La inflación se ha ubicado de manera clara en el centro de la escena política y económica.
No hay pronósticos de aceleración significativa respecto de los valores del año pasado, pero lo que está ocurriendo es que estamos sintiendo los efectos acumulativos de este fenómeno a lo largo de cinco años. Si este año el alza de precios fuera de un 24%, habremos acumulado un aumento del 141% respecto de fines de 2006.
Los efectos iniciales de este proceso fueron leves. El tipo de cambio era extraordinariamente competitivo, la situación fiscal ampliamente manejable y el elevado nivel de crecimiento permitía actualizaciones salariales sin demasiada conflictividad.
La inflación ponía “aceite” en la maquinaria económica y sus beneficios lucían superiores a sus costos. Muchos advertimos sobre la sustentabilidad a largo plazo de esta situación. Pero el Gobierno no quiso escuchar, seguramente seducido por los buenos resultados a corto plazo y un concepto extremadamente exagerado de la capacidad de la política para imponerse sobre la economía.
En 2009 la crisis internacional generó una contracción en la economía argentina, que a su vez indujo una fuerte desaceleración de la inflación. Pero tan pronto volvió el crecimiento, los precios se empinaron con fuerza.
Las causas del proceso inflacionario argentino son claras: un crecimiento demasiado rápido de la demanda con relación a la oferta de bienes y servicios. En un primer momento, con capacidad de producción ociosa este desequilibrio generó una situación virtuosa de crecimiento de la actividad y el empleo, sin gran efecto sobre los precios.
Cuando esa etapa se supera va quedando cada vez más el efecto precios y el crecimiento disminuye. Estamos rumbo a esa situación.
En el origen, el impulso a la demanda ha sido estimulado por un gran crecimiento del gasto público, luego se agregó una imprudente expansión monetaria y, a continuación, el desequilibrio se extendió al terreno de la famosa puja distributiva, es decir la carrera precios-salarios.
El Gobierno suele argumentar que cualquier intento de frenar la inflación enfriará la economía. A medida que pase el tiempo sin que nada se haga, esto será cada vez más cierto.
Es más, la economía se enfriará por los efectos de la propia inflación.
La elevada inflación ha desarticulado el sistema de precios relativos de la economía. En primer lugar, la relación entre precios y salarios, que se ha tornado inestable. ¿Cuánta energía se pierde en las negociaciones salariales? ¿Cómo pretender que la inversión crezca si el cálculo económico está tan perturbado?
La cuestión de los precios relativos es extensa y compleja. Así, por ejemplo, existe una relación fijada por el mercado entre el costo de una comida en un restaurante y el precio de una camisa. Hay millones de estas relaciones en la economía, que emiten señales positivas y negativas hacia los consumidores y hacia los empresarios. Con elevada inflación estas relaciones varían constantemente y crean incertidumbre y más expectativas inflacionarias.
Los efectos sociales y políticos de la inflación han sido extensamente estudiados. La mayor parte de los sectores sociales pierden calidad de vida en el mediano plazo. La permanente negociación salarial desdibuja la función básica de los sindicatos y acentúa la pugna entre los propios dirigentes y al interior de sus organizaciones. La colaboración o cooperación entre trabajadores y empresarios, que es una clave de la concepción moderna de competitividad, se diluye. Esta lista de efectos puede extenderse considerablemente.
A la cuestión de fondo, en nuestro caso, se agrega la falta de credibilidad en las estadísticas oficiales. Es grave no tener una buena medición del fenómeno. Las estimaciones privadas son un sucedáneo que apareció cuando el Indec fue desmantelado. Las mejores mediciones siempre fueron las del Indec.
Al Gobierno le disgustan las mediciones alternativas de inflación, y procura desacreditarlas. Es un propósito menor, intrascendente frente a la creciente desigualdad social que no encuentra más que respuestas retóricas en las políticas públicas.
*Economista. Ex viceministro de Economía.
