La crítica situación que hoy atraviesa la distribución eléctrica en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es resultado de la mirada cortoplacista y de la falta de planificación en materia de política sectorial.
Al igual que en otros sectores, se ha impulsado la demanda residencial en el marco de un modelo orientado al consumo (con récord de ventas de acondicionadores de aire), a precios totalmente desacoplados del costo de producción. Y el resultado no fue muy distinto al de otros fracasos como los que se vieron en la carne vacuna, el trigo o, del mismo modo, el petróleo y el gas.
La falta de inversión que hoy se observa en la infraestructura energética no es más que el resultado de la distorsión del marco regulatorio y los mecanismos de formación de precios que llevaron a cabo a fin de sostener las tarifas congeladas. Con ingresos planchados y costos operativos en aumento, la brecha en la etapa de generación se cubrió primero con captación de renta de las empresas y luego, con subsidios. En cambio, en el caso de la distribución en el AMBA, simplemente implicó captación de renta, dado que no recibieron subsidios.
El último incremento de tarifas que otorgó el ENRE a las distribuidoras del AMBA fue en el año 2008, a diferencia de otros entes provinciales, que fueron otorgando actualizaciones a lo largo de los últimos años. El resultado da diferencias abismales e irrisorias en la comparación de los cuadros tarifarios.
Para ponerlo en números, un usuario subsidiado del AMBA paga una tarifa que es incluso inferior a la establecida como “tarifa social” en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
La administración actual no permaneció ajena a este proceso ya que, al ser un servicio público, la distribución eléctrica se encuentra fuertemente regulada. El ENRE, bajo el ámbito del Ministerio de Planificación, es el encargado de definir los cuadros tarifarios y monitorear la operación y las inversiones en la red.
El conocimiento de la situación se vio reflejado en medidas parche implementadas a partir de 2007, que de alguna manera buscaron compensar parcialmente el atraso en la actualización de tarifas.
Este fue el caso del pago a cuenta por medio del Puree, el cargo fijo para infraestructura aprobado en noviembre de 2012, y el ordenamiento patrimonial efectuado en mayo de 2013. Este último incluso les reconoció a las distribuidoras el incremento de costos de operación entre 2007 y 2013 aunque sin implicar un traspaso real de fondos. Pero, sin embargo, las medidas tomadas fueron parciales, no se dieron en el marco de una revisión integral y resultaron insuficientes.
El déficit actual en las inversiones de las redes de distribución en el AMBA se estima en US$ 800 millones anuales por un lapso de cinco años, para alcanzar una calidad de servicio razonable. La suma (US$ 4 mil millones en total) es considerable y va por fuera del sinceramiento de tarifas necesario para reducir el monto de subsidios energéticos, dado que el 3% del PBI que se eroga por este concepto va a cubrir únicamente el mayor costo de generación.
Pero tratándose de un servicio público, capital intensivo y con horizonte de largo plazo, también tiene el retorno suficiente para obtener financiamiento (más allá de quien ejecute) y así suavizar el impacto de corto en los consumidores. Más aún, en un contexto de fuerte depreciación del tipo de cambio, que encarece la adquisición de algunos bienes de capital que necesariamente son importados.
El problema pasa, nuevamente, por generar las condiciones que aseguren la inversión y permitan recuperar la seguridad de suministro. Para esto es necesario volver a definir y respetar los marcos regulatorios, retomar en adelante mecanismos de revisión integral de tarifas y acompañar con planificación, coordinación y capacidad de gestión.
*Director de Abeceb.com, ex secretario de Industria de la Nación.
