La llamarada Báez & Cía. obnubila y esconde. Tanto que si Jorge Lanata, con sus investigaciones y pesquisas, no fuera quien mayor daño les produjo a los Kirchner en toda su “década ganada”, uno podría pensar que ha sido utilizado como pantalla para ocultar la inflación, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, entre otros temas postergados a la trastienda por la luminaria apasionante de la corrupción. Y el fogonazo del periodista y sus repetidoras ya lleva más de un mes de posición dominante, ampliado, multiplicado, creciente, incluso al margen del propio autor. Tamaño impacto epidémico hasta distrajo a la gente de sus propios intereses, su salario, por ejemplo, de una negociación en la que se repite con candor u obscena complicidad que las paritarias son libres cuando el Gobierno impuso bajo amenaza un techo de 24% a cualquier aumento gremial (es cierto, sin embargo, que ese porcentaje doblegó el propósito inicial de Cristina por unificar el incremento del año en sólo 20%).
Todos los gremios, entonces, se sometieron a la categorización igualitaria, militar e injusta, sin discutir niveles de actividad, beneficios o esfuerzos, desechando incluso el notable desequilibrio en los sueldos que separa a un camionero o a un mecánico de lo que percibe un sumergido metalúrgico, el gremio que no casualmente la Casa Rosada eligió como modelo para disponer la corrección salarial “para todos y todas”. Sorprende este final de la UOM frente al pasado más o menos burocrático de Vandor, Niembro, Campitos, Rosendo García, Minguito, Piccinini, Lorenzo Miguel y José Rucci, hoy en las titubeantes manos de Antonio Caló e, inexplicablemente, del matusalénico Juan Belén, que no recuerda siquiera quién fue él mismo (aunque, seguramente explicará con sordina que volvieron a engañar a una mujer ingenua porque suscriben el aumento sobre una categoría superior que no existía y, en consecuencia, el derrame de ésta al establecerse un mínimo beneficia al resto más numeroso y atrasado).
Decadencia doble, general. Por un lado, un gobierno declarado peronista, más aun “evitista” si lo habilitaran, que se encarga de fulminar cualquier aumento adicional al 24%, invocando la defensa de empresas y sectores ya vulnerados por las consecuencias económicas del “proyecto oficial”. Rara protección mientras desde el atril se sostiene y objeta el rédito formidable que han obtenido los empresarios. Pero más rara aun es la extensión de ese límite a quienes deciden conceder incrementos mayores al 24%, compromiso que han celebrado cámaras con sindicatos y que el Ministerio de Trabajo insiste en no homologar. Cuesta entender este fenómeno perverso, a menos que se acepte que los salarios son los que encienden la inflación. Más entendible, en cambio, es la voracidad peronista de Cristina, que por captar adhesiones les devuelve una fortuna a Bancarios (1% de la masa salarial) para que la administre un radical como Sergio Palazzo y, en devolución política –ya que de la económica no se habla en esta columna–, el gremialista salta de la CGT de Hugo Moyano a la oficial de Balcarce 50.
Por el otro deterioro van los gremios que firman insolencias poco explicables: Luz y Fuerza conserva el mismo salario pero se resta para compensar una hora a la jornada habitual de ocho, con lo cual en siete años –de mantener esta política supresora– todos sus afiliados se quedarán sin trabajo (y, por supuesto, ni siquiera señalan que la medida obedece a una obvia pérdida de empleo provocada por el quinteto cristinista de Economía, como si la Argentina fuera la Francia de hace diez años y la prosperidad socialista facilitara el ocio laboral reduciendo las jornadas a cumplir); los metalúrgicos, entre tanto, suscriben su paritaria y juran comportarse como si las fábricas fueran cuarteles, proscribiendo el derecho de huelga a sus dóciles soldados (eso sí, por un año nada más); los mercantiles, a su vez, como tantos otros, han decidido aplicarles un impuesto disfrazado de aporte extraordinario a sus propios afiliados para solventar la obra social del gremio, devastada por la inflación y los fondos que les niega el Gobierno a pesar de haberlos cobrado en su representación. Y que seguramente no los devolverá nunca por la sencilla razón de que los dilapidó en la “década ganada”. Más aun, desde la Casa Rosada los amenazan con confiscarles las obras sociales por sospechas o evidencias a través del dinámico dúo Korenfeld-Di Césare y hacerse cargo de brindarle el servicio médico a toda la población enrolada, como si fuera un desayuno exprés atender a más de 15 millones de almas gobernadas por paraestatales camporistas, duchos en gastar sin rendir. Ofensivo cuadro para la perspectiva histórica de la CGT de los Argentinos, de los 25 y hasta de la CGT Azopardo.
Si hasta patético resulta ver su aplauso en actos que convalidan procedimientos que les corresponderían a las organizaciones obreras, si se hace caso al pregón intervencionista del peronismo. Por caso, las brigadas para controlar los precios en supermercados, que serán protagonizadas por “jóvenes militantes” del oficialismo con menos responsabilidades que hijos –al menos frente a cualquier trabajador–, germen para organizarse en ese y en otros usos vigilantes, orwellianos, cuando en rigor cualquier sindicato velaría mucho mejor por la pérdida de los ingresos de sus afiliados en las góndolas. Si esa avanzada intrusoria fuese cierta, por otra parte. Se conocen los nombres eternos de los asociados al Gobierno, porque cobran o porque pagan (una novedad en el kirchnerismo). Los otros, que antes fueron funcionales, se dedican al escapismo de fundar partidos. No uno; dos, mejor, como si fueran sucursales de una línea comercial, como Moyano y el Momo Venegas. Más entretenimiento que función, de ahí que tantos –no sólo los trabajadores– hasta desatiendan el bolsillo, sus salarios, para privilegiar el divertimento semanal, “bihebdo”, diario o minuto a minuto de Lanata.
Por lo menos aprenden dónde está el queso, quién se come el queso.
