La cobertura periodística de las propuestas de potenciales candidatos presidenciales revela una llamativa coincidencia en atribuir a la pobreza un papel principal –y en algunos casos, casi excluyente de otros factores– entre las causas del delito, y un desacuerdo notorio en la imputabilidad penal de los menores. En materia de seguridad interna, en el corto plazo, los ciudadanos no podemos esperar demasiado de los dirigentes políticos. Tampoco sabemos qué harían para enfrentar el flagelo de la pobreza –excepto Pino Solanas, quien anunció la brillante iniciativa de promover una ley para erradicarla–. No es difícil concluir que la delincuencia está para quedarse entre nosotros mucho tiempo.
La idea de que la delincuencia es causada por la pobreza es de tal simplicidad que hasta resulta difícil discutirla. En México, donde a diferencia de la Argentina la pobreza viene disminuyendo desde hace años, los homicidios dolosos y el robo de automóviles crecen en los últimos años a tasas altísimas. Según un artículo reciente de Jorge Castañeda en el diario Reforma, ese crecimiento es independiente del enorme aumento de los delitos vinculados al narcotráfico. Y si los dos fenómenos estuviesen relacionados, algo es claro: no es la pobreza lo que explica el narcotráfico.
La Argentina vive sacudida por una ola creciente de homicidios relacionados con asaltos, robos de bancos y caudales, fraudes con medicamentos y delitos diversos de guante blanco, además de una creciente actividad de narcotráfico de gran envergadura. En las mediciones de opinión pública desde hace ya unos años la seguridad interna es el tema dominante en las preocupaciones ciudadanas. Pocas personas comunes piensan que la principal causa de esto es la pobreza, y es poco probable que los dirigentes convenzan a los votantes al respecto. No hay duda de que la mayor parte de esos delitos de envergadura –por su magnitud o por sus consecuencias– son cometidos por personas de clase media o por grupos criminales bien organizados, bien armados y bien informados. Qué lleva a la gente a delinquir, y qué explica el crecimiento de organizaciones delictivas organizadas, es un tema muy complejo acerca del cual hay poco acuerdo. Pero es difícil sostener que la pobreza es el principal factor.
Hay personas que piensan que en nuestro un país hay menos pobreza de la que realmente hay. En general, para no contradecir el dogma de que el delito se origina en la pobreza, alegan que tampoco hay tanto crimen –o sea, estaríamos libres de los dos flagelos, el del delito y el de la pobreza–. Tampoco casi nadie cree eso, desde luego.
Lo más probable es que distintos tipos de delito obedezcan a distintas causas –todas muy complejas–. Aun así, en el mundo existe bastante consenso acerca de algunos factores que –sin ser causas últimas en la cadena de eslabones que generan conductas delictivas– contribuyen a potenciar el crimen. Las características de las fuerzas policiales, la Justicia Penal, las cárceles y los nexos entre agentes del Estado y el narcotráfico son los más importantes, cada uno por sí mismo y en interacción con los otros dos. En esos cuatro aspectos, la Argentina no está bien, posiblemente peor que antes. No se entiende por qué los políticos no hablan demasiado de estas cosas y sí hablan de la pobreza.
La reducción de la edad de imputabilidad es aceptada por mucha gente. Parece innegable que algo hay que hacer con monstruitos menores de edad capaces de asesinar a alguien para robarle unos pesos. Pero planteada en forma aislada del conjunto complejo de factores que potencian la delincuencia, no producirá resultados –excepto, tal vez, puntos en las encuestas a quienes las propugnan–. Hay quienes dudan de la efectividad del encarcelamiento para restituir a pequeños delincuentes a una vida productiva. Pero no hay duda de que, en las condiciones actuales del sistema carcelario, un menor en un establecimiento penal no será otra cosa en su vida que un delincuente mejor entrenado.
Mejorar la calidad y la efectividad de la policía, asegurar una Justicia eficiente y proba, revolucionar el sistema carcelario y el concepto mismo de lo que se busca con el castigo, atacar al narcotráfico organizado desde las raíces de la estructura del Estado, son objetivos posibles. Nada mejorará de un día para otro, pero todo puede mejorar gradualmente: algún día hay que empezar. Y, por supuesto, hay que ocuparse de la pobreza –el mayor de todos los problemas, aunque no el primero que aflige a la gente según las encuestas–; de este tema tampoco se dice demasiado, porque parece que estamos raquíticos de ideas acerca de cómo encarar esta batalla.
*Rector de la Universidad Torcuato Di Tella.