Quien acepta llamar “corrupta” a toda sociedad en la que circulan relatos sobre la corrupción en sus instituciones, y reconoce que cualquier índice que pretenda medir la corrupción de un país refleja la curiosidad pública sobre el tema y la transparencia de las instituciones a los aspectos corruptos de su funcionamiento, termina resignándose a este flagelo vigente desde que el mundo es así de mundo. Que altos oficiales y hasta la máxima autoridad del Ejército estuvieran comprometidos en hechos dolosos, asombró menos que la novedad de que el Estado los sancionase remitiéndolos a la Justicia. La escena real habría sido más compleja: al parecer un fraude reciente que comprometía a altos oficiales provocó su separación de la fuerza y poco después se exhumó la causa que desde hace más de cinco años justificaba el procesamiento del jefe del Ejército. Los listos quedaron invitados a pensar que la caída del general Bendini bien pudo ser un castigo por haberle soltado la mano a sus subordinados en desgracia. Pero, en todo caso, hay que computar el episodio a una nueva victoria K instrumentada por la ministra Nilda Garré.
Difícilmente haya en el campo de la cultura alguien que no celebre cada avance del poder civil sobre la corporación militar, y hasta yo aplaudiría a la ministra si se hiciera pública la política de seguridad del Estado. Pero esa política –como las tributaria, minera, agraria, industrial, de salud, cultural y tantas más–, si existiese, sigue siendo un misterio a develar a partir de unos pocos golpes de efecto electoralistas, o, si se acepta, “populistas”, como aquel de las retenciones. Poca gente, o casi nadie en el campo de la cultura, manifiesta interés por el tema de la seguridad nacional. Piensan como si viviesen en Australia o en Babia y no bajo el ardiente contexto político-militar de Sudamérica, con tres vecinos como Chile, Venezuela y Brasil que, cada cual a su modo, tienen proyectos de seguridad bien explícitos, autosostenidos y, al menos en los dos limítrofes, visiblemente exitosos.
Mientras, todo indica una inminente politización de las tres fuerzas armadas que, por ahora, se manifiesta en una simpatía oficialista: siempre muy informado, Jorge Asís enumera en su blog a los generales “garristas”, no por su garra sino por Garré. En cuanto a la corrupción en la fuerza, la minimiza, como “corruptela funcional para sortear las obturaciones de la burocracia”. En esto coincide con el insider Rosendo Fraga, que desde La Nación sugirió que los fondos desaparecidos pudieron haberse destinando a reforzar “un presupuesto militar que está en crisis desde hace mucho tiempo por falta de recursos”. Esto es lo que hay. Resignémonos.