Las redes sociales y las plataformas digitales funcionan como una plaza pública, como un ágora que iguala a las personas y democratiza el fenómeno de la comunicación. Pero lamentablemente muchas periodistas, políticas, activistas y figuras públicas que intervienen en estos espacios son expulsadas de ellos o se ven obligadas a abandonarlos, lo que resulta en un recorte de la libertad de expresión.
Desde la Defensoría del Público creemos que la participación es un derecho humano que hay que defender. El surgimiento de Internet trajo consigo una expectativa democratizadora y, en algún sentido, las redes sociales tienen un aspecto positivo, luminoso, al permitir que las palabras y las imágenes circulen con muchísima velocidad. En Argentina lo vivimos con el #NiUnaMenos, cuando cientos de miles de mujeres convocadas por un grupo de periodistas desde plataformas digitales llenamos las calles a lo largo y ancho de nuestro país. Personas de todas las clases sociales y todas las edades pedimos a viva voz que no nos mataran más.
Pero este fenómeno tiene también un aspecto más sombrío y preocupante: el abandono de las redes por los constantes ataques recibidos. Un ejemplo de esto es el caso de la legisladora más joven de nuestro país que recientemente tuvo que cerrar su cuenta en Twitter tras recibir numerosas agresiones, con un serio costo para su salud mental. Los casos cada vez más crecientes de ciberacoso, doxxing, robo de identidad, difusión de imágenes íntimas no consentidas, entre otras formas de violencia digital, son despiadadas contra las mujeres y disidencias. Y más aún contra aquellas con alta exposición pública, como las periodistas y las políticas.
Lo escuchamos a diario: “borracha”, “gorda”, “vieja”, “ignorante”, “voz de pito”. Insultos que inciden en la salud mental y el equilibrio emocional de las personas a quienes son dirigidos, además de perjudicar muchas veces sus carreras profesionales. Por otro lado, quienes no sufren estos ataques en carne propia, pero son espectadores o espectadoras, padecen una suerte de disuasión y expulsión de la escena pública. Cualquier persona que quiera tener una participación pública activa –especialmente si es mujer– se ve desalentada a hacerlo cuando evalúa los costos.
La Defensoría inscribe su accionar en el marco de las obligaciones asumidas por el país en materia de géneros. En el ámbito internacional: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer. En el ámbito nacional: la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y, por supuesto, Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que “promueve un tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.
Sin embargo, a pesar de la legislación existente, como señala un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado 2019, el sistema interamericano de derechos humanos todavía no estableció una definición de la “violencia en línea” por razones de género. Esta es una deuda pendiente, fundamental, como se ve en los análisis que componen esta publicación, para avanzar en la formulación de políticas públicas para combatir este fenómeno.
El informe global “Violencia en línea contra las mujeres periodistas: Instantánea mundial de la incidencia y las repercusiones”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en 2020, arroja datos interesantes (y preocupantes) al respecto. Del total de mujeres encuestadas:
El 73% manifestó haber sufrido violencia en línea.
El 25% recibió amenazas de violencia física y el 18%, sexual.
El 41% declaró ser objeto de agresiones en línea aparentemente relacionadas con campañas de desinformación planificadas.
El 30% de las periodistas dijo haber respondido a la violencia en línea autocensurándose en los medios sociales.
El 47% identificó la cobertura de cuestiones de género o comentarios al respecto como el principal desencadenante de las agresiones en línea.
Con estos datos en mente, urge pensar: ¿de qué manera alcanzar el bienestar digital?, ¿cómo fomentar el diálogo y la discusión apasionada?, ¿cómo democratizar el acceso a una comunicación no violenta y respetuosa de los derechos?
Estos son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos y esperamos que esta publicación, con las opiniones, sugerencias, recorridos teóricos y empíricos de estas periodistas, especialistas, investigadoras y responsables de organismos internacionales, nos ayude a reflexionar y a actuar.
Hacia una regulación de las plataformas digitales. Como lo evidencian los testimonios aquí expuestos y los constantes reclamos de las audiencias que recibimos en nuestra Defensoría del Público es necesaria una regulación de los medios y las plataformas digitales.
Si bien en nuestro país no existe un ente que regule el funcionamiento de Internet y las plataformas (como sí sucede en otros países), consideramos que es necesario avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas a largo plazo y en el desarrollo de herramientas jurídicas de prevención y protección. Sobre todo, en un contexto como el actual, donde las comunicaciones han dado un giro radical por el auge de las nuevas tecnologías.
Tal como señalan las autoras de esta publicación, es urgente hablar de la prevención de la violencia en línea y establecer pactos entre los gobiernos y las industrias de la tecnología. Es necesario evitar que los datos personales sean explotados y aminorar la presencia de los discursos de odio en las redes, que muchas veces terminan generando violencia física en el mundo real. Es fundamental impulsar el proceso de alfabetización digital e informacional de las mujeres y disidencias para que la brecha digital no sea una más que nos aleje de los derechos.
La Defensoría del Público tiene un firme compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTIQ+. Como parte de esa responsabilidad asumida, elaboramos las “Recomendaciones para el tratamiento mediático de las violencias por motivos de géneros” y las “Recomendaciones para el tratamiento mediático de la participación política de las mujeres, lesbianas, travestis y trans”, para aportar herramientas de trabajo a periodistas y medios.
Esta publicación es resultado de la Conferencia internacional “Violencia digital por razón de género en América Latina. Ataques contra periodistas, políticas, activistas y figuras públicas en las redes sociales”, organizada de forma virtual por la Defensoría del Público el 24 de noviembre de 2021. Agradecemos los valiosos aportes de cada una de las participantes: Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) – OEA; Reem Alsalem, Relatora Especial de Violencia contra la Mujer (ONU); Cecilia Gordano, del Colectivo Cotidiano Mujer de Uruguay; Eliana Quiroz, de la Fundación Internet Bolivia; Fabiola Gutiérrez, de la Corporación Humanas de Chile; Fabiola Calvo Ocampo, de la Red de Periodistas con Visión de Género de Colombia; Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de México, y Zuliana Lainez, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) de Perú.
*Periodista. Defensora del Público.
