Cuando el camino que está tomando la economía se aleja de trayectorias deseables, incluso bajo las restricciones que impone el actual modelo, es necesario revisar el rumbo. Brasil terminará creciendo este año menos de lo que se esperaba y la cosecha de soja será algo más baja de lo que se proyectaba, pero estos factores no explican el clima de preocupación instalado desde hace algunos meses. El deterioro en las expectativas llega por acciones u omisiones en dos frentes clave: el tipo de cambio y la puja distributiva.
El Gobierno necesita entender que una brecha tan alta entre el dólar oficial y el marginal afectará la economía. Nada es gratis y no considerarlo es un serio error. Aun cuando se trate de un mercado pequeño, marginal para las operaciones diarias en divisas, con la dinámica explosiva de los últimos días ha pasado a tener una influencia creciente sobre las expectativas de los que toman decisiones todos los días: familias, empresarios e inversores. Y las expectativas son definitorias en economía, pues determinan el presente y el futuro.
Los costos de este nivel de brecha cambiaria son múltiples. La apuesta al dólar blue fue altamente rentable en el último año; en un par de semanas, rindió lo mismo que un plazo fijo en un año. Difícil pensar, ante esta evidencia y con inflación alta, en pesificar la economía. Quien tenga un dólar, tendrá pocos incentivos a venderlo. Los que lo demanden, ya no pensarán que es caro, como hace algunos meses, tendiendo a validar casi cualquier precio. En este contexto, los incentivos a dolarizar las carteras se multiplican, porque el anclaje sobre las expectativas del precio futuro ha desaparecido. El cuadro de oferta escasa y demanda en aumento está instalado.
La inversión, en estas condiciones, no despegará. Ninguna empresa ingresará dólares a 5,20 para financiar nuevos proyectos. La construcción puede verse aún más afectada cuando se profundice el parate en las operaciones de compraventa. ¿Cuál es el valor de equilibrio que encontrará la oferta y la demanda? Nadie lo puede saber aún. Incluso la fórmula de 2012, pesificar a un tipo de cambio intermedio entre el oficial y el paralelo, implica un salto que pocas familias están en condiciones de afrontar.
La escalada llega, además, en un mal momento, cuando faltan días para que comiencen a ingresar los dólares de la cosecha de soja. De nuevo, salvo aquellos que tengan la venta comprometida de antemano con los grandes jugadores del mercado (aceiteras, cerealeras, proveedoras de insumos), los productores esperarán una devaluación del tipo de cambio oficial, afectando la acumulación de reservas del Central.
Paradójicamente, cuando se estima que la cosecha de soja aportará US$ 22.500 millones y el país obtendrá un saldo comercial cercano a los US$ 12 mil millones, el karma argentino se repite.
Los números estructurales de deuda pública y privada, importaciones y reservas indican que el país tiene dólares suficientes para atender sus compromisos. Sin embargo, el canal de las expectativas está golpeado.
Con esta brecha también se encarecerá el crédito informal al que acceden muchas pymes que no son atendidas por los bancos. Comienza a consolidarse así una peligrosa especulación financiera en detrimento de la inversión real y la creación de empleo.
El otro gran condicionante afecta uno de los pilares del modelo. La economía se adentra en el trimestre más importante del año. Entre abril y junio se define si la recuperación del consumo, aún incipiente, logra consolidarse. El Gobierno es consciente de que una parte importante de esa recuperación sólo será posible si logra cerrar la mayor cantidad de negociaciones salariales antes de mitad de año. Sabe que no puede volver a cometer el error de 2012, cuando los gremios más importantes demoraron el cierre de las negociaciones hasta junio y julio. En esos momentos, la inflación se aceleraba y los salarios no, profundizando así los impactos sobre la actividad del estancamiento externo y de varias decisiones locales de alto voltaje (cepo cambiario, trabas a las importaciones, estatización de YPF, entre otras).
Puesto en cifras, el poder adquisitivo de los trabajadores, que venía creciendo 12% interanual a fines de 2011, pasó a aumentar apenas 4,6% en julio, hasta finalmente caer 0,7% en diciembre, siempre comparando año a año. Entre puntas, el salario real no creció el año pasado. De hecho cayó, si se considera que el Gobierno no aumentó el mínimo no imponible en ganancias.
La violenta desaceleración de los ingresos laborales repercutió en los niveles de consumo y en las expectativas de las familias. Fue un verdadero punto de quiebre en la dinámica de ingresos de la política económica del kirchnerismo, que de todos modos logró mantener el ingreso real por la AUH y aumentar las jubilaciones.
En 2013, esta caída del poder adquisitivo se profundiza: desde diciembre, el salario de los privados registrados se sigue ubicando por debajo de la inflación. El Gobierno buscó un atajo tratando de congelar los precios en los supermercados. El objetivo es oxigenar las negociaciones, sin perder de vista la meta de incrementos salariales menores a 25%.
Los límites de esta movida están a la vista. No se trata de un plan consistente de reducción de las presiones inflacionarias sino más bien un esfuerzo puntual, sesgado e incompleto. Las familias y los trabajadores así lo intuyen. Las empresas siempre encuentran canales alternativos para trasladar las subas de costos.
En el corto plazo, los supermercados pueden sostener el congelamiento a costa de “canibalizar” parte de la rentabilidad de otros sectores: los bancos (por la menor comisión en las tarjetas de crédito) y los medios de comunicación (por la baja en la pauta de publicidad). Pero son soluciones transitorias a un problema permanente. En los autoservicios de barrio, en las panaderías, en las verdulerías, en las carnicerías e incluso en el interior del país, la inflación no se frenó.
En el primer trimestre ya venció la tercera parte del total de convenios laborales y sólo unos pocos gremios cerraron nuevos niveles salariales. Algunos de ellos, como Luz y Fuerza, lograron un incremento superior al 30%, que regirá por 18 meses, hasta junio del año próximo. Otros gremios siguen en pugna: el gobernador Scioli ofreció 22,6% para los docentes de la Provincia mientras el gremio insiste con una suba de 30%. Los metalúrgicos de la UOM, que solicitaban aumentos de 35%, ahora moderaron las demandas a 25%.
El Gobierno entiende que debe administrar un péndulo delicado: conceder cierto margen de expansión “responsable” en los salarios sin que esto se traslade a los precios, para de esta manera acelerar el poder adquisitivo antes de octubre. Pero, si no apura el cierre de las paritarias, el consumo se puede debilitar porque los trabajadores se están enfrentando a los nuevos precios con los salarios viejos.
No es la primera vez que el Gobierno se enfrenta al desafío de encauzar las expectativas y contener presiones. La novedad es que esta vez lo hace con un margen de maniobra escaso.
