Chile es un país que muestra, tras 20 años de democracia, una gran estabilidad política y un crecimiento económico sostenido. En este período triplicó su PBI y su ingreso per cápita (U$9.800) es el más alto de Latinoamérica. A su vez, la Concertación –la coalición de centro izquierda que gobierna desde 1990–, logró reducir la pobreza del 39% al 13%, y la desigualdad a uno de los índices más bajos de la región, de acuerdo a estadísticas elaboradas por la CEPAL. Michelle Bachelet, en su último año de gobierno, goza de una altísima popularidad: 67%. En una reciente visita a Chile pude comprobar que la quieren y respetan hasta sus opositores. La medida que la legitimó como estadista fue la decisión de acumular un Fondo Contracíclico de U$20 mil millones y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) que, en diciembre de 2008, contaba con US$ 2.500 millones para resguardar los fondos de jubilación privada. En los años en que el cobre, la principal exportación del país, cotizaba a precios extraordinarios, Bachelet y su ministro de Hacienda Andrés Velasco fueron muy criticados por ahorrar en vez de crecer a “tasas asiáticas” como sus vecinos. Ahora que llegó la crisis, son aplaudidos por su espíritu previsor. La austeridad no impidió que Bachelet expandiera los programas sociales. Mejoró la salud y creó 3.500 guarderías para facilitar el empleo de las madres de sectores vulnerables. También estableció una pensión estatal para personas mayores sin aportes. Frente a la crisis internacional, el Banco Central bajó las tasas de interés al 1,25% para incentivar la producción y el consumo. De nuestro lado de la cordillera, la situación es diametralmente opuesta. Desde el retorno a la democracia, el PBI creció un 100% (tomando como base 1982) y se contrajo en 9 de los 26 años transcurridos. Los recurrentes ciclos de recuperación y crisis han llevado al país a un virtual estancamiento, con un notable aumento de la pobreza y la desigualdad. Argentina mantiene prácticamente los mismos niveles de ingreso por habitante de los años 70. Esto explica por qué si hace unas décadas éramos un país más igualitario y desarrollado que el resto de América Latina, hoy tenemos un ingreso por habitante similar al de Uruguay y Brasil –U$6.700 al año– y tasas de pobreza estructural similares a gran parte de la región: 30% de la población. La recuperación económica experimentada tras la debacle del 2001, con tasas promedio de crecimiento del 8,5%, redujo inicialmente los índices de pobreza. Pero una inflación que llegó al 28% en el primer semestre de 2008, fue carcomiendo el poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos, sumiendo nuevamente a millones de argentinos en la pobreza e indigencia, hoy estimadas en el 32% y 11% de la poblacion, respectivamente (11.5 millones y 4 millones de personas) de acuerdo a SEL Consultores. Para ocultar el deterioro de los índices económicos y sociales, el Gobierno comenzó a manipular las mediciones del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Cristina Kirchner asumió la Presidencia prometiendo restablecer la credibilidad del organismo pero eso no ocurrió. Decisiones inconsultas como las retenciones móviles, la estatización de la jubilación privada y el adelantamiento de las elecciones legislativas, han sumido nuevamente al país en el desconcierto. Con sólo un año y medio en el poder, la Presidenta enfrenta un escenario difícil: casi el 70% de los argentinos desaprueba su gestión. Las elecciones anticipadas y las candidaturas falsas (gobernadores e intendentes oficialistas que se postulan para cargos legislativos que no asumirán) intentan frenar la evidente sangría política generada por una crisis económica que ya no se puede esconder. El Gobierno insiste en que su “modelo” es sólido, pero la recaudación impositiva se desplomó y se utilizan sin controles los fondos de los jubilados para cubrir crecientes necesidades fiscales y de campaña. Mientras las economías de Chile, Uruguay y Brasil parecen estar reponiéndose del cimbronazo internacional, economistas serios como Ricardo Arriazu prevén que el PBI argentino podría caer hasta un 3% este año. El ciclo de recuperación y crisis se ha reiniciado, con los conocidos síntomas sociales de ilusión-desilusión. Viajé a Chile hace un par de semanas para entender cómo un país que sufrió una dictadura de 17 largos años, con pocos recursos naturales y grandes desafíos sociales, hizo un cambio tan profundo. Comprendí que el modelo chileno no es solamente un modelo económico sino político y cultural. Se basa en liderazgos previsibles y acotados: ningún presidente intentó reformar la constitución para alargar su único mandato o designar a un cónyuge como sucesor. Se basa en la vocación de crear instituciones sólidas y un Estado capaz de llevar adelante políticas de mediano y largo plazo. En diciembre tienen elecciones presidenciales. Por primera vez en 20 años la Concertación podría perder el gobierno, frente al candidato de la derecha Sebastián Piñera. Sin embargo, esta posibilidad no ha generado ni desequilibrios políticos ni corridas económicas.
Regresé a Buenos Aires pensando que el caso chileno demuestra que no es necesario esperar “varias generaciones,” como dicen algunos, para cambiar. Si ellos pudieron hacerlo en sólo 20 años, nosotros, con recursos superiores, podríamos lograrlo en un lapso menor. Eso sí, para eso tenemos que tomar la decisión de ponernos de acuerdo entre todos y optar por el consenso, la moderación y la previsibilidad. Sólo así recuperaremos la confianza en nosotros mismos. De eso se tratan las elecciones del 28 de junio.
*Senadora nacional por la Coalición Cívica.
