El domingo pasado en 50/50, Clara Fernández Escudero escribió sobre las trabajadoras de casas particulares y su remuneración. La nota muestra un trabajo sobre la situación de estas trabajadoras en el país que realizó ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género). En momentos en que se habla insistentemente del reconocimiento de las tareas de cuidado y se plantea adoptar políticas públicas, el tema está en la agenda, especialmente de las políticas laborales sobre la inserción laboral de las mujeres, más después que la pandemia lo evidenció.
Si bien tenemos la ley que regula el trabajo para el personal de casas particulares desde 2013, que abarca la gran mayoría de ellos, porque no solo se refiere a las tareas domésticas, sino también a cuidadoras de niñez, de personas ancianas y con limitaciones, se la conoce principalmente relacionada a las tareas domésticas. Como señala ELA, el 99,3% de estos trabajadores son mujeres y representan casi una de cada cinco mujeres ocupadas. Ellas también son jefas de hogar: una de cada dos y el 87% tienen a su cargo hijos menores de 18 años. O sea, ellas también tienen familia y deben ocuparse de eso en sus casas. Si bien la ley existe, el porcentaje de mujeres cubiertas por esa ley es bajo, no llega al 30%.
Una de cada tres trabaja en la informalidad y esto significa que no tienen medidas de protección, que se notan cuando se enferman ella o alguno de sus hijos o se embarazan y no pueden percibir los ingresos ni la cobertura de la atención de su salud o la de sus dependientes durante el período de maternidad o enfermedad; o cuando llegan a la edad jubilatoria y no pueden jubilarse, entonces si no pueden continuar trabajando dependen de su familia o del Estado o pasan a ser mujeres en situación de calle. Algo que debemos agregar: la falta de políticas públicas sobre estos trabajos limitan a muchas mujeres en su participación laboral restringiéndolas a trabajos de menos horas, en áreas de poca productividad y con salarios menores.
Analicemos por qué existe la dificultad de reconocer estas tareas como trabajo e incluso cómo persiste la denominación de “tareas” y no trabajo como correspondería. La valoración cultural que los cuidados desde las tareas domésticas como el lavado de platos, el lavado y planchado de la ropa, la limpieza de la casa y muy especialmente del baño y la cocina y también el cuidado o la crianza de los niños, niñas y adolescentes, o de los enfermos, ancianos y discapacitados, han sido y siguen siendo consideradas que deben realizar las mujeres.
Esos valores culturales son los que continúan e impiden que los hombres los asuman porque eso implica una disminución de su masculinidad. En nuestra sociedad si los hombres lavan los platos o piden licencias para cuidar hijos enfermos o ancianos son mirados como poco viriles y eso que les cuestiona la sociedad los inhibe ya que no quieren ser vistos como menos “varones”.
Esto se retroalimenta en la medida que esas tareas no se consideran trabajo en términos económicos. Si bien la medición económica de los trabajos domésticos y otros de cuidado en distintos países e incluso el nuestro se realizan desde hace años, aún no perforaron ni cambiaron los patrones culturales.
Desde la creación a fines del 2019 de la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, se realiza la evaluación del peso de estos trabajos en términos económicos, pero aún las instituciones gubernamentales siguen hablando de “tareas”. No quienes trabajan sobre el tema, pero de allí a generalizar falta un largo camino, en este caso como en tantos otros el lenguaje es clave. Pocas amas de casa se refieren a las tareas domésticas que realizan como “trabajo”, mientras que quienes lo hacen en forma remunerada no dudan en considerarse trabajadoras, pero pocas reconocen sus derechos aún y menos sus empleadores. Por eso la concientización es fundamental y debe abarcar a todos: el Gobierno y la sociedad. Empecemos por hablar de trabajos de cuidados.
