Durante la última semana se desató una polémica en torno a las pensiones por invalidez y discapacidad. Se había suspendido y dado de baja un número de pensiones por incompatibilidades con los requisitos que establece la normativa para poder percibirlas. Tras la polémica, la ministra Carolina Stanley garantizó que las pensiones se van a restituir y remarcó que toda aquella persona que requiriera la ayuda del Estado la obtendrá.
Más allá de la discusión jurídica y política sobre el número y la legitimidad de esas pensiones, vale la pena analizar la situación de las personas con discapacidad (PcD) y subrayar que el verdadero debate que debe darse en la arena política y en la sociedad civil es “cómo integrar a dichas personas en el mundo del trabajo y la producción”. Veamos entonces cuál es la realidad que enfrentan las PcD, y algunas propuestas.
En primer lugar, recordemos que aproximadamente el 15% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad. En Argentina, el 13% de la población manifestó tener algún tipo de discapacidad, según el Censo 2010. La misma aumenta su prevalencia en las poblaciones más vulnerables. A su vez, poseer una discapacidad implica una mayor probabilidad de estar desempleado, de recibir menor formación y de percibir menores ingresos.
Segundo, existe una responsabilidad ineludible del Estado de garantizar la seguridad social a las PcD, lo cual posee jerarquía constitucional y se refleja en múltiples tratados internacionales. El sistema de seguridad social para la PcD en Argentina es complejo ya que las obligaciones se distribuyen entre familias, obras sociales, prepagas y Estado. Y se torna tan complejo que muchas personas desconocen los derechos que las asisten o tienen dificultades para hacerlos cumplir, por lo que sería conveniente pensar en sustituir todo esto por un ingreso universal a las PcD u otra herramienta.
Tercero, y sin perjuicio de los cambios normativos que deben realizarse en materia de seguridad social, existe una cantidad importante de PcD que quieren y pueden trabajar pero que no pueden conseguir un empleo. El 87% de las PcD mayores de 14 años no posee empleo, según el Servicio Nacional de Rehabilitación. Gran parte del desempleo no se explica por la condición de la persona sino por las barreras que le ofrece el entorno. Para tomar dimensión del impacto económico, en el Reino Unido se calculó que si se incluyera laboralmente a las PcD la actividad económica crecería US$ 17 billones.
En cuarto lugar, en una encuesta realizada por la Fundación Par en 2003, se identificó que la dificultad para acceder a un empleo se encuentra entre los principales problemas de la población. Por otra parte, en otro relevamiento realizado por la misma fundación, el 84% de los empleadores creía que se podía incluir laboralmente a una PcD, pero sólo el 45% tomó alguna acción en ese sentido. Aparecían como preocupaciones o creencias principales que las PcD no poseen las competencias requeridas y tienen dificultades para la integración con sus pares, y el miedo a los juicios por discriminación. En dicha encuesta se identificó como principales barreras los prejuicios y la falta de información.
En concreto, hay dos prejuicios que tienen mucha fuerza y generan un daño enorme a nivel social: se subestima la contribución que pueden realizar las PcD y se sobreestiman los costos asociados. Es decir, existe la fantasía equivocada de que contratar a un trabajador con discapacidad posee mayores costos y que aporta menos que otros trabajadores. Para contrarrestar esto, en Argentina existen sustanciales beneficios fiscales para contratar a una PcD: el 70% del sueldo es deducible del impuesto a las ganancias, y se exime al empleador del 50% de las contribuciones patronales durante el primer año.
En conclusión, y a modo propositivo, consideramos que el Congreso de la Nación podría analizar nuevos proyectos de ley para mejorar la posibilidad de acceso al empleo de las PcD y su inclusión social: 1) generar un plan “empalme” entre pensiones y empleo registrado para que todas aquellas personas que tengan la posibilidad de acceder al empleo no teman perder el beneficio (pensión) que poseen; 2) establecer un sistema de cupos para empresas del sector privado a fin de que se pueda contrarrestar el efecto negativo de la ignorancia y los prejuicios existente en los empleadores; 3) generar un organismo de control independiente que pueda verificar el cumplimiento de la convención y de las leyes vinculadas a la discapacidad, constituyendo una suerte de Defensor de la Discapacidad.
*Escuela de Gobierno UTDT.
**UBA-Eseade.
