El 22 de noviembre de 2005, siendo aún ministro de Economía del entonces presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna pronunció un recordado discurso ante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Dijo en ese ámbito Lavagna: “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”. Ante el silencio y el azoramiento de los asistentes, el ministro continuó: “El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco Mundial”. El caso en cuestión tenía que ver con las irregularidades detectadas por las investigaciones que había realizado el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial (BM) relativas al Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por Resultados), hecho que obligó a aquel gobierno de Kirchner a suspender diez licitaciones. Lo que el BM detectó fue que se había presentado un grupo de empresas con precios parecidos, todos los cuales estaban por arriba del rango superior a los valores de mercado. Kirchner, enfurecido por esta declaración de su ministro de Economía, hizo dos cosas: la primera, decirles a las empresas constructoras que ellas eran “la columna vertebral del país”; la segunda, echar a Lavagna luego de cortarle el diálogo por varios días.
Siempre más. Cuando creíamos haber visto todo acerca de la corrupción del kirchnerismo, la historia de los cuadernos de Oscar Centeno, el hombre que de ser chofer de la madre de Julio de Vido pasó a serlo de Roberto Baratta –su mano derecha en el Ministerio de Planificación–, nos pone frente a un episodio más de la frondosa casuística de la corrupción a lo largo de los 12 años que el matrimonio Kirchner ejerció el poder. Este hecho, sin embargo, presenta un addendum que lo hace aún más impactante: el involucramiento de un grupo de poderosos empresarios que hoy están presos. Lo que se vivió entre el miércoles, el jueves y el viernes en las sedes de muchas importantes corporaciones y en los domicilios de sus gerentes y dueños es ya parte de un anecdotario frondoso y variopinto. “¿Vendrán por mí?”, se preguntó con desasosiego más de uno de esos poderosos hombres de negocios al ver el despliegue policial que llegaba a casas vecinas.
La opinión pública ya estaba “acostumbrada” a los bolsos en los que circulaba el dinero de la corrupción K. Se habían visto en La Rosadita y en el caso del ex secretario de Obras Públicas José López. Lo que no se había visto aún era la aparición de un partícipe de la corrupción K que, con una pertinaz obsesión, se dedicó a anotar días, horas, minutos, segundos, domicilios, lugares y trayectos del derrotero del delito. El único empresario K detenido en esta ocasión es Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, una mediana empresa dedicada al armado de tableros electrónicos que, apartir del advenimiento de los Kirchner, tuvo dinero para expandirse a la construcción de empresas hidroeléctricas, medios de comunicación, y otras áreas sobre las cuales su experiencia y capacidad operativa eran nulas.
El así llamado “Club de la Obra Pública” representa uno de los grandes males de la Argentina. Negado cuando se habla en “on” por las diferentes autoridades de la Cámara de la Construcción de todos los tiempos y confirmado en las conversaciones en “off”.
Conviven y comparten la metodología empresarios como Carlos Wagner –un “mimado” de Cristina y aportante a sus campañas– de Esuco, la empresa donde trabajó en sus comienzos el arquitecto Julio de Vido, con Javier Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, la ex empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. En la información existente en los cuadernos, las coimas giran alrededor de las obras energéticas. Wagner, por ejemplo, aparecería muy complicado en el tema Yacyretá. En el caso de Iecsa llama la atención que aquí el detenido haya sido solo el CEO de la empresa y no su propietario. El mismo interrogante vale para la empresa del Grupo Pescarmona. A ese “Club de la Obra Pública” supo pertenecer también la empresa de la familia del Presidente. No solo perteneció sino que compartió sus mismos vicios. El escandaloso contrato para la colocación de cloacas entre Sideco –firma de la Sociedad Macri (Socma) y la intendencia de Morón en tiempos del intendente Juan Carlos Rou-sselot– en nada se diferencia de lo que fue norma en el kirchnerato.
La corrupción se vio despuntar tempranamente en el caso Skanska. En el libro de Pablo Abiad, El Club K de la Obra Pública, se consigna una ya famosa grabación en la que el gerente comercial de la empresa hablaba de llevar valijas “al pingüino de acá a dos cuadras”. Por eso, las objeciones que se esgrimen desde el kirchnerismo como intento de neutralización de la denuncia –¿por qué ahora?; esto es una bomba de humo lanzada por el Gobierno para tapar la realidad socioeconómica; etc.– resultan fatuas. Los hechos son tan irrefutables que ameritan solo una cosa por hacer: investigarlos en profundidad y juzgar y condenar a sus culpables. En las últimas horas hubo una circunstancia de alto valor para el caso: la decisión del empresario Juan de Goycoechea de ser “arrepentido”. Es decir, hablar y aportar evidencias comprobables.
El controvertido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli tienen la gran oportunidad de demostrarle a la sociedad que están dispuestos a cumplir con su deber republicano. Porque es en el comportamiento de la Justicia donde se debe poner el foco del problema que deja expuesto este y el resto de los casos de corrupción de la historia reciente de la Argentina.
La Justicia ha demostrado ser escandalosamente ineficiente para juzgar la corrupción del poder. La causa más emblemática que ratifica esta afirmación es la de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, en 1995. Carlos Menem, condenado a 7 años de prisión 22 años después de cometido el ilícito, anda libre por la vida gozando de la inmunidad que le da su condición de senador.
Por eso, no fue casual que el material sobre el que gira toda la causa se lo hayan enviado a un periodista de primer nivel, Diego Cabot –implacable en su rigurosidad e intachable en su honestidad– y no a un juez o a un fiscal.
La Justicia lenta no es Justicia. ¿Lo seguirá siendo o no? Parece una pregunta salida de Hamlet. Nada que sorprenda. “Algo huele mal en Dinamarca” es una frase que podría aplicarse a la Argentina de cada día, del presente y del pasado.
Producción periodística: Lucía Di Carlo.
