Las elecciones del 22 de octubre son consideradas por muchos funcionarios de Casa Rosada un gran “referéndum” o “plebiscito” sobre la mitad de la gestión.
Quizá, soslayando la importancia institucional que comprenden las elecciones legislativas (ver más en https://goo.gl/mmJSHZ), el Gobierno apunta a contener cualquier atisbo de descontento popular sobre su gestión, así como también de las expectativas que pudieren generar otras fuerzas política de cara a 2019.
Repasando brevemente algunos los “hitos” en la comunicación del Gobierno, la estrategia que planteó el equipo de Macri desde el comienzo de su gestión fue establecer un punto de partida, un “problema original”, que “ellos” se proponían solucionar. Es lo que en comunicación política llamamos “primera etapa” en la construcción de un relato político. De allí surgió, entre otros conceptos, el de la “pesada herencia”.
A poco más de 16 meses de asumir la presidencia, la estrategia del relato giró en torno al “haciendo lo que había que hacer”. El concepto central de esta etapa de la comunicación del Gobierno está dado por el rol que Cambiemos difunde sobre el Estado: en las obras cotidianas, en lo que mejora la vida diaria de las personas, es donde está el cambio.
Seguramente, en las próximas semanas comiencen a definir una estrategia en la cual se transmita la necesidad de continuar manteniendo el actual statu quo, es decir, evitar que el Frente para la Vitoria sume nuevas bancas, y el radicalismo, el principal aliado del PRO en Cambiemos, las pierda.
Sin embargo, en un segundo plano, el Gobierno va a plantear una segunda estrategia comunicacional, quizá tan importante como la de movilizar a su electorado o seducir al indiferente en las urnas: movilizar fiscales.
Se trata de una problemática que afecta, en diferente medida, a todos los partidos políticos. Al profundizarse la crisis de representación política que se viene dando desde hace años y la consecuente desafección y apatía de las personas respecto a los partidos, cada vez será más necesario plantearse una estrategia de comunicación paralela dedicada a movilizar fiscales.
El desafío es inmenso. En el país se habilitan 95 mil mesas para este año electoral, lo cual representa un reto institucional por el costo económico que demanda disponer de autoridades de mesa, la labor logística que realiza el correo al transportar las actas y todo el costo de impresión del material electoral. Pero, además, es una prueba a la que todos los partidos se enfrentan en cada elección: conseguir fiscales que cubran todas las mesas a lo largo y a lo ancho del país.
En cualquier campaña, el primer trabajo que tienen quienes encabezan el equipo, o manejan el presupuesto, es intentar cubrir “todas”. Está claro que algunos distritos poseen características propias y algunos son preponderantes por su potencial incidencia en los resultados, y que tantos otros distritos no, y por ende no ameritan tantos esfuerzos en materia de fiscalización.
Por ejemplo, el 86% de la población de la Argentina reside en los 12 distritos más poblados del país (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero). Es decir, que en los otros 12 distritos está “sólo” el 14% de la población.
El mismo ejercicio podría hacerse con los municipios más poblados, teniendo en cuenta que algunos distritos del Conurbano concentran más población que varias provincias tomadas en conjunto. Incluso, es posible trabajar sobre los barrios más poblados del país.
En definitiva, el recorte para destinar eficientemente los recursos, sean económicos o logísticos, varía según el análisis que el equipo de campaña realice. Es quizás allí donde se palpite el inicio de una campaña exitosa.
*Sociólogo. Autor de Gustar, ganar y gobernar. Cómo triunfar en el arte de convencer.
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