En las últimas semanas, el presidente Macri y su canciller, Malcorra, han puesto el tema ambiental en la agenda del país y lo han hecho casi exclusivamente refiriéndose al cambio climático. Según las palabras recogidas por los medios, la problemática del efecto invernadero se presentó en
Davos en las conversaciones del Presidente con Cameron (primer ministro británico) y el vicepresidente de Estados Unidos, Biden. Algo similar ocurrió cuando la canciller fue a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Allí, el cambio climático ocupó un lugar muy importante en las discusiones, junto con las cuestiones de pobreza y desigualdad. Esta agenda se vio reflejada hacia adentro cuando, al celebrar el Día de los Humedales, Macri afirmó que “el país tiene que ser un importante actor contra el cambio climático”.
Queda entonces claro que la política frente al cambio del clima es la principal prioridad internacional del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. Ahora bien, ¿de qué base parte para esta tarea? El gobierno saliente llevó a la Cumbre de París una propuesta de INDC (Intended Nationally Determined Contribution), con miras a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), necesaria para que la temperatura promedio mundial no aumente más de dos
grados a fines de este siglo respecto de la era preindustrial. Esto es lo que hace falta para evitar efectos catastróficos del clima a nivel mundial. Argentina, al participar, adoptó una posición razonable en la diplomacia del mundo. Así y todo, desafinó un poco en el concierto de las naciones ya que la INDC argentina fue clasificada como insuficiente por los expertos que se dedican a estos temas.
¿A qué se debe esta baja calificación? La INDC presentada implica una reducción del 15% de las emisiones con respecto al escenario que se proyectó que hubiese ocurrido si no se hubiere adoptado ninguna política de mitigación del cambio climático desde 2005 hasta 2030. Y el porcentaje comprometido sube al 30% si se le garantiza al país financiamiento internacional para este tipo de políticas. Detrás del diseño de la meta, como es usual, hay proyecciones de crecimiento de la economía, de los cambios tecnológicos que se espera concretar, así como de las políticas que se planea implementar. Por ejemplo, la prohibición de la venta de lámparas incandescentes o el cambio en las tarifas eléctricas tienen un impacto en el consumo de energía que deviene en menores emisiones de GEI.
Climate Action Tracker (una institución de cuatro organizaciones científicas reconocidas que hacen análisis independientes de las políticas de cambio climático a nivel país) afirmó que el compromiso propuesto por Argentina implica, aun en su faceta más ambiciosa, aumentos de emisiones del 30% con respecto a 2010 y de 85% con respecto a 1990. También dijo que representa poco esfuerzo en relación con lo que ya se venía haciendo y que si todos los países adoptaran este nivel de ambición el calentamiento global llegaría no a dos sino a tres o cuatro grados. El Acuerdo de París, que profundiza la necesidad de medidas de reducción de GEI, estará abierto para la firma a partir del 22 de abril de este año, fecha en la que se hará una reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Al ser ratificado, el país deberá presentar una INDC actualizada. Bergman tiene ese tiempo para trabajar en conjunto con los ministros de Hacienda, Energía, Agricultura, Producción, Transporte, e incluso Salud, en la política nacional de cambio climático. Es, sin dudas, su mayor desafío.
*Profesora en Ucema.
