Si hay un feriado sagrado en el calendario argentino, es el 1° de mayo. La grata costumbre de los saludos y felicitaciones, que, como tantas otras, se va tiñendo de nostalgia porque el mercado laboral fue cambiando mucho en el último medio siglo y el concepto de “trabajar en” o “para” va perdiendo su carácter unánime.
Una radiografía pre-pandemia nos ofrece que un tercio de la población económicamente activa realizar tareas en el sector privado bajo modalidades de contratación por la ley de contrato de trabajo y las respectivas cláusulas que cada negociación paritaria por gremio vaya concertando. Otro tercio, desarrolla sus actividades en el amplio espectro del Estado en sus tres niveles (nacional, provincial o municipal) o en dependencias autónomas, como agencias federales, universidades públicas o entes autárquicos. Y otro tanto, figura en el campo del cuentapropismo o mercado informal, en el que convergen desde los profesionales autónomos, los monotributistas y los trabajadores de la economía social, incluyendo, por supuesto a aquellos que hacen changas en un mercado absolutamente informal.
La tasa de empleo hace un año (medida en el último trimestre de 2019) era de 43% y bajó casi 3 puntos para la del cuarto trimestre de 2020. O sea, el primer efecto coyuntural de la pandemia fue el de desalentar la búsqueda de trabajo en casi el 5% de la fuerza laboral. El otro fue el de afectar al eslabón más endeble de la cadena productiva: actividades que desaparecieron o que prescindieron de la contratación de personas sin más defensa que la relación que hayan podido. Se calcula que durante las cuarentenas del año pasado se cayeron casi el 20% de los puestos de trabajo que se recuperaron con la apertura de las actividades a partir de julio. Para el primer trimestre de este año se habían recuperado casi el 90% de los puestos hundidos y casi todos en el segmento formal. Así el desempleo no sufrió tanto como la caída de actividad: subió de 10% a 11%, según el INDEC, pero sobre un nivel de empleo más bajo. Es probable que el gran impacto en la actividad del año pasado haya tomado como variable de ajuste el salario real y el empleo informal. Y que, como ocurrió en otras grandes crisis, la caída en los indicadores laborales se produce mucho más rápido que su recuperación. Y sobre todo en los dos niveles que por su endeblez institucional o su vulnerabilidad económica asimilan los golpes de una economía muy volátil: las Pymes y los informales, que son las que sostienen la mayor parte de la estructura laboral privada.
Entre las restricciones recientes a la movilidad para las próximas tres semanas, figura la de las grandes obras de construcción, contradiciendo las instrucciones del año pasado. Pero el tema, lejos de ser anecdótico reconoce dos factores: que el Estado no puede controlar la cantidad de obras particulares en las que se mueve el mercado informal y que no puede poner la misma vara a uno y otro segmento de la producción. Un baño de realismo que está ausente de casi toda la legislación laboral argentina: salvo en el caso del trabajo en casas particulares, que tiene un régimen simplificado, el resto comparte paritarias con las grandes multinacionales. Un club de barrio tiene el mismo convenio que uno de los grandes del fútbol argentino; un hogar con fines sociales, se rige por idénticas cláusulas que un gran country cinco estrellas. Incluso para el comercio existe el régimen fiscal del monotributo para diferenciar al kiosco de las grandes superficies.
Con una pobreza que alcanzó 42% en todo el país y 44% en el Gran Buenos Aires, sólo considerando la variable de ingresos (como lo mide el INDEC), la variable clave para torcer la historia en el mediano plazo es la calidad del empleo. Sin ello, la arquitectura de auxilio social sólo amortiguará la situación de indigencia, pero irá ampliando en cada crisis, la proporción de personas por debajo de la línea de la pobreza. El día después de las elecciones debería enfocarse en arribar a un consenso para construir una estructura económica más amigable con la generación de puestos de trabajo formales. Una hipoteca social que llevará tiempo en amortizarse, pero que algún día debería comenzar a replantearse para escapar al círculo vicioso de la caída de la inversión productiva y del empleo, la precarización, fuerte carga impositiva al trabajo, bajos salarios y fragmentación laboral.
No se trata de una legislación en particular sino de la que sea realmente efectiva y sostenible.
