De la abundancia a la tierra arrasada

La diferencia entre seguir un partido de fútbol por TV o verlo desde una butaca en la cancha es abismal. Desde casa podemos apreciar cada detalle en las jugadas pero desde la platea entendemos mejor la disposición táctica del equipo. De la misma manera, el conflicto del Gobierno conviene mirarlo con cierta distancia en el tiempo y los roles para entender las posiciones desde las que negocian las partes hacia fuera o para adentro.
Lo que está sobre la mesa excede con amplitud los puntos de retenciones que desataron el incendio. Para el Gobierno, los piquetes del interior desafían el orden de las cosas en la era K. Habiéndose ufanado de no tener oposición con la que debatir, súbitamente germinó un movimiento que discute desde las entrañas el núcleo de la política económica. Se consideran los únicos financistas de la victoria electoral del matrimonio Kirchner. Por eso les duele más que a otros la nueva vuelta de rosca en sus bolsillos.
Como en toda negociación colectiva, las posiciones dentro de cada parte no son monolíticas. Entre los hombres del agro, los más dialoguistas son los que en teoría deberían estar en las antípodas del oficialismo y los más duros, los que son más afines a su proclamada “sensibilidad” social. Paradojas de la política argentina, la base de la pirámide, los que ponen su único tractor o su denostada camioneta en el camino, son los más difíciles de convencer por sus teóricos representantes de aflojar el tono de la protesta.
Una vez agotada la etapa del reto, el Gobierno apostó por quebrar el frente opositor. Primero propalando la dialéctica chacarero-terrateniente o directamente productor-pools de siembra. Una diferencia más retórica que real y aún más difícil de plasmar en medidas concretas. No importa: a ellas acudieron cuando, finalmente, la negociación a varias bandas se hizo pública. La batería de medidas, pensadas para el discurso histórico de la Federación Agraria (tradicionalmente, el núcleo más combativo contra el poder económico) incluyó la reapertura de las exportaciones de trigo, la promesa de refinanciar deudas con el Banco Nación a 4.500 productores y la creación de una Subsecretaría Pyme para el campo.
De las retenciones, el detonante, ni hablar.
Desde 2003, mediante este impuesto se recaudaron casi US$ 30.000 millones que no retornaron a la vista de los hombres de la tierra. Se establecieron para aislar el precio local del internacional (carne, trigo o maíz), para que un sector no tenga rentas extraordinarias, “culpa” de la bonanza mundial y para no enviar una señal de monocultivo.
Pero todos saben que el grueso de esa recaudación fue a sostener el tipo de cambio en un valor nominalmente “competitivo” y a blindar la caja desde la cual el Gobierno pudo disciplinar a gobernadores e intendentes. Es por eso que la amenaza deslizada en estos días desde voceros oficiosos de Economía en el sentido que sin ellas el peso se revalorizaría, los tiene sin cuidado. Saben que si eso ocurriera, se evaporaría una parte sustancial del poder K.
En la lógica de una dinastía surgida de la anomia generalizada del 2002, esto es impensable.
Por último queda el argumento de la redistribución. Una espada con doble filo. La idea de sacarles excedentes a los conductores de los 4x4 de la pampa húmeda para volcarlos en los pasajeros de colectivos de la Ciudad fue tan atractiva como más compleja de lo que parece a primera vista.
La distorsión de los precios relativos acentuada en los últimos meses llevó a la trampa de una dependencia de los subsidios cada vez mayor en tres rubros: transporte (colectivos y trenes urbanos, en primer lugar); energía (importación de combustibles y compensación a las compañías eléctricas), y producción de alimentos “castigados” por restricciones de exportar. Evitar el aumento de los productos que impactan más en la canasta familiar fue el guión oficial.
Aún así, la intervención directa del INDEC mostró que no era el único rubro que se movía para arriba. El último informe mensual arrojó un alza en el IPC de 0,6% mientras que en San Luis (una provincia que se supone resiste el colonialismo estadístico de Buenos Aires), arrojó 2,2%, marcando una tendencia que abre la brecha entre la inflación oficial y la real. Liberar los productos agrícolas de la mordaza impositiva redundará en valores más altos aún. O restablecerá el equilibro en los precios relativos.
La última arista a considerar son las famélicas provincias que ven cómo la aspiradora fiscal nacional les saca la tajada que les hubiera correspondido a los gobiernos locales. No sólo es la apetecible caja política, también es el financiamiento de los servicios más cercanos a la gente, todos ellos de incumbencia provincial: educación, salud, seguridad y los mentados caminos para las pick-ups de la abundancia.
La negociación debería desatar todos estos nudos para que todos ganen algo y no haya vencedores y perdedores absolutos. También hay otra alternativa: que vuelvan las épocas de vacas flacas y, sin nada para repartir, cada cual vuelva a su pobreza. En la táctica de la tierra arrasada, la escasez también imparte soluciones únicas.