No escribirá este ombudsman sobre la transición, ni sobre el futuro gabinete ministerial del presidente electo, ni acerca del tratamiento dado a los avatares de la política nacional por los periodistas de este diario. De hecho, el que no haya habido cuestionamientos de los lectores a las posturas de PERFIL y de sus profesionales durante las pasadas semanas lleva a pensar que no hay elementos que justifiquen críticas o elogios en este espacio. Mejor, entonces, el silencio por sobre lo que se está escuchando con voces cautas, gritos destemplados, comentarios ácidos, elogios desmedidos, diatribas y chascarrillos.
El tema será otro, y tiene que ver al menos con tres acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en el mundo de quienes ejercemos este oficio.
El más reciente, durante la sesión del miércoles último en la Cámara de Diputados, que –como sucede cada año al acercarse el cierre de su período de sesiones– aprobó a destajo decenas de proyectos que venían entre dormidos y postergados. Importa, en este caso, uno de ellos: la media sanción del proyecto de Héctor Recalde que modificó el artículo 38 y creó el artículo 38 bis del Estatuto del Periodista. “Los periodistas profesionales podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración y/o difusión de contenidos contrarios a sus convicciones o que ofendan sus principios éticos o morales, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio alguno –plantea para el artículo 38–. Asimismo, podrán solicitar ser relevados de la obligación de firmar la autoría de un contenido cuyo sentido editorial haya sido modificado notablemente o ponga en riesgo su integridad física o moral”. Y agrega: “En el caso de que la afectación por el cambio de línea editorial o por el contenido de determinados artículos violente gravemente la conciencia de la mayoría de los periodistas en una empresa, éstos podrán exigir la difusión en el mismo medio de su posición crítica sobre la cuestión, siempre que haya una voluntad en tal sentido de al menos la mitad más uno de los trabajadores”. Este último párrafo tiene especial significación porque pone en términos taxativos lo que de hecho sucedió –segundo tema de esta columna– a comienzos de semana, con el editorial del diario La Nación, cuyo contenido indignó y fue rechazado masivamente por los periodistas de ese medio (foto) y de otros. En cuanto al artículo 38 bis, flamante, establece: “Los periodistas profesionales tienen derecho a considerarse en situación de despido indirecto en los siguientes supuestos: a) Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica-editorial. b) Cuando sean trasladados por su empleador a otro medio del mismo grupo empresario que por su género o línea suponga una ruptura evidente con la orientación profesional del periodista o del medio en el que prestaba servicios. c) Cuando hubiese sido objeto de presiones o intimidaciones para modificar el contenido de su trabajo, para utilizar métodos de obtención de información contrarios a sus principios éticos o para violar el secreto de la fuente de información. d) Cuando sin su consentimiento se inserte o retire su firma o autoría o cuando se atribuyere la autoría de un trabajo propio a otro”.
Se trata de un interesante instrumento para limitar –mediante la llamada “cláusula de conciencia”– eventuales abusos en los que algunas veces incurren empresas periodísticas o medios dependientes del Estado. Falta, aún, la aprobación por los senadores y la promulgación.
Expuestos dos de los hechos –que implican un protagonismo importante y elogiable de parte de quienes ejercemos este oficio en la Argentina–, queda por vincular ambos con lo ocurrido a comienzos de noviembre en España, más precisamente en el diario El País de Madrid, propiedad del Grupo Prisa (que en la Argentina controla Radio Continental, por ejemplo). Uno de sus columnistas veteranos, Miguel Angel Aguilar –agudo analista político– fue despedido sin templanza por el períodico y no por los contenidos de sus textos sino por sus dichos en un reportaje concedido a The New York Times en el que dijo textualmente: “Trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista español. Pero ahora hay algunos periodistas tan desesperados que se están marchando del diario, a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura”. He ahí una situación que se presta para la polémica: ¿tiene derecho un periodista a criticar en otro medio lo que entiende que ocurre en el suyo, haciendo pública una situación personal que lo involucra? Legalmente, es seguro que la razón está del lado del empleador, pero no vendría mal, considerando lo ocurrido y su trascendencia popular, que también esto fuese legislado para dar claridad a situaciones como la descripta.
