Hace un par de años, Federico Monjeau escribió una columna sobre lo que podría entenderse como un vaciamiento de la palabra “memoria”. En aquel momento, la política la utilizaba con machacona insistencia en su discursividad, viniera o no al caso. Su sentido real, decía Monjeau, se desdibujaba a costa de la repetición. Hoy es el turno de “inclusión” y el procedimiento de reducir una noción a la órbita del eslógan no puede ser más obvio. Aunque para casi cualquier persona que no viva ni pretenda vivir de la política es claro que estos tiempos tienen mucho menos de inclusivos que de injustos, decir o escuchar “inclusión” sigue gozando de un prestigio automático.
Pero ¿cuánto hay de concreto en la inclusión que la política pregona? Pongamos por caso la cuestión del DNI, actualizado en una versión no binaria, presumiblemente inclusiva por reconocer la autopercepción de género. Me tocó renovar al mío y cuando pasé a retirarlo por el Renaper de Paseo Colón vi que, en pleno apogeo de las luchas identitarias, tener documento de identidad no es tan fácil porque sin un celular lo suficientemente nuevo (es decir, caro) no se pueden gestionar trámites. Ante las quejas de personas que pedían alguna contemplación por su pobreza tecnológica, empleados mal aspectados respondían mántricamente “Pida un celular prestado”, sintetizando en una frase la respuesta que el Estado da a quienes que no pueden acceder a las condiciones que el mismo Estado pide para ingresar al paraíso de la identidad. La inclusión declamada, verifiqué, no era para todos.
