En la Argentina de hoy no operan guerrillas; tampoco existe la certeza de un inminente golpe de Estado militar. Esto hace distinta la situación política, pero los datos económicos y sociales parecen calcados, con las proyecciones del caso, de los de 1975, cuando gobernaba otra presidenta peronista, Isabel Perón.
En un marco de desaforada corrupción, el déficit fiscal, la inflación, el dólar disparado, la crisis del comercio exterior y la caída de las reservas internacionales, entre otros datos negativos, llevaron a Isabel a aprobar el famoso Rodrigazo –por Celestino Rodrigo, su efímero ministro de Economía–, un terrorífico “ajuste” que precipitó el caos económico y social y el golpe de Estado.
Ahora, en un marco de similar gravedad, pero ante un cambio institucional inminente, su correligionaria Cristina Fernández se limita a ganar tiempo para que el próximo gobierno, cualquiera que sea, se haga cargo del asunto. Cristina no planea ir a España cuando dejen de atosigarla los problemas, sino a su residencia en El Calafate. Esto, siempre que consiga inmunizarse –ella misma y sus colaboradores más fieles– de las numerosas denuncias de corrupción que los acechan, de narcotráfico incluidas. Si lo consigue, hasta sueña con un retorno triunfal en 2019.
Podría entonces pensarse que esta vez, al cabo de 32 años de legalidad institucional, el país tiene la opción de un recambio democrático que permita ir enderezando las cosas, pero lo acontecido esta semana, durante las elecciones en Tucumán, es la última prueba de que este gobierno apunta a transformar la democracia argentina, de puramente formal, en inexistente.
Durante los comicios hubo quema de urnas, reparto de comida, acarreo de votantes y de bolsas con votos, agresiones a ciudadanos y periodistas en funciones, empleados de Correos que alteraron los resultados (en la Argentina, asombrosamente, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Interior y el correo estatal, participa de la organización de las elecciones) y, por último, una feroz represión policial a la multitud que protestaba por esas irregularidades.
Graves síntomas. Esta deriva de corte mussoliniano ya fue señalada aquí: (http://www.perfil.com/columnistas/Orden-nuevo-a-la-criolla-20150619-0071.html). Pero hoy se puede empezar a dudar de lo dicho entonces acerca de que la “violencia metodológica no ha llegado a los extremos del fascio”. Basta comprobar los métodos de las pandillas de Luis D’Elía y Milagro Sala, entre otros. Un informe de Poder Ciudadano, presentado ayer en el Senado, señala un nuevo retroceso en la transparencia de los actos de Estado y una mayor convivencia del crimen organizado con la política. Por último, los intentos del Gobierno de copar los servicios de inteligencia y modelar Fuerzas Armadas “nacionales y populares”; de maniatar a la Justicia e incluso al próximo equipo económico, dan una idea de lo preocupante de la situación.
Pero es quizá en el plano verbal, discursivo, donde el desquicio revela su verdadera dimensión. ¿En qué democracia el jefe de Gabinete puede firmar “con orgullo” el nombramiento “a dedo” a la dirección del Banco Central de Agustina Rossi, una joven sin antecedentes (salvo los de “hija de”) y al mismo tiempo señalar que esos nombramientos “deben hacerse por concurso”? ¿En cuál un asesor en la Jefatura de Gabinete de una provincia, para el caso el ínclito Jorge Manuel Santander, de Formosa, contesta a un jugador de fútbol que denunció la desigualdad, Carlos Tevez, con un “lavate la boca para hablar de nosotros, hijo de puta”? Por su parte, José Alperovich, el gobernador de Tucumán, declaró olímpicamente que “no ordenó la represión” a su propia policía, ante su propia Casa de Gobierno. Y por último la Presidenta, que nunca falta a estas citas, negó contra toda evidencia la militancia radical del joven Jorge Ariel Velázquez, asesinado en Jujuy en circunstancias aún no aclaradas, pero luego de ser amenazado por el grupo Tupac Amaru de Milagro Sala, según denunció el radicalismo. La Presidenta sostuvo que Velázquez estaba afiliado al partido Soberanía Popular, liderado por Sala. En realidad, Velázquez se había sometido a la exigencia de afiliarse para poder estudiar en una escuela pública que maneja la Tupac Amaru con fondos del Estado nacional…
¿Es posible hablar de democracia, incluso puramente formal, en un contexto de semejante violencia, descaro e impunidad? El dato positivo de la semana fue la reunión de Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Margarita Stolbizer para repudiar lo ocurrido en Tucumán. El jueves, los principales bloques opositores del Congreso exigieron reformas al sistema electoral; la “boleta única”, entre otras. También la Corte Suprema atendió reclamos en ese sentido. Pero aunque de buen augurio, estos hechos no desbordan los márgenes de la campaña electoral. Ya se ha dicho también aquí que ningún sector de la oposición exhibe un buen diagnóstico de situación ni, mucho menos, un programa detallado para resolver la grave crisis económica, institucional y social (http://www.perfil.com/columnistas/De-Marte-a-Buenos-Aires-20150815-0013.html).
Varios colegas han parangonado atinadamente los métodos del peronismo con los del “conservadurismo oligárquico” y la Década Infame. Pero el peronismo, ese “conservadurismo popular”, supo ir más allá de la represión y de apoyar golpes de Estado. Hace cuarenta años, por ejemplo, operaba desde el Estado la criminal Triple A, olvidada por el actual gobierno en su pregonada política de “juicio y castigo a los culpables”. Conviene pues preguntarse a qué tipo de métodos puede llegar a acudir si las cosas se le presentan mal con el próximo gobierno, siempre que éste resulte democráticamente elegido.
El peronismo está en estado de desmembramiento, amenazado en su base sindical por masivas agrupaciones opositoras, la huida de numerosos caudillos, pérdida y dispersión de votos y una ciudadanía que empieza a reaccionar. Y en esos casos, ya se sabe, es capaz de cualquier cosa.
*Periodista y escritor.
