una reciente encuesta de Giacobbe refleja que el 67,9% de la gente no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, el que solo es defendido por el 19% de la población, y por el otro es claro se trata de una modalidad de expresión que se pretende imponer desde una cúpula de “iluminados” gobernantes, que hasta han sancionado una ley presionando a medios privados de comunicación para que sus periodistas se expresen con lenguaje inclusivo, a riesgo de no recibir pauta publicitaria.
Mientras Francia, país que organiza este año el Foro para la Igualdad de Género, ha prohibido la utilización oficial del lenguaje inclusivo, en la Argentina vamos en el sentido contrario, abriendo una nueva grieta (la gramatical), que podría ser considerada absolutamente perniciosa y definitivamente innecesaria. Es de esperar que, en poco tiempo, en la Argentina no tengamos que declarar una nueva emergencia: la lingüística.
*Abogado constitucionalista. Profesor de Derecho Constitucional, UBA.
