A lcanzar una dinámica económica con alta productividad y distribución equitativa de los ingresos, en un contexto institucional democrático republicano, parece un objetivo digno de perseguir. Países desarrollados de Occidente se acercan a ese ideal, aun cuando todavía resta mejorar la distribución de lo que se produce. Pero en estos casos el problema es sólo superestructural (político-ideológico), mientras que los países en vías de desarrollo deben aún “revolucionar” su estructura productiva para disponer de lo que se quiere distribuir. Los primeros lo hicieron a través del proceso que Marx llamó “la acumulación originaria”, favorecidos por la ausencia de gobiernos democráticos que pusieran límites a sus apropiaciones. Mucho después, la dictadura de Pinochet en Chile jugó un papel parecido; y en un proceso diferente, pero también conducido por gobiernos no democráticos, China se convierte en la segunda economía del mundo.
Lo anterior no significa que sólo con gobiernos no democráticos pueda superarse el atraso económico (ni que sean necesarios los “ajustes salvajes”). El desafío pasa por revisar prácticas inspiradas en una democracia participativa, pero cuidando de no afectar el poder soberano del pueblo. Más allá de las dudas derivadas del Brexit o de la consulta por el acuerdo de paz en Colombia, parece claro que el pueblo no tiene los conocimientos necesarios para evaluar el tipo de políticas adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos; por lo que su facultad soberana debería centrarse en evaluar resultados al final del mandato. La Constitución de España, al establecer que el voto ciudadano no es “imperativo”, va en ese camino.
En nuestro país, los gobernantes son evaluados antes de cumplir dos años en su mandato: descontando el tiempo necesario para conocer la situación heredada, meses después comienzan ya las campañas por las elecciones de medio término, cuando a la resistencia de los diferentes grupos de intereses afectados se les suman los ataques de la oposición que, en su afán de ganar votos, incentiva al pueblo para “castigar” al gobierno y debilitarlo. Frente al peligro de perder fuerzas en ese primer test electoral, los gobiernos son llamados a postergar toda medida cuyo impacto se hará visible sólo en el mediano plazo; medidas que son sustituidas por soluciones de parche. Pero este imperativo cortoplacista influye también en las propuestas que la oposición hace públicas para ganarse la voluntad de las mayorías. Es lo que se observa en el escenario político actual, donde, dejando de lado consignas ingenuas de la izquierda tradicional o las ofertas desmentidas por el pasado reciente, una fuerza política con probada solidez técnica como para proponer cambios estructurales que permitan salir del estancamiento económico pone el acento en la baja de los precios a partir de la fácil salida de modificar el IVA.
Los precios altos son el resultado complejo de una economía con baja productividad (fruto de pocas inversiones y atraso tecnológico); con costos laborales (no el salario del trabajador) muy altos, derivados de convenios demagógicos; y con una abultada carga impositiva que repercute fuertemente en esos precios (a lo que se agregan otros elementos no estructurales, como las cadenas formadoras de precios, etc.).
Frente a la complejidad de este problema, una propuesta que se limita a la reducción del IVA significa quedar atrapado en el corto plazo y dejar sin resolver los problemas que llevan al estancamiento económico. Con el agravante de que esa propuesta entra inevitablemente en contradicción con otros mecanismos del frágil equilibrio cortoplacista: al reducir el cobro de impuestos, se resiente la capacidad del Estado para sostener los subsidios generalizados y diversas formas de asistencialismo, los que se hicieron necesarios precisamente por la ausencia de una economía con alta productividad, generadora de empleo genuino y capaz de pagar buenos salarios.
*Sociólogo.
Cortoplacismo y voto Ciudadano
