El legislador del Frente para la Victoria, quien, como otros, debió dejar de apuro sus vacaciones para asistir a la reunión de la comisión bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, bramó: “¿Quién fue el loco al que se le ocurrió una cosa así? ¡Esto está todo mal! ¡Acá lo que había que hacer era esperar hasta marzo y tratar el tema en las sesiones ordinarias del Congreso! ¿Por qué tanto apuro si el primer vencimiento de la deuda es en agosto?”.
Esos dichos contienen la esencia del culebrón político que se está viviendo en la Argentina y que cada día se empantana un poco más.
“Nadie le advirtió a la Presidenta del embrollo que se podía armar con el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad”, afirman voces que habitan la Casa Rosada. Ese nadie tiene nombre y apellido: Amado Boudou.
Tampoco Martín Redrado planteó objeciones el 14 de diciembre pasado cuando, en una conversación privada media hora antes de hacer el anuncio público, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner lo anotició de la creación del Fondo. Lo que sí hizo Redrado fue advertirle sobre la necesidad de contar con la opinión técnica de la Asesoría del Departamento de Legales del Banco Central.
Ahora se sabe que entre 2008 y 2009 hubo varios intentos del Gobierno de avanzar sobre las reservas del Central. “Quisieron transformar al banco en otro INDEK, pero no pudieron”, cuentan quienes conocen algunas de esas maniobras frustradas.
Así las cosas, el Gobierno se ha expuesto, gratuitamente, a un segundo revés político en el término de un mes y medio. El primero aconteció el 3 de diciembre último durante la sesión de jura y constitución de comisiones en la Cámara de Diputados. Esto es un signo inequívoco de que el matrimonio presidencial sigue sin percatarse del nuevo mapa político emergente del resultado electoral del 28 de junio. A eso hay que sumarle la improvisación constante de la gestión de los Kirchner, quienes tampoco previeron la evolución política, institucional y jurídica de este embrollo.
Hablando del aspecto judicial de esta saga, allí hay también una trama que merece ser narrada. El amparo concedido el viernes 7 de enero por la jueza María José Sarmiento, por el que Martín Redrado fue repuesto en su cargo, descolocó al Gobierno. Pero lo que sucedió con la apelación lo descolocó aún mucho más. “Allí hubo quienes se comportaron como verdaderos analfabetos del derecho”, explica alguien que conoce al dedillo tanto los vericuetos procesales como el devenir de tribunales.
El Gobierno apostó al juez Carlos Grecco, uno de los tres miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. La idea era que, una vez que el magistrado habilitara en forma insólita un día de fin de semana para recibir la apelación del Poder Ejecutivo, se procedería con toda celeridad. “Se esperaba un fallo revocatorio de la medida cautelar dictada por la jueza Sarmiento para ese mismo fin de semana, lo que hubiera sido un escándalo”, cuenta esa misma fuente. Ocurrió entonces algo inesperado para el Gobierno cuando los abogados de Redrado recusaron a Grecco: el juez, sorpresivamente, se excusó y quedó fuera del caso. Hubo, pues, que aguardar hasta el lunes 11. Pero allí ya terció otra vez la jueza Sarmiento, sin cuya participación ninguna apelación podía prosperar. Esto alargó las cosas hasta el miércoles 13. El Gobierno confiaba en que el fallo favorable de la Cámara saliese ese día. Tal como lo había anticipado esta columna, el fallo iba a ser dos a uno a favor de la remoción de Redrado. Ahí, entonces, apareció otro obstáculo. Fue la recusación que el diputado por PRO Federico Pinedo presentó contra el juez José Luis López Castiñeira, otro de los integrantes de la Cámara, cuyo voto el Gobierno descontaba a su favor. Hubo entonces una contrapropuesta de la Cámara: el tribunal solicitaba a PRO que levantara la recusación del Dr. López Castiñeira y, a cambio, ofrecía promover una reunión con los titulares de ambas cámaras legislativas para buscar, a través de un acuerdo, una salida política al caso. En PRO se discutió esto por espacio de una hora y se llegó a la conclusión de que nada garantizaba que, una vez levantada la objeción sobre el magistrado, la Cámara no fallase a favor de la destitución de Redrado. Por lo tanto, la respuesta fue negativa.
Todo este devenir le ha creado al Gobierno otro problema. En primer lugar porque la causa ha vuelto a la Dra. Sarmiento. En segundo lugar porque esto hace que Martín Redrado tenga más tiempo para presentar su defensa. En tercer lugar porque, al alargarse los tiempos, el caso pasará al nuevo juez que entra de turno este mes de feria: el Dr. Ernesto Marinelli, un juez controvertido, quien viene de perder un concurso para ascender a camarista en un trámite también controvertido, en el que el kirchnerismo le dio la espalda. Por lo demás, la prometida gestión de la Cámara hubiera sido totalmente nula. Como lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, y circuló ampliamente en todos lados: “Si convoco a la Cámara, el loco me echa”. Por si alguien no lo sabe, el apodo de “el loco” corresponde a Néstor Kirchner.
En el ámbito legislativo las cosas también son complejas.
Antes de la reunión de la bicameral, el miércoles, la oposición mantuvo una reunión tendiente a unificar posiciones. Allí se decidió buscar una vía de negociación con el oficialismo en pos de bajarle decibeles a la confrontación y encontrarle una salida a esa situación. La idea era tratar los dos decretos de necesidad y urgencia –el de creación del Fondo del Bicentenario y el de la remoción de Redrado– en sesión plenaria por parte de ambas cámaras del Congreso. La defensa que se hizo no fue de la persona de Martín Redrado –que tiene pocos adherentes en el Congreso– sino de la autonomía del Banco Central y el respeto a las normas concernientes al rol del Congreso en la remoción del presidente de la entidad. Tres fuentes diferentes confirman que hubo un principio de acuerdo entre el oficialismo y el radicalismo. La ecuación era así: a cambio de que el oficialismo convocara al Congreso para tratar los dos decretos de necesidad y urgencia, el radicalismo se comprometía a aprobar la remoción de Martín Redrado. Esto fue lo que salió a denunciar Elisa Carrió y que originó un ida y vuelta de conversaciones y aclaraciones al interior del Acuerdo Cívico y Social que dejaron algunos rasguños de una interna siempre compleja.
Otro que se molestó con sus correligionarios fue Julio César Cleto Cobos. El vicepresidente siempre recuerda que en aquella desagradable reunión en la Casa Rosada, en la que Cristina Fernández de Kirchner le reprochó su voto “no positivo” y le dio el adiós de su gobierno, se acordó mantener un marco de respeto institucional entre ambos. Cobos siente que ese marco se ha roto totalmente; las evidencias abundan. Lo que el vicepresidente también debería reconocer es que cometió un grueso error al anunciar su futura precandidatura presidencial por el radicalismo.
El episodio del juez federal de Nueva York Thomas Griesa embargando fondos del Banco Central depositados en la Reserva Federal de ese Estado primero, y luego levantando esa medida, ha generado un capítulo más dentro del patetismo de toda esta situación. La aparición en simultáneo del ministro de Economía, Amado Boudou, y de Martín Redrado autoadjudicándose los méritos por el segundo de los fallos tiene reminiscencia de una disputa entre colegiales. Lo cierto es que quien estuvo permanentemente al habla con el estudio de abogados de Nueva York que defiende a la Argentina fue Redrado, quien sigue firme en su postura de no renunciar.
En el medio de todo este zafarrancho, ha sido muy interesante el aporte hecho por Mario Cafiero. El ex diputado ha venido siguiendo con atención y perseverancia todo este tema de la deuda. La Presidenta cometió un grueso error de información –cosa habitual en ella– al ignorar que el llamado “megacanje” de la deuda implementado por Domingo Cavallo en 2001 tiene curso judicial avanzado, a tal punto que el Tribunal Penal Federal N° 1 tiene citado a declaración indagatoria, para febrero próximo, al poderoso banquero estadounidense David Mulford, quien tuvo un papel principalísimo en aquella cuestionada operación. En ese contexto, Cafiero le envió una carta documento a Martín Redrado: en ella, lo alertaba de las consecuencias legales a las que se vería expuesto en caso de autorizar la transferencia de dinero hacia el Fondo del Bicentenario sobre el que hay denuncias judiciales en curso. Según Cafiero –y lo que el sostiene es compartido por técnicos que trabajan para el gobierno– la situación de las reservas del Banco Central sería la siguiente:
* 8 mil millones de dólares que pertenecen a los depósitos en el sistema bancario.
* 15 mil millones de deudas de diversa índole.
* 5 mil millones en garantías por créditos otorgados al país entre 2006 y 2007.
* A esto hay que agregar los 16 mil millones que en total puede disponer el Gobierno a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 2010.
Con estos números, las reservas del Banco Central, que funcionan como respaldo de toda la cantidad de pesos circulantes en el país, quedarían sensiblemente disminuidas y no alcanzarían para cumplir con la mencionada cobertura.
Los que conocen la realidad que se vive en Olivos dan cuenta del ambiente irrespirable que allí reina. Todos son reproches del matrimonio presidencial hacia otros. Autocrítica no hay ninguna. Los flancos débiles afloran por doquier. El archivo es, a su vez, fatal para la Presidenta. Sus expresiones en la sesión del 19 de diciembre de 2001, en donde defendió la facultad del Congreso para autoconvocarse y prorrogar las sesiones ordinarias, así como su posición expresada en la sesión de junio de 2002, de oponerse al uso de reservas para pagar deuda externa, han expuesto, una vez más, sus contradicciones. Se nota falta de análisis crítico. Hasta en el vocabulario de sus discursos, en los que aparecen expresiones que no sorprenderían en Aníbal Fernández, la Presidenta ha bajado su nivel.
Nada de esto se acepta en la intimidad del matrimonio presidencial, por donde pasa el núcleo del poder. Allí, lo que se vive es la conciencia clara de que sin el Fondo del Bicentenario el proyecto presidencial de Néstor Kirchner se queda sin caja. Y sin caja, ese proyecto tiene el destino inexorable de la nada.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
