Es muy difícil en estos días escribir algo sin que lo impregne el Covid-19. Esta “impregnación” no es lo mejor en el marco del aislamiento forzado, ya que nos mantiene en el círculo vicioso: temor vs. rabia. El director de la OMS habla de cómo adecuar nuestras nuevas formas de vida y trabajo para lograr vivir mejor con salud física, psíquica y social, según la definición de salud de la OMS desde hace décadas. No se refiere explícitamente a la violencia de género. Algo que no podemos no mencionar porque estamos ante dos pandemias: una nueva, la de Covid-19, y otra muy vieja como es la violencia de género. El problema es que la prevención para la nueva pandemia, el aislamiento forzoso, favorece a la segunda. El mayor aislamiento en la casa y la interrupción de todos los contactos extradomiciliarios, sean permanentes o esporádicos, pone a las mujeres, niñas, niños, adolescentes e integrantes de la diversidad en alto riesgo de padecer violencia, también violencia institucional. Así, lo que ayuda a combatir el nuevo virus aumenta la frecuencia de violencia de género, una pandemia invisibilizada. La OMS tardó en reconocerla como un problema de salud pública y aceptarla como tal. Esto también ocurrió en el sistema de derechos humanos; recién a fines del siglo XX y por la activa exigencia de las feministas se logró en Viena reconocer la violencia de género como una violación a los derechos humanos.
En 14 días de cuarentena hubo 12 mujeres asesinadas. Comparando con el año pasado, en estas dos semanas de cuarentena hay una mujer asesinada cada 28 horas, en 2019 una cada 30 horas. Este es el dato más confiable disponible; necesitamos poder comparar con las dos semanas de marzo de años anteriores para evaluar su variación. No sabemos cuántos episodios de violencias no letales hubo. Aumentaron las llamadas al 144 y otras líneas, como Fernández Escudero informa el domingo en 50/50 según declaraciones de la ministra de Justicia y del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero este dato no mide los episodios ya que incluye consultas muy diversas. Deberíamos poder depurar cuántas son denuncias y compararlas con datos de las mismas semanas en años anteriores. Los déficits del sistema de registro se visualizan ahora claramente. A diez años de aprobada la Ley 26.485, aún los datos no están disponibles. Esperemos que el Covid-19 ayude a tenerlos. Los organismos nacionales, provinciales y locales diversificaron las formas de pedido de ayuda, para hacerlo por WhatsApp, algo muy urgente para resguardar a quienes llaman. El “barbijo rojo” con la participación de las farmacias es otra opción, sola no es efectiva, pero sumada a otras contribuye. El desafío es cómo responden los organismos estatales a estos pedidos. Si no son acompañadas, estas medidas no impiden los femicidios ni las lesiones. Ahora es imprescindible acompañar a esas mujeres. No se hizo en tiempos normales, lograrlo ahora sería un gran aporte.
Las feministas estamos promoviendo sensibilizar acerca de cómo el Covid-19 tiene sus raíces en el sistema opresor de toda la diversidad de mujeres en su ciclo vital. Las feministas propusimos respuestas integrales que ahora reiteramos. Un modelo económico basado en el patriarcado con la desvalorización de las mujeres traducida en múltiples discriminaciones, que en lo económico no incorpora su aporte con las tareas del cuidado no remunerado y que prioriza el manejo de los recursos naturales desde una perspectiva extractivista y lucrativa sin respetar el cuidado del medio ambiente ni los derechos de las personas a nivel individual y colectivo debe cambiar. La privatización de los servicios de salud hizo que la pandemia encuentre servicios públicos débiles y con poca capacidad de respuesta a las nuevas necesidades. Los servicios privados están en mejores condiciones de respuesta, pero el acceso a ellos no es igual para toda la población. Las mujeres tenemos menor accesibilidad, esta es una clara discriminación por capacidad económica. El virus evidenció lo que las feministas denunciamos hace años. Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación trata de asegurar el acceso igualitario a todos los servicios de salud, y surgen los reclamos de autonomía de los sectores privados. La solución no es estatizar todos los servicios pero sí coordinarlos y articularlos; eso promovió el Seguro Nacional de Salud en los 80, pero fue desvirtuado por las presiones corporativas. ¿Es ahora posible? Otro desafío que esperamos se logre.
