El nivel inicial está entre las prioridades de la nueva gestión de gobierno, según el discurso presidencial de asunción. Lo que pasa en la primera infancia queda para toda la vida. Las políticas de primera infancia son claves para el desarrollo de las personas y, en consecuencia, de la sociedad. La educación inicial es un eslabón imprescindible para garantizar el derecho de todos los niños a la crianza, la enseñanza y el cuidado.
La educación inicial avanzó mucho en los últimos 15 años. La Ley Nacional de Educación de 2006 la reconoció como el primer nivel del sistema educativo para los niños desde los 45 días hasta los cinco años, siendo obligatorios los dos últimos años. La sala de cinco ya es universal en todo el país y la cobertura de las salas de sala de cuatro creció enormemente. Entre 2010 y 2016, las tasas de matriculación de las salas de cuatro y tres pasaron del 73% al 85%, y del 36% al 41%, respectivamente.
Sin embargo, como señaló el Presidente, la oferta de educación inicial sigue siendo insuficiente y dispar. Una investigación de Cippec y Unicef muestra que los niños más pequeños de familias de menores ingresos, y de ciertas provincias y territorios alejados de las grandes metrópolis, tienen muchas menos probabilidades de acceder al jardín. Mientras en Tierra del Fuego y La Rioja asisten más del 90% de los chicos de cuatro años, en Tucumán o Formosa van poco más que la mitad. En este escenario, y dada la situación presupuestaria, planificar y priorizar es clave.
Que se garantice la obligatoriedad de la sala de cuatro y universalización de la sala de tres es crucial. La ampliación de la cobertura debe seguir criterios de equidad, priorización territorial e inversión. Para ello, deben establecerse, junto con las provincias, metas graduales de ampliación.
También es necesario articular los distintos y desiguales tipos de oferta. En las provincias conviven jardines oficiales con otras ofertas para la primera infancia de calidad heterogénea y desigual. Los niños de Argentina transitan circuitos diferentes antes de entrar a la escuela primaria. A los jardines maternales y de infantes que dependen de los Ministerios de Educación, se suman espacios de cuidado o desarrollo infantil y una zona gris de jardines no incorporados al sistema educativo oficial (muchas veces llamados “clandestinos”), que en general funcionan amparados en la regulación vigente para los establecimientos comerciales.
Es fundamental que estas ofertas sigan criterios federales y consensuados desde una mirada integral. Para lograrlo, se precisa un marco federal para la crianza, la enseñanza y el cuidado que garantice, para todos los establecimientos, acuerdos sobre aspectos como los objetivos y principios, las condiciones de infraestructura y mobiliario, higiene y nutrición, los ratios profesional/niños, los perfiles de los profesionales, y el acompañamiento a las familias y comunidades.
Los jardines no oficiales también deben ser regulados. La Ley 27.064 sentó las bases para avanzar y algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Juan, vienen dando pasos importantes. Sin embargo, todavía no se sabe cuántos son, dónde están, ni cómo trabajan con los niños. Es necesario combinar esfuerzos entre el gobierno nacional y los provinciales para identificar estas instituciones, acompañarlas en el proceso de regularización, y contar con equipos que les den supervisión pedagógica.
En este sentido, la educación inicial debe integrar un conjunto de políticas para la primera infancia pensadas de manera cohesionada e integral. Es decir, aún una ampliación del nivel inicial planificada no sería suficiente para poder garantizar los derechos de todos los niños. También se necesitan políticas que garanticen licencias laborales para cuidar y transferencias de ingresos hacia las familias, acompañadas por una recomposición del mercado de trabajo.
*/**Directora e Investigadora asociada, respectivamente, del programa de Educación de Cippec.
