Hace más o menos cuarenta años que el Estado de bienestar (EB) entra paulatinamente en una zona de interrogantes y dilemas en Europa y también en América Latina. Al fin y al cabo, este último estaba diseñado en base al modelo europeo, de acuerdo con las particularidades y limitaciones económicas, culturales, sociales e institucionales de cada país. Las paulatinas crítica y revisión del EB son empujadas por una crisis del capitalismo global que desencadena el predominio de las políticas económico-sociales llamadas neoliberales del Consenso de Washington. Antes de esta etapa, los muy pobres estaban atendidos poco o mucho por la asistencia social (comida al que tiene hambre, colchón al que no tiene cama, chapa al que no tiene techo, changa al que no tiene trabajo) y los hospitales estatales, y los trabajadores formales y sus familias por alguna forma de la seguridad social. La nueva preocupación con los pobres, desarrollada en estos años, es la eficiencia en el gasto y que llegue al que necesita, y para ello el pobre tiene que probar su necesidad e imposibilidad de afrontar las desventuras solo, a partir de lo cual se confecciona un padrón de beneficiarios. Ello da lugar a una extensa gama de programas focalizados, más o menos condicionados a requisitos que hay que cumplir y, como la antigua asistencia social, también da lugar a todo tipo de discriminaciones.
El modelo burocrático a través del cual se implementan estos programas es esencialmente el de la vieja asistencia social, adhiriendo sí conceptualmente a la necesidad de integración (porque en las familias y los individuos los problemas son interdependientes), pero con poca realidad de instrumentación de esa necesidad. Por otra parte, hay pocos países que tiendan a reemplazar, en los terrenos sociales en que es viable, los programas para los pobres por sistemas universales, como intentó pero no lo logró completamente entre nosotros la asignación por hijo (AUH). Hay intereses de grupo que conspiran contra ello y también del propio Estado, porque presupone una reforma impositiva simultánea. Por otra parte, no se trata solamente de dar subsidio para tonificar el ingreso: se trata de generar capacidades para un verdadero desarrollo social. Corolario: tenemos una perspectiva de atender el sector más débil de la sociedad con programación específica hasta que paulatinamente la transformemos en sistemas universales e induzcamos cambios en la educación y los mercados de trabajo; esto si es que la sociedad y el sistema político quieren esa transformación.
Pero es claro que la integración de programas, o su adecuada coordinación, no sólo mejora su eficiencia y eficacia, sino que ayuda a que los beneficiarios se sientan respetados y usufructuando un derecho, y no receptores de una actitud meramente generosa del Estado. Se intentó en muchos países darle una voz fuerte e integrada al sector social que compensara la frecuente dictadura de las políticas económicas. Integración que potenciara el efecto de las políticas parciales –educación con salud, trabajo con capacitación, etc.–. Hay experiencia de intentos en tal sentido, como los consejos económico-sociales o los gabinetes sociales, en los que se obliga a los distintos sectores del Estado e incluso de la sociedad civil a racionalizar sus acciones, pero casi siempre faltan la continuidad y una educación de las tecnoburocracias que facilite las cosas. La incoordinación de programas de distintas agencias destinados a la misma población compromete no sólo la eficiencia sino el mismo cumplimiento de los objetivos. Un cambio de gobierno, y la necesidad de reformar los atributos del Estado, es una oportunidad favorable para encararlo.
*Ex ministro de Salud y Acción Social de Raúl Alfonsín, y en dos períodos diputado nacional por la CR.
