Las marchas y contramarchas de Puigdemont no lo eximen de responsabilidad. Pase lo que pase, miles de catalanes se sentirán frustrados. Libertador para unos, sedicioso para otros.
Para unos, era un traidor que “recapacitó” y se convirtió en libertador en pocas horas. Para otros, un sedicioso que quiso romper España. Pero para los que no caigan en la grieta, Carles Puigdemont será simplemente el independentista que dudaba.
Dudó hasta el final. Que sí, que no, que declaro la independencia pero la suspendo, que no hubo una declaración formal, que asistiré al Senado pero mejor no, que no hay garantías para convocar elecciones, que queremos votar un referéndum pero no autonómicas... A estas alturas, nadie ignora cuánto le costó al presidente desplazado de la Generalitat creer en su propio proyecto de independencia.
Tantas dudas tenía que no pidió la palabra en la histórica jornada del Parlament, ante el temor de ser detenido por la Justicia española. Sin embargo, el pecado capital de Puigdemont no fueron sus dudas, sino valerse de las instituciones catalanas para dinamitarlas desde dentro. La implosión tendrá profundas consecuencias económicas y políticas. Cerca de 1.700 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, entre ellas Invacare, dirigida por Ester Puigdemont, prima del president. Pero, sobre todo, una importante porción de la sociedad catalana quedará frustrada. Si el Estado español aplica con éxito el artículo 155, el independentismo enfrentará una amarga derrota y, lo que es aún peor, un sector no reconocerá la legitimidad ni la legalidad de la intervención, ni de las elecciones autonómicas. Sentirán que el sistema los derrotó y que “la resistencia civil” ya no sirve.
Si la policía reprime a ciudadanos catalanes, como el pasado 1º de octubre, algo en España se habrá roto de todas formas. Al independentismo le irá “de coña”, como declaró en 2012 Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que encabeza los sondeos electorales. Rajoy y el Partido Popular también cosecharán millones de votos en el resto de España, tras proclamar la defensa de un Estatuto catalán que en 2006 votó en contra en el Congreso –al igual que Esquerra– y, luego, recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Perderán los que buscaron una solución negociada, como Miquel Iceta y el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que creen en una España federal y plurinacional que incluya a Cataluña. Pero sobre todo sufrirán los catalanes, aquellos que votaron Sí y aquellos que votaron No, porque la fractura social no se superará en los comicios, ni tampoco el impacto económico de la crisis. De eso Puigdemont no debería tener dudas. ¿O sí?
*Subeditor de Internacionales.
