A dos semanas de la destitución del presidente de Honduras, hay dos interpretaciones sobre lo que ha sucedido. La dominante en los países desarrollados, la UN y la OEA es que en el país ha tenido lugar un golpe militar clásico, con la destitución y expulsión del presidente constitucional por parte de las fuerzas armadas. A partir de ella, la comunidad internacional exige la restitución del presidente depuesto, aísla al nuevo gobierno no reconociéndolo y aplica sanciones como la suspensión de la ayuda y la cooperación internacional, que para el país es importante dados sus altos niveles de pobreza.
La otra interpretación es que Zelaya –que al momento de la crisis era el presidente con menor popularidad en su propio país de toda América latina–, quien gana las elecciones como candidato de centroderecha y una vez en el poder gira hacia Chávez, intentaba consolidarse en el poder con los mismos métodos que su colega venezolano, y que al desconocer decisiones tanto del Congreso como del Poder Judicial, avanzando hacia el autoritarismo, fue desplazado por los otros dos poderes. Se habría generado así un conflicto de poderes dentro del marco institucional.
Pero la imagen de un presidente constitucional de un país centro-americano, detenido por un comando militar en la noche y expulsado del país, pudo más en la imagen internacional que cualquier intento de explicación respecto al significado del conflicto de poderes que efectivamente precipitó la crisis. Además, las torpezas de los funcionarios del gobierno de facto, como la crítica del canciller a Obama, profundizaron su aislamiento.
Se da así una paradojal coincidencia de EE.UU. y la UE con los intereses políticos y estratégicos de Chávez. La mayoría de los presidentes latinoamericanos –si bien el Grupo de Río, que integra la mayoría de ellos, se ha convocado para jugar un rol en la crisis, como hiciera el año pasado con el enfrentamiento entre Colombia por un lado y Venezuela y Ecuador por el otro– están adoptando una actitud más prudente que la inicial. No sólo porque el gobierno interino o de facto de Honduras se ha afianzado en el poder, logrando el apoyo de la Iglesia, el empresariado, la mayoría de los partidos políticos y manteniendo el de las fuerzas armadas, sino también porque un triunfo de Zelaya potenciaría la influencia regional de Chávez, sobre todo en América Central y los países del Caribe.
A ello se agrega que la crisis hondureña también tiene implicancias estratégico-militares. De acuerdo a la condena contra la destitución de Zelaya dispuesta por la administración Obama, el Pentágono suspendió las relaciones con el nuevo gobierno del país. Pero en Honduras se encuentra la base militar de los EEUU más grande de América latina, con una dotación permanente de 800 hombres y desde ella el Comando Sur, con sede en Miami, supervisa las acciones contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en el sur de México, Centro-américa y Caribe, además de dar seguridad al Canal de Panamá. Esta situación llevó a la administración Obama a gestionar un urgente acuerdo con Uribe, para el uso de cinco bases militares colombianas por parte de los EE.UU. Chávez anunció que estaba dispuesto a mandar tropas a Honduras para reponer al presidente.
Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad expedicionaria para trasladar una fuerza importante por vía marítima y aérea fuera de su territorio. En cambio, el gobierno de Nicaragua –que integra el ALBA y es aliado de Chávez– tiene una amplia frontera con Honduras y por lo tanto, podría ser Nicaragua desde donde las tropas venezolanas podrían actuar sobre Honduras. El presidente hondureño de facto denunció la movilización de tropas nicaragüenses en la frontera común, lo que fue desmentido por el presidente Ortega.
En este marco, la reunión de Zelaya con Hillary Clinton en su condición de secretaria de Estado de los EE.UU., a la que se sumó la mediación del ex presidente costarricense Oscar Arias, plantea claramente que la salida será una negociación, en la cual las dos partes en conflicto, Zelaya y el gobierno de facto, tendrán que ceder.
*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
