Aquellos habitantes de gran parte del territorio de nuestro continente, que saben que las graves injusticias en sus países podrán encontrar remedio alguna vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomarán nota de que a partir del lunes, cuando asuma la nueva integración de ese máximo tribunal en la ciudad de San José de Costa Rica –capital regional jushumanista–, Eugenio Raúl Zaffaroni se transformará en juez de la patria, ahora Patria Grande.
El seguro impacto en la comunidad jurídica latinoamericana resultará de la fuerza y capacidad de desarrollo que tenga el patrón garantístico de sus sentencias para los magistrados de la región, fundamentalmente en el resguardo de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque el régimen continental de protección y promoción de los derechos humanos que consagra la Convención Americana sin dudas constituyó un giro copernicano en el sistema jerarquizado de fuentes en nuestros ordenamientos, aun cuando el principal país americano no sea parte por no haberla al día de hoy ratificado.
Los derechos económicos, sociales y culturales no escapan a la situación de la región en términos de exclusión, pobreza y marginalidad. Hasta ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desempeñado un papel fundamental en causas relacionadas con muertes, desapariciones y torturas. Llega el momento de plantear nuevos desafíos. La meta hoy es el resguardo de los derechos frente a sociedades desiguales.
Este tribunal de derechos humanos es intérprete último del Pacto de San José de Costa Rica y, no obstante el carácter subsidiario del mecanismo de tutela, guarda en definitiva el poder de control sobre las jurisdicciones internas de los Estados. No es sino por ello que la siempre mentada internacionalización del derecho constitucional, en el marco de la supremacía del sistema y su control de convencionalidad, importa la vinculatoriedad de sus decisiones y la obligatoriedad de sus pronunciamientos específicos, tal como lo consolidó el bloque interpretativo de doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último decenio.
Pese a ello, en la Argentina contemporánea se hacen oír voces en favor de neutralizar estas consecuencias, al maquillarse el alcance de las resoluciones y no disimular la crítica a la legitimidad del órgano. Estas tendencias regresivas nos retrotraen a 1979, cuando durante la célebre visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el entonces régimen de facto apeló a su descalificación hasta llegar a prohibir la difusión del informe que nucleaba las denuncias de más de 5 mil familiares de víctimas de la brutal experiencia nacional.
Desde entonces, en la República Argentina se ha dado un gran impulso a las causas judiciales de crímenes contra la humanidad, lo que la ha constituido en un faro y una referencia ineludible para la región y el mundo en materia de juicios de lesa humanidad.
Así como ese traslado y la gran movilización no se pudieron detener, y signaron como hito el camino de la verdad frente a la masacre, hoy todos los caminos conducen –antes de Roma–a San José. Porque la progresividad y maximización de los derechos humanos constituyeron una marcha, aunque a veces lenta, siempre irreversible.
*Juez federal y profesor titular UBA / UNLP.
